Urgente: se necesita una tercería

Si no hay quien les salga al paso, por lo visto, la suerte del país va a continuar en las manos de los políticos que no le sirven. La mayoría votante, marcada por el suceso de la negociación con la guerrilla, de nuevo se limitará a escoger entre estos.  Es lo que pinta la campaña que por acción y gracia de esos políticos, incluidos los que están en el gobierno, ya arrancó. Sin importar que hayan transcurrido apenas dos años y cinco meses del cuatrienio. Lo que significa que de aquí en adelante cualquier acción del ejecutivo no se realizará para gobernar sino para ganar la próxima elección. Una más de las consecuencias negativas del capricho de uno de esos políticos por implantar la reelección presidencial. Esta sola circunstancia es elocuente sobre la calidad de nuestros llamados hombres públicos. No es el país lo que les importa.  Hay quienes hablan de la feria de 50 billones de pesos de los que dispondrá el gobierno (parte para contratación de obras que ya deberían estar construidas y parte gracias a su poder coadministrador en el gasto de las regalías) para no dejarse ganar la Presidencia de su antiguo tutor y ahora enconado enemigo. Enfrentados por la guerra y la paz y algunas trastadas personales, pero nunca por el fondo que encarna el modelo económico, los dos se quiñan en fidelidad al falso ilusionismo del neoliberalismo. Cosa que tampoco es lo que le sirve realmente al país: la guerra y la verdadera paz están atadas a la continuidad de ese modelo.  La ‘libertad negativa’ (sintetizando a varios autores: actuar sin restricciones de otros) que encarna el libre mercado es una libertad para dominar; por lo tanto tiene que arrasar con derechos; y sin derechos no hay democracia. De ahí que desprecie los roles de reglamentación, regulación, vigilancia y control, que por definición debe ejercer el Estado. Por particularidades como estas, esa forma de economía no es la que le sirve a la sociedad, y es la que defienden en coro los dos bandos en contienda.Olvidan que el precio de la convivencia en sociedad es la limitación de la libertad individual. Omiten que lo contrario genera conflicto y violencia.Ellos, simplemente se saltan esos principios.  Pero en nuestra particular Colombia, a la mayoría, ilustrada y no ilustrada, nada de esto parece determinarle su voto. En las mediciones de opinión las preferencias se reparten entre estas dos opciones. Hay que repetirlo; decidir únicamente entre ellas no es lo que le sirve al país.  En medio de la bobería y el marasmo, ya es hora de que surja otra opción política que encarne los intereses del ciudadano común. Las redes sociales, por ejemplo, como ya se ha dicho en anteriores entregas de esta columna, tienen la oportunidad de convocar la fuerza que congregue a tanto poseedor de conocimiento calificado, que circula entre la academia y el anonimato, y que bien podría vincularse políticamente a la sociedad.  Enseñanzas están sobre la mesa, puestas por académicos respetados y eminentes como el recién desaparecido Guillermo Hoyos y otros como Óscar Mejía Quintana. La defensa real del interés general debe ser la base de esa nueva fuerza. Y esa defensa se concreta en obras sabias como la del filósofo alemán Jürgen Habermas, trabajadas en nuestra academia por Hoyos y Mejía.  En este contexto, la marcada influencia de intereses particulares en la elaboración de nuestras leyes, prueba de la traición de nuestros congresistas al bien común y a la democracia representativa, confirma la necesidad urgente de legitimarlas. No basta con expedirlas. Sintetizando a Habermas, para que sean legítimas se requiere que en su configuración participen miembros de la sociedad de manera racional, justa y argumentada. El acuerdo  entre los ciudadanos en torno al contenido de la ley es lo que la legitima (no como ocurre con muchas intervenciones ciudadanas que por mandato constitucional tienen lugar en las audiencias públicas que hoy hacen parte del proceso legislativo. Individuos toman parte, pero al final sus aportes tienen poca o ninguna incidencia en lo que se aprueba).  Ese solo propósito podría marcar la pauta de un cambio profundo en la vida de nuestra sociedad. Eso sí le sirve al país. Si las normas son consensuadas, ningún poder podrá imponerse sobre el interés colectivo. Planteamientos de ese tenor deben constituir la plataforma de esa nueva fuerza política.  Otra sería la condición de vida de los ciudadanos si fueran puestas bajo procesos de legitimación, leyes como el Estatuto Orgánico Financiero, el Código Minero, los marcos normativos de salud y educación, la ley de servicios públicos, la ley de telefonía móvil, entre otras.  Esa nueva fuerza debe rescatar la razón de ser del Estado, dotándolo de una institucionalidad fuerte: superintendencias efectivas; capacidad y compromiso real de intervención, vigilancia y control; agencias competentes.  Material suficiente hay para iluminar su estructuración y su camino. A ver si la gente formada que no aparece en público se integra a ese propósito. Con los protagonistas de los poderes establecidos no es la cosa.