La crisis institucional en Cali se manifiesta de manera alarmante a través de la violencia contra la mujer, una problemática que no solo persiste, sino que se ha convertido en un monstruo alimentado por el silencio permisivo frente al acoso sexual y la indiferencia institucional. Antes de entrar en el análisis de la situación, es crucial examinar algunas cifras reveladoras. Según el informe del Observatorio de Seguridad de Cali en 2023, se registraron 8,232 casos de violencia contra la mujer en la ciudad, representando un preocupante aumento del 10% en comparación con 2022. La tasa de incidencia de violencia contra la mujer se sitúa en 6,3 casos por cada 100,000 mujeres, superando la tasa nacional que fue de 5,9 casos por cada 100,000 mujeres en el mismo período. Pero, más allá de estas estadísticas, se devela una realidad aún más grave que se gesta en los pasillos del poder municipal de Cali.
El reciente escándalo que involucra al Secretario de Cultura de Cali en un abuso sexual no es un incidente aislado; es un llamado desgarrador que ha expuesto la depravación sistémica y la complicidad institucional. Analicemos este caso en particular, una denuncia de violencia sexual presentada el 20 de septiembre de 2023. Tres meses después, el sistema de justicia parece inerte, y un mutismo absoluto envuelve el caso.
Este caso no solo es indignante por sí mismo, sino que también afecta la credibilidad de toda la institucionalidad caleña. Lo que está detrás, es una cultura del acoso sexual que está presente en los espacios de poder de la Alcaldía de Cali, donde estoy seguro el propio Alcalde de Cali ha debido escuchar o ver. Es un rumor presente de cómo las mujeres contratistas de diferentes entidades del municipio se ven obligadas a soportar los acosos sexuales de sus superiores, perpetuando un ciclo de abusos que ahora debemos debatir públicamente. La cultura del acoso sexual florece en la penumbra, como un parásito que se alimenta del temor y la vulnerabilidad económica de las mujeres contratistas y servidoras incluso.
He dialogado con diversas mujeres contratistas de diferentes entidades municipales que indican que el acoso sexual y la falta de respeto hacia ellas por su condición de mujer, son problemas arraigados en el municipio de Cali. El Centro Administrativo Municipal -CAM- se ha convertido en un escenario de favores y presiones sexuales, involucrando a secretarios y jerárquicos de distintas dependencias, e incluso a órganos de control. Debo también indicar que dialogue con ex-secretarios del actual gobierno de Cali, donde me manifestaron lo mismo. Es solo ver las muchas denuncias de acoso sexual contra la Alcaldía de Cali, en la red social X.
Este escándalo representa solo la punta del iceberg, y el foco principal de la discusión debe centrarse en la tolerancia y la flagrante violación de los derechos de las mujeres por parte de las propias entidades del municipio. A pesar de tener conocimiento de esta situación, las autoridades han permanecido inactivas, incluso pasando por la responsabilidad del Alcalde de Cali. Nos enfrentamos a uno de los escándalos más vergonzosos de la historia reciente de la ciudad.
A todo lo anterior, debemos anexar la inacción de las instituciones encargadas de proteger a las mujeres, especialmente de la Personería de Cali, frente a la denuncia de abuso sexual del Secretario de Cultura, añade otro escenario de horror. La Ley 1257 de 2008, destinada a ser un camino claro de protección, la cual obliga a todos los Personeros en Colombia a activar la ruta de protección en caso de recibir una denuncia de una mujer sujeto de protección especial, incluso si la víctima manifiesta que no quiere hacerlo. La respuesta dada por el Personero de Cali, que según él acató la voluntad de la víctima de no proseguir, no es solo una omisión; es una rendición cómplice ante un deber legal.
Así mismo, indicó que abrieron un proceso disciplinario el cual ha sido lento, sin mayores acciones. La Personería de Cali, en lugar de ser la voz que clama justicia, se transforma en un eco al vacío. A pesar de la gravedad del caso, en tres meses no ha realizado ninguna actuación relevante. Quedó varado en un limbo burocrático, que contradice la celeridad con la que se atienden casos de menor trascendencia a otros funcionarios de menor jerarquía. Esta omisión, o mejor dicho, este encubrimiento, expone eventualmente un grado de complicidad inaceptable.
Este hecho pone de manifiesto la falta de preparación y el desdén de las instituciones frente a los casos de violencia sexual contra las mujeres en la propia institucionalidad caleña. El caso del Secretario de Cultura de Cali no debe limitarse a ser un mero titular en las noticias; más bien, debe convertirse como un clamor dirigido a las autoridades y la sociedad civil. Es necesario que nos levantemos contra esta zona que amenaza con sumir en la oscuridad la esperanza y la dignidad de las mujeres en Cali.
La urgencia de abordar no solo el escándalo, sino también la cultura institucional que permite que tales abusos persistan en las sombras, es apremiante para evitar que esta cultura sexual continúe, y es acá donde el nuevo gobierno de Eder tiene una oportunidad de cambio con una nueva narrativa y de acciones de respeto por las mujeres.
