A diferencia de las autoridades, los ciudadanos tenemos un recurso muy preciado, el tiempo. Tiempo para recoger y analizar la información, formar una posición basada en criterios y no en prejuicios o emociones. Sin embargo, mientras escribo esta columna se destilan millones de mensajes de odio contra aquellos que piensan diferente, menoscabando uno de los principios fundamentales de una democracia, la fraternidad.
También sufrí el abuso de unos policías cuando era más joven, en una riña dentro de un establecimiento (comportamiento reprochable por el cual me disculpo) me redujeron siendo menor de edad, me pedían sobornos a cambio de dejarme libre y me llevaron a la UPJ donde me soltaron precisamente porque su proceder fue y sigue siendo ilegal, me golpearon varias veces por decirles que respetaran el uniforme. Cuento esta anécdota porque vengo de una familia con profunda tradición militar, la cuento porque todos somos vulnerables a este tipo de abusos.
La reacción de indignación es natural y legítima mediante la protesta social que además es una demostración esencial de garantía de derechos, derechos que no son absolutos y bajo ninguna circunstancia pueden pasar por encima de terceros. No pueden robarse un bus y atropellar a una señora, no pueden quemar buses pagados con los impuestos ciudadanos quitándole el derecho al trabajo a miles, mucho menos vandalizar bienes públicos y atentar contra la vida de policías inocentes. Los policías tampoco pueden abrir fuego contra la ciudadanía indiscriminadamente.
Las pretensiones populistas e inconstitucionales como desarmar la policía, reducir el pie de fuerza o quitarles presupuesto no solo los expondría más a la delincuencia, sino que aumentaría de manera dramática la inseguridad ciudadana. Pero hay temas que si se deben revisar, el primero es definir si la jefatura de policía debe seguir a cargo de los alcaldes, de ser así, jerárquicamente deberían dejar de responder al gobierno. Para dar ese paso se debe suscribir la policía al Ministerio del Interior y convertirla en un cuerpo civil, esto no es posible porque la guerra contrainsurgente lamentablemente no ha terminado y la Policía ha sido un aliado fundamental de nuestras Fuerzas Militares. En segundo lugar se deben revisar los protocolos de entrenamiento, como tercer punto, se debe evaluar el fuero de algunos agentes, no es lo mismo combatir en las montañas y selvas de Colombia que ser patrullero en un casco urbano. Por último, la más práctica: Pongan cámaras en las solapas de los uniformes de policía y en los CAI, vigilan el proceder de los agentes y mejoran la inteligencia.
Pero todas estas reformas deben ir acompañadas de un fortalecimiento institucional, con mejores en tecnología y entrenamiento, con mejores canales de comunicación con la ciudadanía, herramientas para mejorar inteligencia y contrainteligencia, un aumento del pie de fuerza de por los menos 8 mil efectivos solo en Bogotá con ayuda del gobierno nacional para cumplir con los estándares internacionales de seguridad de la ONU.
En el acuerdo con las FARC en el punto 2.2.2 se establece que los disturbios se trataran con civilidad, institucionalizando el vandalismo y las vías de hecho, sin tener consideración alguna por los derechos de terceros al trabajo y a la libre circulación. Esa civilidad no puede perjudicar el ejercicio legítimo de autoridad del Estado, lo que algunos no han ganado en la urnas lo quieren ganar en las calles y han propuesto incluso desmontar el ESMAD, cuya misión es precisamente controlar los disturbios, de lo contrario, el ejercicio del derecho a la protesta se convertiría en un modo sistemático de actividad política, haciendo imposible la convivencia social, el diálogo y generando grandes pérdidas económicas para la sociedad.
No nos podemos dejar imponer la agenda por actos de violencia organizada que esperan un detonante para alimentarse de la indignación. Lo que sí debemos hacer es tender puentes para buscar soluciones directamente con la ciudadanía. Del caos y la rabia ya sabemos que líderes se benefician. Me preocupa el discurso radical y la superficialidad de los argumentos, la desconfianza entre los líderes y la división de la ciudadanía, uno de los acuerdos sobre lo fundamental es cumplir con nuestro ordenamiento jurídico, a partir de eso podemos construir un país que busque un desarrollo robusto. Porque sin pan en la mesa, jamás tendremos una paz verdadera.
