Para la población LGBTI el derecho a la vida e integridad, su bienestar social y reconocimiento hacen parte de los de las garantías elementales más exigidas, en consecuencia, como parte nuestro ejercicio de control político y en el marco del cierre de la administración distrital de Claudia López, hacemos observaciones sobre estos puntos fundamentales de la política LGBTI.
En ese sentido, queremos dejar en evidencia el tipo de cumplimiento que se ha hecho en dos grandes carteras que son las garantes y puertas de acceso a diferentes servicios y derechos de la población en los territorios: sector Gobierno (Secretaría de Gobierno y alcaldías locales) con la medidas de protección a la vida y seguridad e implementación de la Directiva 005 de 2021 de empleo trans, y el sector de Integración Social con el apoyo económico a población vulnerable LGBTI y cedulación Trans.
Sector Gobierno
En seguimiento a la Política LGBTI, se solicitó a la Secretaría de Gobierno que informara cuántas personas han sido atendidas por la Casa Refugio en el último cuatrienio, para revisar la capacidad de una de las principales herramientas que tiene la Política LGBTI de Bogotá para la protección de los derechos humanos de esta población. En el reporte entregado se evidencia una contradicción entre la cantidad de personas atendidas por esta estrategia y los casos atendidos por violaciones a derechos humanos en Bogotá, reportados tanto por la Defensoría del Pueblo como por la organización Caribe Afirmativo (autoridad en esta materia), como se puede evidenciar a continuación:
La Defensoría del Pueblo en su informe de 2022 “Una Radiografía del Prejuicio” informe anual 2022 de derecho Humanos de personas con OSIDGD – LGBTI y Balance de la Política Pública Nacional 2019 – 2022 en Colombia” indica que “los departamentos donde las duplas de género orientaron el mayor número de casos fueron Valle del Cauca, Bogotá, Caldas, Norte de Santander, Cauca y Boyacá”.
Bogotá cuenta con 62 casos, según este organismo, destacándose los de violencia psicológica y violencia física, especialmente hacia mujeres trans y hombres gay, pues se reportan, por ejemplo, 4 casos de amenazas contra liderazgos, 2 asesinatos y 11 casos de personas víctimas del conflicto armado.
Por su parte, la organización Caribe Afirmativo, en su documento “No se mata lo que no se olvida: informe de la situación de derechos humanos de personas LGBTIQ+ en Colombia 2022” reporta para Bogotá: 9 casos de homicidios / feminicidios, 38 casos de violencia policial, 980 casos de amenazas, así como 651 casos de discriminación y hostigamiento, para un total de 1678 casos en la ciudad.
En cualquiera de los dos informes mencionados, extraídos de fuentes confiables sobre la situación de derechos humanos de la población LGBTI, se evidencia que la situación de derechos humanos en la capital no es nada fácil y que, al valorar esta información y la cantidad de casos acogidos por la herramienta Casa Refugio, no se compadece la problemática con la atención.
La anterior situación ya había sido denunciada por organizaciones sociales, consejeros LGBTI y activistas que han manifestado quejas sobre el declive del espacio y de la inactividad de la Secretaría de Gobierno, no solo en cuanto a la atención a los casos concretos sino también en torno a la prevención pues los niveles de violencia son altos y las atenciones muy bajas. Para 2023 tan solo hay un reporte de 4 casos y, desafortunadamente, teniendo en cuenta las tendencias documentas por las otras fuentes, no creemos que la violencia haya desaparecido, sino que, por el contrario, se ha mimetizado y la respuesta institucional cada día es más negligente para prevenir, identificar y proteger.
Por lo tanto, las actuaciones del Distrito son negligentes para prevenir, identificar, atender, reparar e impulsar la vida de personas LGBTI víctimas de violencia o han sido negligentes frente a estos casos, la Administración cuenta con los recursos económicos que se aprueban anualmente, más el recurso humano y la capacidad institucional, pero al parecer, no opera, según los resultados que se evidencian.
En derecho de petición y luego de una tutela interpuesta en contra de la Secretaría de Gobierno, para que se nos informara cuántos recursos invirtió en la Casa Refugio en el periodo de la actual Administración, se indica que han sido $656.381.890 destinados a la estrategia Casa Refugio LGBTI, de mayo de 2020 a julio de 2023. Es decir $656 millones para atender 96 personas, con una tendencia a la baja en atenciones, pero un gasto constante y casos crecientes en la ciudad, en concordancia con la información obtenida por los informes de las organizaciones y entidades que contrastan con los del Distrito.
También indagamos sobre la aplicación de la Directiva 005 de 2021 sobre inclusión laboral trans en el Distrito, con la cual se promueve, en primera medida, el empleo a través de “nombramiento en carácter de provisionalidad o de carácter temporal (…) y a través de contratos de prestación de servicios (…) en cumplimiento de los principios que definen este tipo de contratación”.
Como resultado de esta consulta, la Administración informa de la contratación de 20 personas en las alcaldías locales, en donde solo una de estas tiene un nombramiento en la modalidad de provisionalidad (esto es, con pago de prestaciones sociales y seguridad social) y las 19 personas restantes a través de Órdenes de Prestación de Servicios (OPS), tipo de vínculo contractual que debe ser excepcional y no la regla general como se denota. Esto, teniendo en cuenta que la misma directiva hace una salvedad relacionada con el uso de este tipo de contratos, sin embargo, se pudo identificar, con la revisión de funciones de estas 19 contrataciones en alcaldías locales, que las OPS son usadas, incluso, para actividades misionales y propias del qué hacer de la entidad, situación contraria al espíritu de este tipo de vinculación y una burla a la contratación laboral digna.
Lo que se logra con la contratación inadecuada a través de las OPS es precarizar la condición laboral de las personas cuando están sometidas a actividades permanentes y propias de los empleados de la entidad, pero sin ninguna estabilidad ni reconocimiento de sus derechos laborales. Si bien se puede entender esta medida como una apertura a la inclusión en el trabajo de una población ampliamente marginada laboralmente, esto se debe hacer en cumplimiento real de la Directiva 005 del 2021 y como forma de avance hacia la mejora de sus condiciones de vida y no simplemente como una cifra para dar cuenta de una acción afirmativa de carácter laboral y decir “cumplimos”, pues se estaría en contradicción con su objetivo.
Sumado a la anterior situación, las localidades de Puente Aranda, Sumapaz, Antonio Nariño y Tunjuelito no reportaron ningún tipo de vinculación laboral, temporal ni de contrato de prestación de servicio, al igual que Los Mártires, Kennedy y Santa Fe, localidades en donde se han identificado personas trans en vulnerabilidad social y económica.
Integración Social
Por otra parte, hemos hecho seguimiento a la Secretaría de Integración Social sobre sus acciones en función de los derechos de la población LGBTI más vulnerable, ya que es la entidad que mayores recursos tiene para atenderles, pero, como lo hemos evidenciado en anteriores reportes, debates y denuncias, no ha sido la institución más eficiente para ello.
Ahora bien, queremos hacer referencia a dos metas que son la puerta de entrada para garantizar el mínimo de acceso a alimentación en casos de emergencia y a la identidad ciudadana para poder acceder a derechos y servicios.
En primera medida, se estableció el indicador de “Beneficiar a 7.164 personas de los sectores LGBTI identificadas en vulnerabilidad con apoyos económicos para la ampliación de capacidades”, sin embargo, a corte del 30 de septiembre de 2023, solo se han atendido 1.572 personas en atención de bonos multicolor, cuando se supone que existen poblaciones y sus redes familiares en condiciones de alta vulnerabilidad, tal como se ha indicado en diversos informes de pobreza, donde se han señalado diversos trabajos y actividades para que estas personas realizan para garantizar su subsistencia al no contar con condiciones básicas de alimentación y estadía. La Secretaría de Integración Social tiene una meta de 16.000 personas de los sectores LGBTI a atender, sin embargo, sus reportes son poco claros, pues no se identifican usuarios únicos y pueden reportar a una misma persona en múltiples servicios, lo que no es transparente con la cantidad de personas realmente beneficiadas.
Otra meta a tener en cuenta es la de “Acompañar a 680 personas Transgénero identificadas, para los trámites de ajuste y actualización de sus documentos de identidad conforme a sus construcciones identitarias y que aporten a la disminución de barreras de acceso para las oportunidades laborales” por medio del conocido proceso “El chuchú de la cédula”. Para ello en 2022 se identificó a 122 personas, por parte de la Secretaría y un operador escogido para este fin, no obstante, no se pudo proceder a hacer los cambios de cédula debido a los procesos que no se contemplaron en la planeación de este servicio, lo que derivó en la frustración de este beneficio, con resultados en cero.
Para el año 2023 se programó la ejecución de $169.698.000 y solo hasta el mes de septiembre de 2023 se suscribió un nuevo contrato para adelantar este procedimiento con un total de 75 personas identificadas que cuentan con la documentación necesaria para iniciar el proceso de corrección en el componente nombre y/o sexo en su documento de identificación personal. En total, a la fecha se benefician 75 personas de una meta de 680 proyectadas, lo que ha demostrado falta de gestión y compromiso con el proceso de cedulación que es, como se ha indicado, la puerta de entrada a servicios y derechos de la población trans, tanto para el sector público como el sector privado y uno de los principales motivos de discriminación formal.
Como se puede valorar, en el cumplimiento de metas de Política LGBTI se ha podido avanzar en diversos sectores y temas de la Administración Distrital, pero también es importante señalar que en los aspectos mencionados existe un exceso de formalismo y falta de veracidad en la información. No es cierto que haya disminuido la violencia contra las personas LGBTI en Bogotá o que se esté ateniendo mejor, como tampoco es demostrable que se estén transformando vidas trans con empleos reales. Los contratos de prestación de servicios representan, más bien, precarización de los derechos laborales y no se puede señalar que hay dignificación laboral por este tipo de vinculación para suplir la exigencia vigente de “Cupo Laboral TRANS REAL ya”. A su vez, indicar que ya existe un derecho que aún no está conquistado como el derecho a la identidad es una quimera en la realidad práctica, no basta con ser nombrados en discursos con “el”, “ella” o “elle” sin que esto se corresponda a la realidad objetiva de un documento de identidad con el cual se pueda acceder a un trabajo o un servicio.
En conclusión, el balance de la Política LGBTI y sus principales acciones en los sectores de la administración que tienen un papel relevante debe comenzar con la objetividad, la transparencia y el debate adecuado para que, de cara a una nueva Administración, las acciones a desarrollar correspondan a necesidades reales y no al posible continuismo de cosas que no funcionan o no existen y con esto, perpetuar deudas en derechos no resueltos para la población diversa de Bogotá.
