Para hacer de Colombia un Estado austero en burocracia pero generoso con quienes lo necesitan, un país más justo, una nación más comprometida con el cuidado del medio ambiente, el Centro Democrático lidera una iniciativa ciudadana que busca someter a referendo un proyecto de reforma de la Constitución Política. Bienestar, justicia y naturaleza son las palabras claves de esta apuesta por Colombia.
Bienestar. La aprobación del referendo nos permitirá asegurar que los recursos públicos se concentren en política social y la generación de bienestar, no en derroche. Para profundizar la oferta social del Estado -Colombia Mayor, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario, entrega de un Bono Pensional a los recién nacidos de hogares vulnerables etc.- se apoyará económicamente a los más necesitados para que ninguna persona esté por debajo de la línea de pobreza monetaria. A fin de alcanzar este cometido en un período de dificultades económicas post-pandemia, los gastos del Estado en nómina y funcionamiento deben congelarse en términos reales durante seis años. Como los colombianos no están más ni mejor representados por un Congreso grande, pero un Congreso con un número exagerado de integrantes sí equivale al despilfarro de recursos públicos en burocracia, invitamos a los conciudadanos a respaldar su reducción en un 30%. No creemos en el Estado derrochador: creemos en el Estado social.
Gracias a estos ahorros y a la eliminación de ineficiencias, el Estado podrá garantizar el acceso universal a la educación a través de instituciones oficiales, privadas, mixtas o solidarias. Si los establecimientos educativos son públicos, privados o mixtos es secundario para los ciudadanos. Lo relevante es que todos los colombianos tengamos acceso a la educación y que la educación que recibamos sea de calidad. Si un colombiano no puede ingresar a un establecimiento público y su familia no tiene los medios para pagar uno privado, el Estado financiará su educación. La educación no es un gasto sino una inversión. Más y mejor educación es sinónimo i) de ciudadanos con más conocimiento y más cultura democrática, ii) de mayor innovación para hacer al país más competitivo y más productivo, iii) de una sociedad más tolerante, más pacífica, más civilizada. Creemos en focalizar, es decir, en concentrar los subsidios y beneficios similares en quienes de verdad los necesitan.
Y para enfrentar el problema del consumo de droga, generador de violencia y destructor de la vida, el Estado podrá, desde un enfoque de salud pública, ordenar el decomiso de sustancias ilegales. Consumir drogas o cualquier otra sustancia que afecte la integridad psíquica y física del individuo nada tiene que ver con desarrollar libremente la personalidad. Todo lo contrario: la persona altera su conducta, pierde la voluntad consciente y se aliena.
Justicia. Para evitar la politización de la administración de justicia, profundizar la profesionalización de funcionarios judiciales, hacer más eficiente el gasto, enaltecer a las altas cortes, dar seguridad jurídica, unificar la jurisprudencia y evitar el choque de trenes, proponemos que Colombia solo tenga una o, máximo, dos altas cortes sin funciones electorales. A fin de juzgar a los altos funcionarios del Estado, se crearía un Tribunal de Aforados. Los colombianos, además, deben tener la posibilidad de decidir si desean darle continuidad a la Jurisdicción Especial para la Paz o, en contraste, derogarla o reformarla profundamente, habida cuenta que es una institución espuria, parcializada, clientelista e ineficiente: instrumento para que Santos obtuviera un premio Nobel hoy cuestionado, no para que Colombia viera la paz y la justicia verdaderas. La eventual reforma no incluiría el retiro de beneficios penales, pero sí comprendería medidas para tratar con justicia a la Fuerza Pública (que se cree una institución especial para militares, libertad condicional para quienes hayan cometido delitos antes del 1° de diciembre de 2016 y hayan cumplido 5 años de privación de libertad, salvo crímenes graves). El homicidio contra líderes sociales debe considerarse homicidio agravado y sus responsables no deberían obtener beneficios penitenciarios. Finalmente, los perpetradores de delitos de lesa humanidad no podrían participar en política.
Naturaleza. Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y proteger la naturaleza y combatir, mitigar y adaptarnos al cambio climático son imperativos legales y éticos globales. Este desafío trasciende cualquier posición partidista. El Estado remunerará el cuidado de ecosistemas estratégicos como la Amazonía, la Orinoquía y el Litoral Pacífico, la selva primaria, el bosque secundario, los páramos, los ríos, los espejos y fuentes de agua, los parques nacionales en el territorio o en el mar, los manglares y aquellos que sean definidos por el Gobierno, de acuerdo con criterios técnicos. El cuidado y la remuneración se harán preferiblemente a través de quienes hayan tenido asentamiento en esos territorios, como moradores ancestrales e integrantes de comunidades locales.
Confío en que el Congreso de la República atenderá esta propuesta, sin duda respaldada por más del 5% de los ciudadanos habilitados para votar -el requisito constitucional-, convocando al pueblo para que se pronuncie sobre cuestiones esenciales para el futuro de Colombia. Podemos diferir acerca de estas propuestas, pero, a menos que queramos admitir que en ocasiones la democracia estorba, no en que es el pueblo soberano el llamado a sortear sus discrepancias fundamentales. Esta es la oportunidad que nos da este referendo por el bienestar, la justicia y la naturaleza.
Encima. La independencia y libertad de prensa son valores que no tienen dueño y que valen para todos. Los periodistas tienen el deber de buscar siempre la verdad, allí está la razón de ser de su oficio.
