El 19% de los habitantes de Bogotá tiene hambre. Según el más reciente estudio del Programa Mundial de Alimentos (WFP por sus siglas en inglés), publicado en febrero de 2023, hay 1,5 millones de personas que habitan en la capital que se encuentran en estado de inseguridad alimentaria. El 14% de estos se encuentra en inseguridad alimentaria severa, mientras el 86% en inseguridad alimentaria moderada. La diferencia entre los dos factores está en que, en la severa, las personas tienen serias dificultades y brechas extremas en el acceso para el consumo de alimentos, así como un estado crítico en sus condiciones de vida, mientras en la moderada no existe un consumo adecuado de alimentos y los hogares deben recurrir a otros medios para cubrir sus necesidades básicas.
La anterior cifra coincide con la medición de pobreza multidimensional en Bogotá, que muestra que el 18% de la población, esto es, que 1,4 millones de personas se encuentran en condición de pobreza multidimensional. Sin embargo, en la medición del Índice de Pobreza Multidimensional Ampliado para Bogotá (IPMAB), la inseguridad alimentaria es sólo un indicador dentro de la dimensión de la salud, que tiene el mismo peso proporcional en la medición junto con las dimensiones de la educación, el trabajo y la seguridad social, el acceso a servicios públicos y condiciones de la vivienda, el entorno, el cuidado y el uso del tiempo y la exclusión y la seguridad humana.
En la dimensión de la salud, el indicador de la inseguridad alimentaria se analiza a nivel de los hogares y la medición determina si la clasificación de la inseguridad es moderada o severa. Se realiza con base en la Escala Latinoamericana y Caribeña de Seguridad Alimentaria (ELCSA) que está compuesta por una serie de preguntas, como por ejemplo las que indaga si ¿en los últimos treinta (30) días, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez usted se preocupó porque los alimentos se acabaran en su hogar?; ¿en los últimos treinta (30) días, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez en su hogar se quedaron sin alimentos; o si ¿en los últimos treinta (30) días, por falta de dinero u otros recursos, alguna vez en su hogar dejaron de tener una alimentación saludable?
La Secretaría de Integración Social, es la entidad distrital que se encarga de atender los hogares en condición de inseguridad alimentaria moderada o severa, mediante la implementación del proyecto de inversión bautizado por la administración de la alcaldesa Claudia López como “Alimentación Integral: Un Camino Hacia la Inclusión Social”. En el 2023, esta entidad expidió la resolución 218 que establece como instrumentos de focalización por base de datos, entre otros, el SISBEN, la base maestra del Sistema Distrital Bogotá Solidaria, el registro único de víctimas y de focalización geográfica a los mapas de pobreza.
Puntualmente, en el servicio de comedores comunitarios o cocinas populares como son llamadas por esta administración, por ejemplo, se encuentran priorizadas personas víctimas de hechos violentos asociados con el conflicto armado, personas que no cuentan con un lugar permanente de vivienda por condición de habitabilidad en calle, personas mayores en situación de inseguridad alimentaria severa de acuerdo con la ELCSA, personas registradas en el SISBEN IV y personas en situación de inseguridad alimentaria severa de acuerdo con la escala ELCSA. Este servicio consiste en realizar la entrega de apoyos alimentarios de comida caliente en condiciones de calidad, inocuidad y oportunidad como lo determina la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO por sus siglas en inglés) y se realiza a través de 107 comedores comunitarios con atención a aproximadamente 31.000 personas día con un aporte nutricional equivalente al 40% según las recomendaciones diarias de ingesta en energía y nutrientes (RIEN).
Según el informe de gestión de 2022, este proyecto de inversión brindó atención a 86.122 personas en todas sus modalidades, buscando la reducción del riesgo de inseguridad alimentaria mediante apoyos alimentarios, procesos de inclusión social, apoyos económicos o en especie, generando acciones de vigilancia nutricional y estilos de vida saludable, desarrollando proyectos de inclusión social, involucrando economía solidaria e implementando estrategias de alimentación, nutrición y salud.
A pesar de los deseos en su alcance, impacto y cobertura cansando a incidir únicamente en el 6% de las personas en estado de la política social de la alcaldesa tiene un desempeño muy mediocre, a la inseguridad alimentaria moderada y severa. Esto se traduce igualmente en un impacto muy precario en la medición del índice de pobreza multidimensional.
La política social en materia de seguridad alimentaria debe ser debatida a profundidad en el Concejo, promoviendo un ajuste para que la seguridad alimentaria se estructure como una dimensión transversal a las demás. Al fin y al cabo, como lo indica la FAO, la seguridad alimentaria reduce el hambre, promueve el crecimiento económico, la productividad, genera menos enfermedades, permite invertir más en el futuro, empodera a la ciudadanía para participar en las decisiones, para hacer valer sus derechos y a exigir recursos para fortalecer los territorios. Promoveremos este debate en el cabildo distrital y en el centro de la discusión tendremos a las asociaciones y fundaciones sociales operadoras de los servicios como aliados estratégicos en el desarrollo de la política social, en sus componentes nutricional y social. Se deben fortalecer y capacitar para que los comedores comunitarios sean verdaderos centros de desarrollo comunitario. Mientras tanto, Bogotá sigue con hambre.
