#CalladasNuncaMás frente a la violencia política

Créditos:
Kienyke

Ante la constante violencia política que ha ejercido el senador Jonathan Ferney Pulido Hernández en mi contra, y sobre mujeres del Pacto Histórico, como la Vicepresidenta Francia Márquez y la Senadora Piedad Córdoba QEPD, radiqué una Queja Disciplinaria en la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República.

La sistematicidad, sus prácticas violentas, machistas y misóginas; la revictimización en la que incurre, no pueden quedar impunes, como tampoco pueden seguir siendo permitidas y normalizadas en la sociedad colombiana, ni en ningún escenario de nuestra cotidianidad, menos en una de la corporaciones más importantes del país, como el Congreso de la República, el cual debería ser una institución garante de los derechos de las mujeres y un escenario de democracia e igualdad.

¡Calladas nunca más!

Desde que iniciamos este Congreso en 2022, he sufrido diferentes tipos de violencias en mi contra por parte del señor Pulido Hernández: me ha gritado, interrumpido, grabado para tergiversar mis palabras; me ha señalado injuriosamente, ha amplificado mensajes en redes sociales a través de likes y reposteos a trinos ofensivos en mi contra, me revictimiza y me aborda de forma intimidante, entre otros hechos conocidos por la opinión pública.

En agosto de 2022 hice las primeras denuncias por el matoneo que viví luego de que el señor Pulido manipulara mis palabras para obtener réditos políticos. Y esta situación, no solo se ha sostenido en el tiempo, sino que su violencia ha incrementado, llegando incluso a intimidarme físicamente al punto que varios senadores han debido interceder para detener o denunciar sus ataques, entre estos, Inti Asprilla y Carlos Meisel, y el ex Senador Alexander López. Cada vez me siento más intimidada y me pregunto, si no hubiese intercedido algún tercero, ¿hasta qué punto habría llegado el senador Pulido en cada situación?

El 12 de marzo, en el marco de la moción de censura contra el Ministro de Defensa Iván Velásquez, se dio el último hecho de violencia que conoció la opinión pública, el cual surgió luego de que el Ministro lo dejara en evidencia tras presentar información errónea durante el debate: el Senador Jonathan Ferney interrumpió de manera grosera la plenaria e increpó con señalamientos al funcionario, por ello solicité moción de orden; sin embargo, el Senador me interrumpió con sus gritos y, a pesar de que le pedí respeto, continuó agrediéndome. Por esta razón me defendí y manifesté las palabras: «cuando deje de actuar como un “perro rabioso”», ante su hostigamiento verbal, su persecución, interrupciones, y señalamientos.

La queja que presenté fue porque sus actos estarían incurriendo en transgresiones a la Ley 1828 de 2017 (Estatuto Disciplinario del Congresista), la Ley 1257 de 2008 (que garantiza el derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia), la Constitución Política y tratados internacionales de derechos humanos como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará.

Por otro lado, vale mencionar que, si la Corte Constitucional ya se hubiese pronunciado sobre la Ley para prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, habría más herramientas para defender los derechos, la participación y la integridad de todas las mujeres que debemos enfrentar este tipo de violencias, que son, además, parte de las barreras que debemos enfrentar para hacer presente nuestra voz en distintas instancias electorales y de representación.

En la queja radicada solicité, además de que se inicie la investigación disciplinaria, que se ordenen medidas protección para las mujeres que hemos sido víctimas del señor Jonathan Ferney Pulido Hernández: que se abstenga de acercarse a mí, grabarme sin mi consentimiento o dirigirme la palabra en momentos distintos al uso de la palabra al que tenemos derecho en los diferentes espacios del Congreso; de usar imágenes de mujeres agredidas; y de difundir mensajes que fomenten ataques, insultos o atenten en contra de nuestra dignidad como mujeres. Todo lo anterior con base en el derecho que reconoce la Ley 1257 de 2008 a favor de las mujeres que han sido víctimas de violencia y que requieren de protección inmediata para que cesen los actos de agresión en su contra.

Tristemente, no es la primera, ni será la última oportunidad en la que deberé enfrentar hechos de violencia en mi contra; y tengo claro que no soy la única que ha debido atravesar estas lamentables realidades. De hecho, la MOE señaló que hubo un incremento del 75,2% en casos de violencia política en las elecciones recién pasadas, evidenciando un fenómeno el cual, por más que avancemos en nuestros derechos, se sostiene y replica precisamente por personajes como el que acabo de denunciar ante la Comisión de Ética y Estatuto del Congresista del Senado de la República.

La acción que adelanto busca defender mis derechos políticos y, a la vez, invitar a todas las mujeres que han sido víctimas de situaciones similares a denunciar a sus victimarios. No podemos seguir guardando silencio porque precisamente eso es lo que buscan, amedrentarnos para silenciarnos. Llegó la hora de decir basta, ¡no más violencia política contra las mujeres!

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