La democracia colombiana ha sido nuevamente alcanzada, no solo por las balas cobardes, sino por la persistente degradación del lenguaje político que antecede la violencia homicida. El atentado contra Miguel Uribe Turbay, revela la profunda degradación de la política y la seguridad: el país no se puede acostumbrar al caos y a la violación impune de lo más sagrado, la vida. El debate de las ideas, está siendo reemplazado por una hostilidad sin límites, por la narrativa de odio y por las amenazas a la institucionalidad.
No es casual que la violencia aparezca cuando la palabra se degrada. Cuando desde las alturas del poder se eleva el tono, cuando se estigmatiza, descalifica y acusa, sin pruebas ni pudor ético, se abre una grieta por donde se cuelan los fanatismos. Y cuando esa palabra se torna en odio, la violencia empieza a parecer inevitable. Es la misma palabra que despertó el odio de clases bajo el solapado y el mal llamado “estallido social”, que no fue otra cosa que una estrategia electoral, basada en una narrativa de lucha de clases para incendiar el país, bloquear las ciudades, destruir instalaciones públicas y hasta quemar policías en los CAI. A esto nos llevaron, eso lograron y ahora no saben cómo detener el caos que produjeron.
El senador Miguel Uribe, quien venía denunciando abiertamente las arbitrariedades jurídicos contra la institucionalidad, advirtiendo sobre la inconstitucionalidad de una consulta popular impuesta pisoteando al Congreso y las Cortes, fue atacado en medio de una actividad de campaña, mientras hablaba con la gente. No es solo una vida la que estuvo en juego, es la posibilidad misma de la crítica y el disentir, es un atentado contra la libertad, contra la opinión.
Este atentado refleja el profundo deterioro de la democracia, por la normalización de la violencia de palabra, de la descalificación personal y la destrucción calumniosa de quien piensa diferente. No es un hecho de inseguridad, es un acto de violencia política. No existe antecedente reciente de ataque a un candidato desde 2002. El último, cuando las FARC atacó a la caravana del entonces candidato Álvaro Uribe en Barranquilla, dejando tres muertos, en el momento más álgido del conflicto armado interno. Volvimos 20 años atrás en seguridad. Muy grave.
Lo más grave es que la campaña apenas comienza y no serán suficientes las medidas y los comités extraordinarios para reforzar la seguridad de candidatos, si no hay un verdadero liderazgo y gobierno de la seguridad. Si el Presidente como máximo comandante en jefe de la Fuerzas Armadas, está en campaña y preocupado por promover paros y sacar “decretazos” saltándose los poderes legislativo y judicial, si se desfinanció la seguridad progresivamente, si descapitalizó sus oficiales y mandos con mayor experiencia en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado, si se les persigue jurídicamente, si se les debilitó presupuestal y moralmente.
Es la ciudadanía amparada en sus líderes regionales, gobernadores y alcaldes quienes tratan de hacer frente al avance de los grupos ilegales, al retorno de los campos minados, a los desplazamientos masivos como los de El Catatumbo, a los paros armados y también a los candidatos y líderes políticos que disienten en democracia. Pero ese esfuerzo es insuficiente si no se les rodea y se activa la ciudadanía, el empresariado, la academia, los medios y la opinión para proteger la nación. ¿Qué queda para los próximos meses si desde ahora se promueve el odio que termina en balas, en vez de argumentos?
A Colombia hay que cuidarla. Este atentado debe ser un punto de inflexión y reflexión de país. No pueden seguir recibiendo aplausos aquellos que insultan desde las bodegas, que trinan y ofenden desde las redes, que no les importa pasar la línea ética y que se sienten amparados y protegidos impunemente. Cuando esto se repite, estas ideologías populistas van calando en la mente de los más vulnerables, que se dejan llevar y alimentar por esos odios, instrumentalizados ingenuamente por el poder. Aquí los únicos que ganan son los criminales, los grupos ilegales y quienes promueven el caos. Aprovechan la falta de autoridad, orden y seguridad, para perpetuarse donde mejor se mueven, en la violencia y el miedo.
No se puede gobernar desde los micrófonos y las redes sociales e invitando a insurrecciones en la calle, si los pilares de la República: las cortes, el Congreso y la Fuerza Pública, están siendo marginados o burlados. Hay momentos en los que los gobiernos deben elegir entre imponer su voluntad o escuchar el clamor de la ciudadanía, entre victimizarse o rectificar con humildad. Lo que el país necesita no son más discursos y narrativas ideologizadas, sino garantías, sensatez política, empatía con la ciudadanía, decisión y acción. Garantías para los candidatos, para la democracia y los ciudadanos, garantías para la palabra.
Todo el respaldo cívico a las instituciones, a los comandantes de las Fuerzas Militares y al Director de la Policía, a jueces, fiscales, investigadores, soldados y policías, a los gobernantes regionales que con valentía hacen frente a esta situación. Pronta recuperación para Miguel. Dios guarde a Colombia. Como siempre, con seguridad, saldremos adelante.
