En la historia reciente, Colombia ha enfrentado crisis económicas en 2008, cuando estalló la debacle financiera desatada por la falta de pagos en Estados Unidos de créditos hipotecarios que castigaban con un alto interés a deudores riesgosos; y en 2012, cuando cayeron los precios del petróleo. Aunque ambas afectaron el crecimiento, el país superó esas dificultades demostrando su robustez institucional y estabilidad económica.
El año 2020 fue único. La pandemia de la COVID-19 nos hizo vivir uno de los momentos más difíciles de nuestra historia. La tasa de desempleo se ubicó en 15,9 por ciento, 5,4 más que en 2019. Nuestro PIB decreció 6,8 por ciento, la peor cifra de la historia económica del país. Según el diario económico La República, medio millón de micronegocios cerraron definitivamente, en especial negocios de mujeres.
Y pese a que las malas noticias no fueron exclusivas de Colombia, porque el mundo tuvo un desempeño similar o peor que nuestro país, el panorama muestra tener otra cara en este 2021. El optimismo no obedece solo a que ya empezó la vacunación –el Gobierno espera inmunizar a 35 millones de personas al terminar el año–, sino también a que los expertos confían en que el PIB crecerá por encima del 5% y la tasa de desempleo cerrará entre 10% y 12%. Estas proyecciones no son consecuencia del azar.
Al tiempo que el Gobierno del presidente Iván Duque hace esfuerzos fiscales para mantener y profundizar la oferta social del Estado, el Consejo Nacional de Política Económica y Social aprobó el pasado 11 de febrero el Documento CONPES 4023, por el cual se adoptó la “Política para la Reactivación, la Repotenciación y el Crecimiento Sostenible e Incluyente: Nuevo Compromiso por el Futuro de Colombia”. Para materializar esta ambiciosa y necesaria política pública –que parte del reconocimiento de los retos creados por el virus, el aislamiento y la disminución de los ingresos públicos coexistente con un aumento en los egresos por cuenta de la expansión de programas sociales–, se han previsto inversiones superiores a 135 billones de pesos que serán ejecutadas en alianza con el sector privado y generarán 2 millones de empleos formales para fortalecer capacidades en los hogares y dotar al aparato productivo con un marco institucional que le permita al país, en el corto plazo, retomar la tendencia de crecimiento previa a la pandemia; y, en el largo, crecer sostenida e incluyentemente y con capacidad de adaptación a choques futuros de gran impacto.
La política social debe consolidarse y seguir avanzando para no perder una década de logros sociales y reducción de la pobreza, y para ello será indispensable multiplicar el programa Ingreso Solidario, que hoy le llega a casi 3 millones de familias vulnerables que no están cobijadas por alguno de los programas de asistencia social. Los indicadores actuales obligan a tener un programa ambicioso que llegue a 6 millones de familias, permitiendo que varios integrante de la familia lo reciban. Por eso, es indispensable identificar a los colombianos más vulnerables para concentrar en ellos la oferta social disponible y así superar la pobreza.
Como estamos comprometidos con el cierre de brechas y la corrección de desequilibrios sociales, también se debe asegurar la educación pública gratuita para los estratos 1, 2 y 3. Igualmente, tenemos la obligación ética de seguir respaldando el pago cumplido de la nómina y la prima de servicios de los trabajadores colombianos y aliviar la carga de los empresarios durante esta pandemia a través del Programa de Apoyo al Empleo Formal al menos por tres meses más. Simultáneamente, es indispensable acelerar la construcción de vías terciarias tan esperadas por labriegos y empresarios y trabajadores agrícolas.
Para lograr todo esto, es necesaria una reforma de ingresos y de ahorros en el Estado, porque hay que corresponder a la ciudadanía con responsabilidad fiscal para buscar recursos que puedan sostener este gasto generoso social (como se lo dijo el presidente Biden al presidente Duque al felicitarlo por brindarle protección temporal a casi 2 millones de venezolanos: “hacer las cosas correctas no es siempre lo más expedito políticamente, pero es el sello del verdadero liderazgo”).
No son retos fáciles, pero sí deben ser nuestra obsesión en 2021. Y todos debemos estar a la altura de la tarea: compromiso, trabajo disciplinado y amor por Colombia servirán a nuestro propósito.
Encima. Lamentable que la alcaldesa Claudia López eluda sus responsabilidades constitucionales e intente nuevamente desviar la atención para desentenderse de las heridas sufridas por cuatro personas durante las manifestaciones de esta semana en la capital de la República. Que no se le olvide que ella es la máxima autoridad de policía de Bogotá y que su gobierno participó en un Puesto de Mando Unificado que decidió las medidas a tomar en el evento de que las protestas se hicieran violentas. En lugar de echar más leña al fuego pidiendo la reforma de la Policía Nacional y haciéndole una dañina campaña de desprestigio con apresuradas acusaciones cerentes de investigación, debería reformar su propio desgobierno.
