Colombia, es como un costoso “restaurante”, donde genera expectativas elevadas entre sus comensales, quienes esperan una experiencia culinaria de primer nivel. Sin embargo, la realidad que enfrentamos los ciudadanos es más parecida a recibir un plato insípido, frío y poco apetitoso, todo ello acompañado de una cuenta desproporcionadamente alta. Este símil gastronómico ilustra la situación en la que los colombianos nos encontramos: pagando más impuestos, pero sin disfrutar de los servicios esenciales y las mejoras en la calidad de vida que deberían acompañarlos.
Nuestro país refleja una realidad preocupante en la que los aumentos de impuestos no se traducen en mejoras significativas en servicios esenciales como seguridad, educación y condiciones para generar empleo, entre otros. A medida que pagamos más por impuestos, las expectativas de servicios eficientes y mejoras en la calidad de vida se desvanecen, dejando una sensación de insatisfacción generalizada.
Los aumentos en impuestos vehiculares, por ejemplo, no se ven reflejados en la mejora de la infraestructura vial o en un sistema de transporte público eficiente. Las restricciones por pico y placa limitan el uso de vehículos, pero las inversiones en nuevas vías o mejoras en el transporte público son escasas. Añadiendo a la carga fiscal, algunas ciudades imponen sobretasas a la gasolina bajo el pretexto de mejorar la seguridad, mientras que los niveles de seguridad siguen siendo preocupantes. Los impuestos a la renta aumentan, pero las medidas para prevenir la corrupción y garantizar la rendición de cuentas son insuficientes.
En medio de este panorama, se plantea la posibilidad de aumentar el impuesto predial, pero la falta de mejoras en la infraestructura urbana despierta interrogantes sobre la efectividad de tal medida. Se sugiere la imposición de más impuestos en áreas rurales, pero la violencia y el secuestro dificultan la visita a fincas, haciendo que tales propuestas sean ineficaces y desvinculadas de la realidad.
En el corazón de esta problemática se encuentra una clase política que, en su mayoría, ha demostrado ser mediocre en la gestión eficiente de los recursos y la implementación de medidas que beneficien a la población. La falta de una visión estratégica y la ausencia de medidas preventivas contra la corrupción han llevado a un ciclo interminable de aumentos de impuestos sin mejoras sustanciales en la calidad de vida de todos.
Los presidentes colombianos, en su mayoría, han carecido de la determinación necesaria para abordar eficazmente los problemas antes de recurrir a la opción fácil de subir impuestos. La reforma fiscal, en lugar de ser una herramienta para mejorar la eficiencia y prevenir la corrupción, se ha convertido en un mecanismo para aliviar los problemas momentáneos sin abordar las causas subyacentes.
Colombia es un país con una larga historia de reformas tributarias. Desde 1990, se han realizado 21 reformas tributarias, una cada 18 meses en promedio. Sin embargo, a pesar de este esfuerzo constante, Colombia sigue teniendo un sistema tributario complejo y poco eficiente.
La mediocre gestión gubernamental ha llevado a la pérdida de confianza de la ciudadanía en sus líderes y en las instituciones gubernamentales. Los problemas persistentes, como la inseguridad, la falta de oportunidades económicas y la corrupción, persisten a pesar de los constantes aumentos de impuestos. La falta de una estrategia integral y coordinada ha dejado a Colombia en un estado de estancamiento, donde las soluciones reales son escasas y las promesas políticas son olvidadas una vez que se aprueban los impuestos.
Para revertir esta tendencia, es esencial que los gobiernos colombianos adopten un enfoque más holístico y eficiente en la gestión de los recursos. En lugar de simplemente buscar ingresos adicionales a través de impuestos, deben centrarse en mejorar la eficiencia en la asignación de recursos y prevenir la corrupción en todas las instancias gubernamentales.
En contraste, países como Singapur han adoptado un enfoque más holístico y eficiente en la gestión de los recursos, demostrando que es posible lograr un alto nivel de desarrollo económico y bienestar social con una carga fiscal relativamente baja. Singapur ha eliminado regulaciones innecesarias que obstaculizan la actividad económica, ha invertido en educación y formación para aumentar la productividad de los trabajadores, y ha fortalecido la lucha contra la corrupción para garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
Otro ejemplo inspirador es Nueva Zelanda, que ha logrado reducir su déficit fiscal sin aumentar los impuestos. Este país ha focalizado sus esfuerzos en mejorar la eficiencia de los servicios públicos mediante la fusión de departamentos gubernamentales, la implementación de nuevas tecnologías para optimizar procesos administrativos y un mayor control del gasto público para evitar el derroche.
Estonia, por su parte, destaca en la lucha contra la corrupción mediante reformas que promueven la transparencia y la rendición de cuentas. La creación de una base de datos pública de información sobre funcionarios públicos, la implementación de un sistema de e-gobierno y el fortalecimiento de la independencia de la fiscalía y la justicia son medidas clave que han contribuido al progreso de Estonia.
Estos ejemplos muestran que la clave no radica únicamente en aumentar los impuestos, sino en adoptar un enfoque integral que mejore la eficiencia de los recursos y prevenga la corrupción. La idea de que mayores impuestos conducen automáticamente a un mejor funcionamiento del gobierno es un mito que debe ser desafiado. Es necesario cambiar el enfoque y buscar soluciones sostenibles y efectivas que aborden las causas fundamentales de los problemas en lugar de simplemente aliviar los síntomas.
