El día de hoy fue muy curioso. Tuve una videollamada de trabajo donde el tema central era descarbonización, vehículos eléctricos y bioeconomía. Sin embargo, mientras escribo esta columna, el crudo Brent está en USD$79.44/barril y el WTI en USD$75.42/barril respectivamente, acercándose a los precios prepandemia.
Y surgen muchas preguntas, ¿cuál es el futuro del petróleo y la industria de hidrocarburos para el 2030 y 2050? ¿Este incremento en precios está relacionado únicamente con el aumento de demanda global de crudo y no contar con producción suficiente para cubrirla? Bajo este escenario, con un precio de barril de crudo que podría que llegar a los USD$90, ¿cómo fortalecemos las estrategias de reducción de emisiones e incorporación de tecnologías renovables desde el punto de vista de capital privado a corto y mediano plazo? ¿Las políticas públicas de los gobiernos moverán las tendencias del mercado o las tendencias decidirán las políticas públicas? Seguramente todas esas preguntas serán resueltas a nivel global en la cumbre energética de Glasgow en las próximas semanas, pero por ahora, yo trataré de responderlas y aplicarlas a la realidad colombiana.
Para Colombia, el gran objetivo del gobierno es lograr una masificación del uso de energías renovables al menor costo posible, como herramienta para el cierre de brechas y aumento de la movilidad social, así como también cumplir con los objetivos climáticos del acuerdo de París. Dentro de esas estrategias de masificación energética, es necesario dividir el aparato social y productivo en subsectores (residencial, agrícola, industrial y transporte), para de esa forma poder encontrar el balance entre la descarbonización del sector hidrocarburos y la incorporación de tecnologías renovables complementarias a la matriz energética.
Debemos entender que la transición energética surge como una necesidad de combatir el cambio climático más que una necesidad económica, y esa externalidad conlleva a enfrentar algunos retos desde el punto de vista de costos, eficiencias y comportamientos de mercado.
Ahora, para poder tener éxito a mediano y largo plazo, se requiere una planificación desde el punto de vista de regulación y tecnología, porque, así como la regulación es el catalizador para lograr los objetivos de carbono neutro en 2050, la tecnología determinará la velocidad en que esos objetivos se logren, a través de herramientas como la transformación digital, inteligencia artificial y blockchain, entre otros.
Con respecto a las regulaciones, y, teniendo en cuenta que la transición energética no parte desde una necesidad económica, es necesario que el gobierno siga desarrollando políticas públicas que permitan redireccionar el sector petrolero hacia la reducción de emisiones, y, que sumado a los proyectos de subastas energéticas que el MinMinas ya tiene en funcionamiento, permita atraer capital privado que invierta en estas iniciativas, y que en conjunto con subsidios e incentivos comerciales, lograr que las empresas de hidrocarburos expandan y diversifiquen su portafolio energético.
Desde el punto de vista de tecnología, tanto el sector eólico como el solar cumplirán un papel clave para lograr las metas de reducción de emisiones al 2030, ya que son tecnologías maduras que están en funcionamiento, aunque necesitan masificarse para algunos subsectores, especialmente el agrícola, donde podrá potenciar proyectos de bioeconomía. En el caso de los sectores industrial y transporte, donde su alto consumo energético no lo puede suplir el sistema eólico y solar, es necesario rediseñar el uso de la infraestructura existente, sobre todo la de gas natural para los proyectos de hidrógeno, y esto trae consigo otro gran reto: el de reducir las emisiones desde el origen de la cadena de valor de gas natural, para de esa forma incorporar las técnicas de producción de hidrógeno de forma más limpia.
Por otro lado, siguiendo esta línea de análisis para la optimización de eficiencias, va a ser crítico encontrar la forma de reducir los costos de captura de carbón, ya que vamos a requerir almacenar grandes cantidades del CO2 resultante de la producción de hidrógeno azul de la forma más económica y ambientalmente posible.
Es necesario hacer énfasis en las aplicaciones de estas tecnologías al consumidor final, como por ejemplo en el uso de vehículos eléctricos. Estamos todavía lejos de un escenario de masificación para este tipo de transporte. La compra de vehículos eléctricos en Colombia todavía parte de una motivación ética o moral con respecto al medio ambiente, pero no necesariamente económica. La única forma para poder implementar la masificación de transporte eléctrico y el uso de energías renovables para proyectos de bioeconomía, entre otros, es encontrando el equilibrio entre oferta y demanda generada por la descarbonización y la adopción de energías renovables complementarias.
Es ahí donde el sector público y privado necesitan trabajar en equipo. Hay que resaltar que el gobierno está generando ese impulso inicial, pero el sector privado sigue necesitando que exista una regulación sostenible en el tiempo, que le permita mitigar los riesgos de inversión y se pueda consolidar el acceso a la energía a costos que beneficien a ambas partes.
Por último, el ritmo de la transición energética bajo un marco realista debe desarrollarse con base en la premisa que el petróleo y sus derivados seguirán siendo parte vital de la matriz, y tomará un tiempo en poder consolidar el modelo de energías renovables como factor dominante de consumo.
