Consenso por Colombia: la democracia no puede parar

Publicado por: maria.vargas el Dom, 02/05/2021 - 11:59
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Por: Ruby Chagüi.
Consenso por Colombia: la democracia no puede parar

Desde el 28 de abril, cuando comenzaron las movilizaciones, hechos bien conocidos se han confirmado. Hay pobreza, hay crisis y hay rabia social en Colombia. Esto es evidente, incluso para los desconectados de la realidad que creen monopolizar la sensibilidad social y piden profundizar los programas de bienestar del Estado sin discutir su financiación con seriedad.
 
Sin duda, angustian los duros momentos y las adversidades traídas por la pandemia para tantos colombianos, en especial para los más pobres y vulnerables. La caída del Producto Interno Bruto el año pasado de 6,8% se tradujo en la pérdida de 70 billones de pesos de la nación, lo que equivale a poco más de un millón y medio perdido por cada colombiano. Esa caída del PIB también se tradujo en más pobreza, que pasó del 35,7% en 2019, al 42,5% en 2020 (no fue peor porque los programas sociales del Gobierno ayudaron a que 1.7 millones de personas no cayeran en esa condición); en un desempleo promedio de 15.9%, aumentando 5,4% que el promedio en 2019. Y a esto hay que sumar los más de 73 mil compatriotas fallecidos, las casi 500 muertes diarias, la capacidad hospitalaria al límite –no obstante haber multiplicado por cuatro las unidades de cuidados intensivos–, las restricciones a la libertad de circulación y el encierro provocados por el COVID-19 y las siempre preocupantes cifras de la violencia.  
 
Hay motivos para el descontento, y la defensa del Estado de derecho y la democracia suponen honrar la protesta pública y pacífica. Impedir a los ciudadanos exigir cuentas al Gobierno mediante manifestaciones públicas y masivas es impensable. Pero la Constitución también ordena “respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios”. Es por esta razón que, al margen de las discrepancias que uno puede tener y que son intrínsecas a la contradicción política, no deben confundirse la protesta civilizada con la violencia y la delincuencia ocurridos durante este “paro”, importante aclaración que hizo un sector de la política. 

El homicidio del Capitán Jesús Alberto Solano, Jefe de la SIJIN en Soacha, es un delito repudiable. Las agresiones causadas a ciudadanos y policías son delitos repudiables. Los daños a bienes públicos, como los derribamientos de la estatua de Sebastián de Belalcázar en Cali y, en Pasto, del busto de Antonio Nariño, prócer de nuestra libertad e independencia y traductor del francés al español de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, y a bienes privados, como los bancos y almacenes que fueron sitiados, atacados y saqueados, son delitos repudiables. Hostigar la sede de un medio de comunicación es un delito repudiable. Destruir estaciones y sabotear el funcionamiento de sistemas de transporte masivo son delitos repudiables. Y como la lista de delitos repudiables cometidos por vándalos que se han aprovechado de las marchas y plantones es más larga, basta traer a la memoria las imágenes de la situación en la capital del Valle del Cauca para comprender que subrayar la distinción entre la decencia y la barbarie no es caprichoso, sino necesario.
 
Dudo que el paro haya sido desencadenado irremediablemente por el proyecto de reforma tributaria, cuyo texto debió ser socializado con todos los partidos políticos y sindicatos y asociaciones de trabajadores, gremios, empresarios, académicos y, en general, la sociedad civil, para ser ajustado antes de presentarse en el Congreso de la República. No subestimo el daño causado por la forma en que se manejó la discusión sobre la tributaria, ni que hay una preocupación legítima para que los pobres y la clase media no paguen más impuestos sino los sectores más pudientes, a los que les corresponde asumir el desafío histórico de soportar la carga fiscal necesaria para financiar la tarea social del Estado. Pero tampoco ignoro que la jornada del 28 de abril estaba programada desde muchos antes, que las consignas de las marchas abarcan muchísimas más cuestiones que la tributaria, que este Gobierno ha debido lidiar con una oposición hostil que lo ha estigmatizado y se ha tomado las calles –como lo anunció desde que perdió las elecciones presidenciales de 2018 y como en efecto lo ha hecho desde poco después de la posesión del Presidente Iván Duque– y que hay políticos y personas influyentes que, de buena o mala fe, han distorsionado los hechos azuzando los ánimos de muchos colombianos.
 
Los sectores democráticos no podemos desconocer las fracturas en la nación, pero tampoco permitir que otros las agranden con mentiras que conducen al odio de clases, profundizan la rabia y ponen en riesgo la democracia. Una cosa es la protesta y otra el crimen y el vandalismo. Aquí hay todas las garantías para la protesta pública y pacífica inherente a la democracia, pero también todo el peso de la ley para los violentos que recurren al vandalismo y al terrorismo para imponer sus puntos de vista. 
 
Lo importante ahora es que el Gobierno ya retiró la propuesta de reforma tributaria y se presentará una nueva que tenga consenso del mayor número de sectores y partidos del país. En el Centro Democrático esperamos que ese consenso incluya impuestos transitorios aproximados por 12 billones que no deben afectar a las clases populares ni de ingresos medios, ni la recuperación productiva; y, la solicitud de un anticipo de utilidades al Banco de la República por 5 billones para: financiar Ingreso Solidario para 5 millones de familias, extender el subsidio a la nómina para 3.6 millones de trabajadores, subsidiar la seguridad social de nuevos trabajadores jóvenes, mujeres, adultos y personas en condición de discapacidad, devolver el IVA a 4 millones de familias, otorgar Universidad pública gratuita para estratos 1, 2 y 3.

El esfuerzo tributario debe compensarse con la austeridad del gasto y una reforma administrativa para ahorrar 15 billones. Debemos mantener por tres años más el impuesto del 1% a los patrimonios superiores a 5.000 millones de pesos, congelar la tarifa de renta a las empresas en 33% por tres años -luego de los cuales será de 30%-, conservar el descuento de industria y comercio a la renta empresarial en 50% por tres años, extender a todo el sector financiero la sobretasa transitoria de 3% que hoy se cobra a los bancos, cobrar Impuesto Solidario del 10% a los ingresos mayores de 20 millones mensuales en 2021 vía retención en la fuente, actualizar la regla fiscal para lograr la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo y enajenar activos administrados por la Sociedad de Activos Especiales en los próximos dos años.
 
Hoy algunos gozan del caos, la destrucción y la violencia que se está dando en nuestro país para hacer cálculos electorales en medio de esta situación y cimentar proyectos de gobernabilidad. El presente y futuro de Colombia no puede estar atado a vanidades y cálculos políticos. Es ahora, en momentos de crisis, cuando más tenemos el deber de unirnos todos como Nación para buscar salidas a la situación económica y social. Los buenos somos más.  

Encima. Inaceptable la censura de Twitter al expresidente Uribe, quien solo recordó que la Fuerza Pública, obligada a restablecer el orden público donde es turbado, tiene también derecho a la legítima defensa. Hay que respetar el reglamento de Twitter, pero este no puede ser superior que la Constitución y los derechos humanos.

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