Colombia, a diferencia de Chile, no necesita Constituyente pero sí debe acudir al constituyente primario para legitimar profundas reformas sociales.
El estruendo del paro nacional iniciado el pasado 28 de abril aún retumba en toda Colombia, mientras parece congelada la mesa de negociación entre el gobierno y los dirigentes de la protesta y crece la zozobra sobre el futuro colectivo. Es el momento de superar la debacle social, salvar la democracia, recuperar la economía, reconciliar a Colombia y trazar una nueva ruta para vivir en paz.
Colombia se encuentra en un perverso juego de suma cero, en el que mientras los extremos tensan la cuerda, la derrotada es la sociedad. Prevalece la incertidumbre, el desánimo se apodera de la gente, lo social colapsa, la economía entra en declive y reina el miedo como factor paralizante del accionar político. La toxicidad del lenguaje político aceita con maestría el salto a otro abismo de perplejidad.
Por ello hay que encauzar al país a una salida para superar el déficit histórico de equidad, inclusión y desarrollo. Es indiscutible que la Covid-19 impactó todas las previsiones, obstruyendo por ejemplo el cumplimiento de los Planes de Desarrollo. Una partitura anterior a la pandemia que no puede ser la respuesta. Es prioritario ajustar ya los planes de desarrollo y de inversiones con una amplia participación ciudadana.
La agenda legislativa tampoco se sintoniza con lo que pasa en la calle. Mientras el Congreso legisla a control remoto, el país gira a velocidades exorbitantes exigiendo respuestas institucionales a profundas fallas del modelo económico, político y social no atendidas. Las nuevas generaciones están en la primera línea de una protesta que ha sido reprimida con fuerza y respondida con poca empatía. La solución a la aguda crisis exige soluciones realistas que se apoyen en el terreno de la constitucionalidad democrática. Es hora de marchar unidos hacia reformas estructurales aplazadas por décadas. Acortemos el camino dando el primer paso ya.
Colombia está inmersa en una tormenta perfecta que de no resolverse acertadamente puede llevarse por delante la democracia. El populismo y el autoritarismo acechan, la polarización no cesa, el país se desangra, la pobreza crece, el desempleo no disminuye. La violación a los derechos humanos ha puesto a Colombia en el ojo de la comunidad internacional. La pandemia profundizó los problemas y hoy somos más vulnerables. Crece la desconexión entre la sociedad y la política, mientras el liderazgo social se expresa en las calles. Duele que la protesta que de día es pacífica, en la noche se cubre de abusos y vandalismo.
Ante este panorama muchos han comenzado a perder la confianza en que surjan de la mesa de negociación del paro acuerdos que provoquen cambios inmediatos. ¿Entonces, qué hacer para superar esta crisis? La respuesta es simple: aplicar la Constitución, fortalecer la democracia y empoderar las voces ciudadanas. Es momento de escuchar, entender, proponer y actuar.
Colombia, a diferencia de Chile, no necesita Constituyente pero sí debe acudir al constituyente primario para legitimar las reformas. Alcanzar ese objetivo pasa por las urnas y las herramientas de participación ciudadana que están en la Carta Política. Es la hora de poner los temas de la mesa de la negociación en el escenario constitucional apropiado: una consulta popular sobre las grandes reformas sociales que necesita Colombia.
Una consulta popular con iniciativa ciudadana libre, para que la sociedad tenga la opción de definir los lineamientos en materia de equidad social, reactivación económica y concertación que se requiere. Una consulta que recoja la expresión unánime de rechazo a la violencia y las violaciones a los derechos humanos; el silencio de las armas y el repudio de la justicia por mano propia.
Una consulta popular para que la ciudadania se exprese ya sobre las políticas necesarias en campos como: la inclusión productiva de los jóvenes y la creación de oportunidades; la renta básica y el fortalecimiento de la protección social; el acceso y la calidad del derecho a la salud; la generación de empleo y el trabajo decente; la equidad con la mujer; la reforma de la justicia; la reforma de la policía hacia su acercamiento a la ciudadanía; el retorno al campo y la seguridad alimentaria; acciones de reconocimiento y diversidad; y la institucionalización del diálogo social para arbitrar el conflicto social.
Una consulta popular como herramienta para transformar a Colombia y dejar atrás los odios, superando obstáculos que han impedido las grandes reformas que alimentan la inconformidad y la protesta ciudadana. Las urnas serán el punto de convergencia. Será, además, un proceso pacífico contra el miedo, la incertidumbre y la desconfianza. Una solución política en manos de los ciudadanos.
Pero es imperativo desmarcar esta ruta de ambiciones electorales y del proceso electoral de 2022. La urgencia de hoy no es alimentar el envanecimiento y las pretensiones presidenciales de nadie sino abrir un espacio de unidad que permita solidificar un acuerdo nacional sobre la ruta y el contenido de las reformas. Para salir del maniqueísmo de la ideologización partidista, los sectores sociales del país deben estimular plataformas y movimientos ciudadanos nacionales y locales que encaucen tanta energía hacia las reformas necesarias, con los nuevos liderazgos que promueve la juventud.
Hay que recuperar la cordura y la calma. La victoria de los jóvenes hace 30 años fue la Constitución de 1991. El legado histórico de los jóvenes hoy es hacer posible una agenda de profundas reformas sociales, que tienen que concretarse ya en las urnas mediante una consulta popular de iniciativa ciudadana. Esa es una salida viable, institucional e inmediata que se construye con los liderazgos colectivos que hoy florecen en las calles de Colombia. No despilfarremos esta gran oportunidad.
Por: Fernando Carrillo Flórez es exprocurador general de la Nación de Colombia
