La crisis desatada en las últimas horas en Ecuador es una amenaza para la seguridad regional, pues, la naturaleza del narcotráfico es de orden transnacional. Esto demanda lógicamente una respuesta multilateral de los actores potencialmente afectados.
Lo que viene sucediendo en este país es una crisis política agravada por cuenta de la difícil situación de seguridad en la que naufraga la democracia y la institucionalidad ecuatorianas, sitiada geográficamente por dos grandes polos de producción de cocaína: Perú y Colombia.
En ¿Crisis solo en Ecuador? afirmé que “no resulta nada novedoso decir que alrededor de este modelo de economía ilícita se alimentan estructuras criminales del alto impacto que, ancladas a redes transnacionales, fortalecen su actividad operativa a nivel nacional”.
Así, y tal como se ha puesto de presente, las bandas narcotraficantes del Ecuador tienen una estrecha conexión con los carteles mejicanos (Los “Choneros” - Cartel de Sinaloa y “Los Lobos” -Cartel de Jalisco, Nueva Generación). Seguramente, a muchos colombianos los “Shottas” y los “Espartanos” son nombres que, en medio de esta crisis, les resultan muy comunes.
Por demás, la delicada situación cobró la vida de un aspirante presidencial en agosto del año pasado, dos meses después (7 de octubre) la BBC tituló lo siguiente: “Matan en una cárcel de Ecuador a 7 ciudadanos colombianos acusados por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio”.
Hace un par de días, Rafael Correa en entrevista con Mónica Rincón para CNN (Chile) señaló a los expresidentes Lenin Moreno y Gustavo Lasso de ser los causantes de la tormenta política pero, sobre todo, al modelo neoliberal y al desmantelamiento del Estado.
De inmediato, y como buen repetidor de señal, Gustavo Petro escribió en su cuenta de X “Más seguridad es más estado. Menos estado es más inseguridad. La destrucción del estado por la política neoliberal ha construido el mundo de la barbarie y la fuerza bruta”.
Sobre este particular, no resulta del todo cierto que entre más Estado, mayor seguridad. Esto es una falacia. El tamaño del Estado nada tiene que ver con la seguridad. Para que un Estado no se debilite, depende más de unos aparatos de seguridad adecuadamente liderados a fin de que sean eficaces y no de un Estado protuberante e ineficaz. Es más, desde esta tribuna nunca se defendería un recorte en los gastos para la seguridad nacional porque comprendemos que entre más seguridad menos barbarie.
Ahora, el desafío de fondo para Petro, más allá de repetir falacias, está en su política de “paz total” en tanto que ha promovido un deterioro de la seguridad al ser incapaz de liderar las fuerzas de seguridad (por falta de autoridad moral) y porque su enfoque en el manejo de la criminalidad es abiertamente contradictorio con el orden legal vigente, de ahí sus constantes choques con el saliente Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa.
Petro no entiende que su “política de paz” viene estimulando el crimen organizado y es visto por la ciudadanía como una extraña simpatía con los criminales; de hecho, algunos ya hablan de una gobernanza criminal. Luego, la mayoría de los colombianos ve con indignación, por ejemplo, el programa “pagar para no matar” o la tendencia a romantizar el terrorismo y hacer pasar por delito político el crimen organizado. Este enfoque de seguridad es la antítesis lo que viene haciendo el presidente Bukele, en El Salvador, en materia de orden público.
Reiteramos, la interdependencia de los sucesos en Ecuador y en Colombia debería demandar, más allá de las declaraciones oficiales, un diseño de estrategias comunes (Ministerios de Defensa y de Relaciones Exteriores) y de estrecha cooperación internacional (entre las fuerzas policiales y de inteligencia) dado que el desafío y la amenaza es común para el equilibrio regional.
Pero, sobre el papel, ambos gobiernos han asumido enfoques diferentes a un problema común, y en ese sentido la probabilidad de que la problemática no se resuelva es altísima y que posiblemente repercuta en las relaciones Quito-Bogotá. En efecto, los siguientes 16 meses que le quedan al presidente Noboa al frente de la crisis serán decisivos para el futuro de la “paz total” de Petro.
