Pertenezco a la generación de colombianos, que nos ha tocado vivir por más de medio siglo una violencia demencial y criminal, que ha causado muchas muertes, dolor, venganzas, pobreza, en la que han intervenido diferentes actores; el conflicto bipartidista entre liberales y conservadores, la aparición de guerrillas de extrema izquierda inspirada en la revolución cubana y el “Che Guevara”, organizaciones de paramilitares, bacrim y estructuras criminales organizadas de narcotraficantes, que se han ido consolidando en los últimos años en diferentes regiones del país, que han cobrado la vida de más de nueve millones de compatriotas, siendo la gente menos favorecida, la que más ha sufrido la mayor parte de esta tragedia.
Muchos gobernantes a lo largo de esta historia de violencia, masacres, asesinatos selectivos, secuestros, extorsiones, reclutamiento, violaciones de menores, desplazamiento forzado, han buscado dialogar con estas organizaciones guerrilleras que han operado a lo largo y ancho del país, para incorporarlas a la vida civil, entre ellas las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, que surgen en los 60, y firmaron un acuerdo de Paz en el gobierno del ex - presidente Juan Manuel Santos, el movimiento M-19, que firmó un acuerdo de paz en el gobierno de Virgilio Barco, el Ejército Popular de Liberación EPL que firmó un acuerdo de Paz con el Estado colombiano en el gobierno de Belisario Betancur, en agosto de 1984, pero queda la Unión Camilista - Ejército de Liberación Nacional UC-ELN que no muestra ninguna intención seria de incorporarse a la legalidad, por el contrario, sus integrantes siguen delinquiendo, realizando actos terroristas, causando graves daños al medio ambiente en un claro desafío al Estado colombiano.
He sido un convencido de realizar los esfuerzos que sean necesarios para avanzar en las firmas de acuerdos de paz y reconciliación con estas organizaciones criminales, para que se reincorporen a la legalidad, disminuir la intensidad del conflicto armado y por supuesto, los efectos catastróficos que tienen en la vida de la población, el desarrollo económico y social del país.
Es un deber legítimo y constitucional de los mandatarios de turno, buscar los mecanismos para garantizar la paz y seguridad de los colombianos. Pero también es su deber combatirlas con determinación y con las fuerzas legítimas del Estado.
Por ello, respaldé la firma del acuerdo de Paz firmado entre la guerrilla de las FARC-EP y el Estado colombiano promovida por el Gobierno de Juan Manuel Santos, con todas las tachas por los beneficios otorgados a los militantes de esa organización y los privilegios otorgados a los cabecillas de esa guerrilla -que sin lugar a duda están disfrutando- con el convencimiento de que la reincorporación de ese grupo a la vida de la nación y el cumplimiento de los acuerdos pactados por las partes, conllevaría a un país menos violento, próspero y vivible para las futuras generaciones. Pero lastimosamente, los acontecimientos de violencia, que estamos viviendo, dejan muchos sinsabores y frustraciones, en esa perspectiva de construir una paz estable y duradera.
Es innegable que el Estado colombiano, ha honrado los acuerdos de la Habana en estos primeros cuatros años y sigue avanzando en el Plan Marco de Implementación, particularmente en el primer punto de los acuerdos y los componentes centrales, mostrando avances en un 30 % de lo pactado para lo establecido a 12 años -según reportes de la Consejería para la Estabilización y Consolidación- aún con las dificultades en materia de planeación y distribución de los recursos para los distintos programas.
Es claro, que esos territorios avasallados por la guerrilla, no han sido copados en su totalidad por la institucionalidad del Estado y no se han realizado las grandes inversiones sociales en vías, salud, agua potable, educación y desarrollo agrícola, lo que ha generado que muchas de esas regiones, sean objeto de disputa por las llamadas disidencias de las FARC, ELN y organizaciones criminales, que están en plena pugna por el negocio del narcotráfico, aumentando los índices de violencia y criminalidad, lo que hace necesario una estrategia gubernamental más ambiciosa, para recuperar la gobernabilidad en esas regiones.
Lo que podemos evidenciar hoy, es que los postulados del acuerdo de paz incorporados en el Acto Legislativo 2016 y 2017 a nuestro orden jurídico constitucional, difícilmente se cumplirán en su totalidad y por el contrario, generan mucha suspicacia en los ciudadanos y frustración por los irrisorios avances, en materia de verdad, reparación a las víctimas y no repetición, lo que se traduce en una clara burla a los acuerdos suscritos, a la JEP y las organizaciones internacionales que acompañan el proceso de paz.
Es imperativo que haya una mayor rigurosidad por parte de la JEP, para el cumplimiento de los acuerdos suscritos, especialmente lo previsto en el régimen de condicionalidad establecido en la Ley 1922 de 2018, Artículos 61 y 67, que establecen “Revocatoria de la libertad condicionada, de la libertad condicional y de la libertad transitoria, condicionada y anticipada” para efectos de verificar el cumplimiento de las obligaciones fijadas en el acta de compromiso y por otro lado, la aplicación del Incidente de incumplimiento, “Las Salas y Secciones harán seguimiento al cumplimiento del Régimen de Condicionalidad y a las sanciones que hayan impuesto en sus resoluciones o sentencias”. Es decir, el incumplimiento de estas normas por los ex - combatientes del FARC, le quitan legitimidad a las decisiones de la JEP y se traducen en una clara impunidad.
La Justicia Especial para la Paz -JEP- no está garantizando la No Repetición, no hay seguimiento juicioso a los compromisos asumidos por los ex - combatientes de la Farc que se encuentran en el proceso y continúan delinquiendo, o hacen parte de estructuras criminales de disidentes de esa organización, además la JEP solo ha abierto 7 macro procesos, dejando por fuera de estudio, hechos relevantes de violencia, violación de derechos humanos, actos de violencia de género y abuso sexual y reclutamiento de menores en departamentos como: Nariño, Cauca y Valle del Cauca, que no serán reconocidos por esa organización, lo que nos muestra una clara impunidad, sin reparación a las victimas..
En materia de reparación a los sobrevivientes del conflicto por sus victimarios, se habla de recursos provenientes de las Farc, se comprometieron a entregar 30 mil millones de pesos al finalizar esta vigencia, una cifra irrisoria de una organización multimillonaria, que acumuló dineros ilícitos, producto del secuestro, la extorsión, el narcotráfico, el lavado de activos y la minería ilegal ¿En dónde están los activos de esa organización para reparar a las víctimas registradas? Los cuales según el Registro Único de Víctimas, supera los 8 millones de personas ¿En dónde la reparación por el impacto de ese conflicto al medio ambiente y biodiversidad? es decir, no habrá reparación integral a las víctimas.
Lo que estamos presenciando hoy, en materia de aplicación de la Justicia restaurativa por parte de la JEP, es que, la impunidad será el premio mayor para los victimarios de esta gran catástrofe de violencia y muertes. La verdad verdadera de lo que pasó en muchos episodios del conflicto, será una verdad a medias y a conveniencia de los victimarios; vemos como se repiten en muchas regiones del país, hechos violentos de las mismas características y sigue siendo el pueblo, víctima de toda esta violencia.
El acuerdo de Paz, firmado entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, será una ilusión para la presente y las futuras generaciones, porque cada día se diluye más por su incumplimiento. ¿Estaremos condenados a 50 años más de violencia?
Es el momento de re-direccionar y dar cumplimiento a lo pactado en la Habana. Nuestra sociedad no acepta más desafíos al Estado por parte de un grupo de bandidos, ex- jefes de esa organización que buscan desestabilizar al país, generando más violencia, con el único objetivo de continuar en el negocio del narcotráfico.
Se requiere ese gran acuerdo sobre lo fundamental que planteó el líder conservador Álvaro Gómez Hurtado en su momento, para construir un nuevo contrato social que permita superar la fragmentación que sufrimos, encaminarnos hacia una sociedad menos violenta, justa, equitativa, democrática; debemos superar la actual crisis y avanzar en la senda de un desarrollo económico sostenible.
