Frente a la situación administrativa que se presenta respecto a la medida de aseguramiento al Gobernador del Chocó, Ariel Palacios Calderón, consistente en detención domiciliaria, la ley 1475 de 2011 (Reforma Política) plasmó la forma como podría suplir la vacante en el cargo y así solucionar este tipo de inconvenientes.
La solución que expresa la ley es que inmediatamente se presente la vacante y se notifique la decisión por parte del juez o magistrado al señor Presidente de la República, este procede a designar una persona para su reemplazo, como en el caso de Jefferson Mena, quien fungió como gobernador por tres meses tras otro fallo que separó al titular de su cargo también por un contrato relacionado con la pandemia, por allá en 2020.
El Decreto 2022 de Febrero de 2022, modifica la norma, de manera que tan pronto se presente este tipo de situaciones, asumirá automáticamente las funciones de Gobernador, el Secretario del Interior. Sin que en esto tenga competencia el Gobierno Nacional hasta tanto el Presidente designe una persona y proceda a solicitar una terna entre los partidos de la coalición que eligieron al gobernador.
Hasta ahí todo claro! El problema es que a más de dos meses que se presentó esta situación, el gobierno nacional no designa reemplazo para cubrir la vacancia administrativa, cosa que sí hizo en menos de 24 horas, en los casos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero y el de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado, suspendidos por la Procuradora General Margarita Cabello, Acusados de supuesta participación en política.
Y aunque los reemplazos de estos dos burgomaestres, han resultado un completo caos, pues Juan Camilo Restrepo, en el caso de la capital de Antioquia, ha encontrado una terrible resistencia de parte de los secretarios de despacho, que se han declarado en rebeldía y en el caso de Ibagué, Hurtado ha buscado por todas las formas de regresar a su cargo por medio de tutelas, pero hace unas horas fue ratificada Johana Aranda como su interina, en el caso de la Gobernación continúa la administración departamental, en cabeza de Winner Mosquera, Secretario General y de William Darwin Halaby, según se presente la situación.
Aquí el tema no es si lo hacen bien o mal, el tema es que hay una vacancia que debió haberse resuelto hace rato y que el presidente tiene muy claro los inconvenientes que esta representa, ad portas de una campaña electoral a la presidencia, amén de temas financieros y administrativos.
Para nadie es un secreto que el Chocó es un departamento de Colombia con una riqueza natural incomparable, se destacan la minería, la explotación de maderas, la pesca, pero a su vez carga con un lastre de corrupción administrativa, burocracia paquidérmica, malos manejos financieros, inoperancia, ineptitud y un marcado desapego por lo propio, un desinterés por el sentido de pertenencia, un importaculismo a máxima escala.
Por su parte la Contraloría General de la República identificó que este departamento del pacifico colombiano sería el de mayores índices de pobreza en Colombia, donde la inversión en la población más vulnerable no alcanza el 1% en el Plan de Desarrollo Departamental.
En ese informe, el contralor delegado para la población focalizada explicó que es desoladora la inversión destinada a la población de escasos recursos del departamento, lo cual quedó en evidencia tras una visita de seguimiento en Quibdó.
Además, en cuanto a los recursos planificados dentro del Plan de Desarrollo del departamento, o sea, lo que se destina para adelantar programas de atención a favor de la población vulnerable es muy poco.
Los chocoanos reclaman que de los 2.5 billones de pesos de presupuesto indicativo para el cuatrienio en el Plan de Desarrollo del Departamento del Chocó solo $176 mil millones son destinados de manera específica para estos grupos poblacionales, incluidos los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
No obstante, dicha situación sería la misma en Quibdó, donde el presupuesto contemplado en el Plan de Desarrollo es de $1.3 billones para el cuatrienio, sin embargo, la inversión en la población vulnerable es de 17 mil millones de pesos, lo que en términos porcentuales superaría el 1%, un margen demasiado corto.
En fin, una situación bastante caótica y sin esperanzas de mejorar, que se suma a la ya preocupante realidad vivida a diario por sus habitantes en cuanto al orden público a lo largo y ancho de su territorio.
Por eso, desde esta columna, hacemos un respetuoso llamado al Señor Presidente de la República, Iván Duque, que favor resuelva lo más pronto posible la vacancia administrativa de este departamento, cuyo retraso solo trae es más ingobernabilidad a un departamento que ya no aguanta una problemática más.
La terna ya fue enviada con sus respectivos representantes de los partidos de la coalición, verde, conservador y liberal, con hojas de vida óptimas, para afrontar la grave problemática y coger las riendas de este departamento lleno de gente buena y trabajadora, pero pésimamente gobernada.
¿Hasta cuando la vacancia?
