Llegó el momento de empoderar y reivindicar los derechos de la mujer, de decir no más a quienes quieren intimidarnos, maltratarnos y violentarnos, de contar con más y mejores oportunidades laborales, de romper con el ciclo de violencia y dependencia económica, y de ocupar altos cargos públicos o privados gracias a nuestras capacidades y formación. Por eso, hoy quiero exaltar la jornada legislativa que tuvimos en el Congreso el pasado 24 de marzo, la cual denominamos “Día M”. ¡Legislamos a favor de la mujer colombiana! Por primera vez en la historia de nuestro país se priorizó la discusión de proyectos de ley exclusivamente sobre mujer y equidad de género.
Celebro la aprobación en primer debate del proyecto de ley de las Casas Refugio, iniciativa de mi autoría que he impulsado de manera prioritaria desde hace un par de años y que busca garantizar en todo el territorio nacional la apertura de estas casas para darle acogida a las mujeres y sus hijos víctimas de violencia o que estén en peligro de sufrirla. Allí se les brindará protección y atención integral a partir de asesoría y asistencia jurídica, psicosocial, psicopedagógica y ocupacional para aliviar y ponerle fin al ciclo de violencia, reconstruir sus proyectos de vida, su autonomía y promover su empoderamiento. Será una manera de fomentar un sistema fuerte y eficaz de atención y apoyo integral a la mujer maltratada al interior de su hogar en todos los departamentos del país donde, sabemos, aún existen dificultades de capacidad de respuesta ante estas situaciones.
Según ONU Mujeres, la violencia hacia las mujeres y las niñas, esta que sufrimos por el simple hecho de ser mujeres, es la violación de derechos humanos más extendida en el mundo: al menos 1 de cada 3 mujeres ha sido víctima de algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Sin embargo, las medidas que se han adoptado a nivel internacional y nacional para proteger a las mujeres de los actos violentos han sido insuficientes. En Colombia las cifras no son nada alentadoras. La Fiscalía General de la Nación reveló que hasta el 14 de febrero de este año se presentaron 31 casos de feminicidios en el país, mientras que entre 2016 y 2020 se reportaron 2.673; por otra parte, en el 2020 hubo 36.339 casos de violencia intrafamiliar contra las mujeres y 15.462 de violencia contra nosotras bajo presunto delito sexual.
A todo esto, sumémosle las situaciones de violencia surgidas durante la pandemia: la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer reveló que durante la cuarentena obligatoria del año pasado los casos de violencia contra la mujer se dispararon. Las llamadas de emergencia aumentaron en un 170 por ciento, tan solo en las primeras semanas y, según la Fiscalía General de la Nación, entre marzo y agosto de 2020 hubo más de 60.000 denuncias por violencia intrafamiliar, es decir, 249 denuncias diarias, sin contar el subregistro que seguramente existe.
Las mujeres no podemos seguir siendo violentadas sin que hagamos algo por detenerlo. Debemos luchar desde todos los ámbitos para que casos aberrantes como el de Rosa Elvira Cely y Yuliana Samboní no se conviertan en titulares de prensa diarios. Justo esta semana tuvimos que lamentar el feminicidio de la estudiante de enfermería Karina Paola Cuesta, cuyo cuerpo fue encontrado dentro de un costal abandonado en una vía de Tierralta, en el departamento de Córdoba; y también el caso de una menor que sobrevivió a más de 70 puñaladas propinadas por otros menores en una casa de Soledad (Atlántico).
Todos estos hechos, que dejan tras de sí mujeres afectadas psicológicamente, hijos huérfanos y familias desechas, hacen indispensable seguir avanzando en iniciativas que nos permitan garantizar que se tomen todas las acciones necesarias de prevención; que incentiven la modificación, transformación y erradicación de estereotipos de género; que promuevan la investigación y sanción de todos los actos de violencia contra la mujer, y que permitan garantizar a las sobrevivientes y/o a las familias de las víctimas de feminicidio, una reparación justa y eficaz.
Quiero destacar que durante la jornada de esta semana en el Congreso aprobamos iniciativas que, primero, ofrecen servicios financieros para personas cabezas de familia; segundo, que buscan enseñarle a nuestros niños y jóvenes sobre la protección legal y constitucional de la mujer; tercero, sobre la necesidad de fortalecer la inserción laboral y educativa de las mujeres en sectores en los que nuestra participación ha sido baja; y, cuarto, incentivar y facilitar la participación de la mujer en el mundo empresarial. ¡Sí es posible reconocer el valor de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad y para eso estamos legislando!
Nuestro empoderamiento tiene que empezar desde pequeñas, desde nuestra relación con el entorno, con nuestros familiares, profesores y con el proceso de aprendizaje, por eso la educación en los colegios es fundamental si queremos lograr mujeres líderes que no se subestimen. Es muy importante que impulsemos a las niñas desde temprana edad a alcanzar sus sueños. Ya es hora de romper paradigmas y de acabar con la brecha de inequidad, de alzar nuestra voz y quitarnos el temor. Por eso, mi invitación es a que todos como colombianos trabajemos para que la igualdad de género deje de ser pensada como un privilegio y sea lo que es y debe ser, un derecho de todas las mujeres.
Hoy existe un consenso global y nacional sobre la igualdad de género, no sólo como un derecho fundamental, sino como la base necesaria para conseguir sociedades pacíficas, prósperas, sostenibles e innovadoras. Colombia no puede quedarse atrás. Los progresos del pasado y la lucha presente nos llenan de esperanza: la construcción de un país con igualdad real y equitativo para todos, con independencia de nuestro sexo, es una posibilidad verdadera. Por eso, queremos que el “Día M” no sea solo un día, hay que seguir abriendo espacios en el Congreso que nos permitan avanzar en la agenda de género a partir de leyes que garanticen el goce efectivo de oportunidades, tratos y derechos.
Encima: Ataques de disidencias de las FARC contra varios municipios del Cauca (Argelia, Caldono, Suárez, Toribio), el secuestro de un funcionario de la Fiscalía en Caloto y la detonación de un carro bomba contra la alcaldía de Corinto, son crímenes de guerra que no deben quedar impunes. Solidaridad con las víctimas y justicia para Colombia.
