Santiago Valencia
Abogado, especialista en Derecho Administrativo con Maestría en Análisis Económico del Derecho, se ha desempeñado como profesor universitario, abogado litigante, consultor jurídico y en asuntos políticos y públicos, fue elegido Representante a la Cámara (2014 – 2018) y Senador (2018 – 2022), en el Congreso fue miembro de las comisiones primeras constitucionales, Presidente Comisión Primera (2019 – 2020), Presidente Comisión de Ética y Estatuto del Congresista (2020 – 2021).
Santiago Valencia

Dosis mínima e ideología

A la política colombiana le ha hecho falta, en las últimas décadas, la coherencia. Hoy, los ciudadanos, no vemos prácticamente en casi ningún partido un conjunto de ideas y principios que caractericen a determinada colectividad o movimiento, no representan hoy visiones del que y de el como hacer las cosas con las cuales los ciudadanos se puedan identificar.

La mayoría de los partidos son hoy unas veletas, persiguen y se mueven por los vientos del poder de turno, así no exista ninguna identidad, incluso no importa si son antípodas del pensamiento, como buena parte del Partido Conservador abiertamente apoyando a Petro, u otros solapadamente dejando que pasen las cosas, tal vez por algo de burocracia o por un pedazo de poder, con algunas honrosas excepciones que han asumido lo que corresponde al pensamiento conservador frente a Petro y sus ideas, la oposición.

El Pacto Histórico es un conjunto de partidos con matices de izquierda, algunos de sus miembros más moderados, otros totalmente radicales. Más allá de eso, el gobierno de Petro es absoluta y fundamentalmente ideologizado, diametralmente opuesto a los acomodados partidos que lo acompañan. Este gobierno desprecia lo técnico, hace caso omiso de la información disponible y toma decisiones de manual, no importa que pase, es lo que la ideología ordene. Semejante disparate solo podría darse en la política colombiana; partidos sin ideología, apoyando por mermelada a un gobierno cegado por su doctrina.

Algunos de ellos, seguramente consientes de las barbaridades que cometen, acuden con bastante regularidad a la mentira para poder argumentar las decisiones que toman, un intento cobarde por justificar lo injustificable. El ejemplo más reciente, la sarta de mentiras que han dicho frente al Decreto que permitía la incautación de la dosis mínima y la imposición de multas por poseerla y consumirla en espacios públicos.

Lo primero que deben saber los colombianos es que el decreto no penalizaba el consumo de drogas, ni en dosis mínima ni en ninguna dosis, en primer lugar, porque un Decreto, desde el punto de vista constitucional, no puede crear, modificar ni suspender delitos, los cuales solo pueden ser creados por Ley, es decir, por el Congreso de la República, y estar contenidos en el Código Penal, en segundo lugar, porque desde el punto de vista normativo es absurdo penalizar el consumo de drogas o de cualquier sustancia o producto, básicamente porque interfiere con la órbita de decisión interna de las personas y se encuentra por fuera de la capacidad normativa del Estado.

Otra claridad, es que no es lo mismo un delito a una contravención. Los delitos son comportamientos antijuridicos, que por su gravedad son penalizados por la Ley, la política criminal del país es la encargada de determinar que comportamientos afectan los bienes jurídicos tutelados más importantes y les imponen una sanción que debe persuadir a un sujeto de cometer el delito y, en caso de hacerlo, castigarlo de forma ejemplarizante. Las contravenciones, al igual que los delitos son comportamientos antijuridicos, pero menos graves, por lo que no son un delito, es decir, no tienen penas privativas de la libertad, pero si pueden ser multadas por atentar contra la convivencia.

Es así como el Decreto buscaba proteger los espacios públicos, principalmente donde hay niños, adultos mayores o enfermos, cerca de escuelas, parques u hospitales para que allí no se pudiera consumir, mucho menos vender drogas. ¡No metía a los portadores a la cárcel! simplemente le daba herramientas a la Policía para incautar la sustancia y en determinados casos para multar al portador.

Otra razón de ser del decreto es que los dealers o vendedores de droga, aprovechando las sentencias de la honorable Corte sobre el porte de la dosis personal, vendían drogas en estos espacios al menudeo, por pequeñas dosis, evitando la acción de la Policía y montando temidas y terribles redes de microtráfico, afectando la seguridad de las comunidades, los barrios y comunas de nuestras ciudades.

Es así, como en una decisión absurda, ideologizada, sin información y llena de mentiras, Petro decidió desproteger a los niños y jóvenes, quienes tendrán que convivir en sus espacios de recreación con consumidores y vendedores de droga. Están de pláceme todos los bandidos, pandilleros, miembros de combos, micro y traficantes de drogas, quienes con la estrategia del menudeo podrán recobrar los espacios que habían perdido para continuar con su macabro negocio, además de seguir enriqueciéndose para poder conseguir más armas, más control territorial y más poder para seguir intimidando a los buenos ciudadanos de Colombia.

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