“Me quitaron a mi hijo lactante hace un año y tres meses de manera arbitraria en una comisaría, sabiendo que siete meses antes, había denunciado a mi expareja por un grave caso de violencia intrafamiliar”.
A diario son muchos los casos que recibo sobre graves denuncias de presunta corrupción que se presentan tanto en Comisarías de Familia, como en el Instituto de Bienestar Familiar de Bogotá y Medellín. A raíz de decisiones arbitrarias, las mujeres pierden abruptamente a sus hijos, muchos de ellos con apenas meses de vida, incluso en etapa lactante, sin que exista hasta el momento control alguno.
Lo más indignante, como algunas de ellas me lo mencionan, es que este tipo de decisiones se toman sin tener en cuenta denuncias previas que estas mujeres han realizado por violencia intrafamiliar en contra de sus exparejas, y, aun así, estas entidades resuelven favorecer al agresor con la custodia de los menores, como es el caso de Emiliana Yepes, quién denuncia negligencia por parte de estas entidades.
“Me quitaron a mi hijo lactante hace un año y tres meses de manera arbitraria en una comisaría en Medellín, sabiendo que siete meses antes, yo había denunciado a mi expareja por violencia intrafamiliar en Bogotá. Pese a esto, él me contra denuncio, y de víctima me convertí en victimaria, interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, y la Comisaría de Familia de Usaquén donde jamás se me citó a una audiencia y solamente supe que me habían citado para notificarme de un fallo que me condenaba por violencia intrafamiliar y para interponer los recursos de ley”. Asegura Emiliana.
A parte de la violencia vicaria, estas mujeres también son víctimas de Violencia Institucional, ya que una vez acuden a las Comisarias de Familia en búsqueda de justicia, lo que encuentran es un trato irrespetuoso y poco humanizado por parte de sus funcionarios.
“Llevo un año dando vueltas y ninguna entidad ha querido abocar conocimiento, no se quieren ensuciar las manos, siento que ya no puedo más, mi bebé me necesita llora y grita cuando me voy, lo puedo ver cada dos meses en un salón de la unidad de él con vigilancia. Colombia está en emergencia por violencia de género, además ser víctima de violencia vicaria es estar en riesgo extremo de feminicidio”. Concluye Emiliana en medio de llanto.
Pero, ¿Qué es la violencia vicaria?
Se entiende como situaciones en que se va a llevar a cabo algún tipo de agresión sobre una persona o en sustitución de otra, la cual sería el verdadero objetivo, o de manera colateral. La motivación suele ser asociada a una venganza. En la práctica, esto ocurre sobre todo en contextos familiares, y es por ello que en términos generales se considera que es una forma de violencia intrafamiliar. Resultan especialmente graves los casos de quienes dañan a sus hijos o hijas para hacer daño a un ex, fenómeno que incluso ha dado lugar a escándalos como el asesinato de niños o niñas a manos de su padre o madre. Circunstancias que en Bogotá cada vez son más comunes, por lo que es necesario prender las alarmas.
De acuerdo con el boletín estadístico emitido por el Grupo Centro de Referencia Nacional sobre Violencia (Gcern) del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, solo en el primer trimestre de este 2023 se registraron 11.491 casos de violencia intrafamiliar en los que la víctima era una mujer, contra 3.494 en los que el afectado fue un hombre.
Pese a que en estos casos no se puede establecer si existió violencia vicaria, precisamente porque no está tipificada en el sistema jurídico del país y por lo tanto no hay un registro, según lo mencionado por la representante, es muy probable que sí se haya cometido esa conducta en muchos de esos sucesos.
De otro lado están las cifras de la Fundación Colombiana Contra la Violencia Vicaria. Según los registros de esta organización, en lo corrido del 2023 al menos 517 mujeres se han acercado a solicitar ayuda por ser víctimas de este tipo de violencia. En su mayoría se encontraron denuncias de ciudadanas a quienes les arrebataron sus hijos de manera arbitraria; solo en cuatro casos se logró recuperar a los menores de edad.
Otro de los reprochables casos es el de Martha, una mujer mayor que después de la muerte de su hija debido a un cáncer, se dedicó a cuidar a su nieta, sin embargo, se convirtió también en una víctima más de Violencia Vicaria a raíz de presuntos casos de corrupción en Comisarías de Familia. La custodia de su nieta le fue otorgada al padre, quien, según ella, nunca se interesó por la niña, hasta que se enteró de una pensión que dejó su madre antes de morir.
“Mi niña me fue arrebatada, todo por un dudoso procedimiento del ICBF seccional Usme. La defensora de este centro, dijo que se le estaban vulnerando todos sus derechos, y se atrevieron a ir a su colegio para sacarla para dársela a su padre, todo porque ella ahora es garante de la pensión que dejó mi hija. Desde hace semanas que pasó esto, no la he vuelto a ver”. Me comentó Martha con mucha rabia y frustración.
Según Martha, el proceso de asignación de custodia ha sido bastante irregular y arbitrario, convirtiéndose también en víctima de violencia institucional ya que, según los funcionarios, ser abuela de la menor, no significa nada para que ella pueda asumir su custodia. “Cada vez que iba a pedir respuestas me maltrataban de la peor forma, me hacían sentir como una criminal”. Puntualiza Martha.
Según expertos, Si bien el desencadenante de las agresiones puede ser muy diferente según el caso, detrás de la violencia vicaria puede encontrarse una profunda sensación de inferioridad y falta de auto valía, las cuales generan en el maltratador una frustración que es descargada agresivamente a través de la violencia sobre otros. En su mayoría el agresor tiende a buscar la dominancia y el ejercicio del poder a través de la sumisión tanto de su pareja como de la los infantes, sintiéndose una figura autoritaria y disfrutando de una obediencia y control de la situación con las que se intenta compensar sus inseguridades. En ocasiones las conductas violentas pueden verse agravadas o desencadenadas durante estados de ebriedad u alteraciones de consciencia.
Es evidente que desde órganos de control como la Procuraduría y la Fiscalía urge realizar una revisión profunda a cientos de casos que han estado truncados a través de los años sin que pase nada. Decenas de niños están creciendo en medio de una tragedia que no les corresponde, afectando drásticamente su salud mental y la de sus madres.
Como Concejal de Bogotá, hago un llamado contundente a las autoridades para que revisen minuciosamente el proceder de estas entidades, pues, al parecer han olvidado que debe primar el bienestar de los niños. Una injusticia, no es única y exclusivamente cuestión de género. Existe una violación, en este caso, a los derechos de un niño, una madre, una mujer.
