Hace pocos días la Organización Internacional del Trabajo (OIT) publicó su informe “Perspectivas Sociales y del Empleo en el mundo: tendencias 2025”, el cual asegura que la recuperación del mercado laboral ha perdido fuerza y se encuentra bajo gran presión.
Según el estudio, “En 2024 el empleo mundial se mantuvo estable y sólo creció gracias al aumento de la población activa, lo que mantuvo la tasa de desempleo en el 5%. El trabajo informal y la pobreza de los trabajadores volvieron a los niveles anteriores a la pandemia, y los países de bajos ingresos fueron los que tuvieron más dificultades para crear empleos decentes”.
Recientemente y en reiteradas ocasiones la OIT ha insistido en proyectar un escenario laboral altamente complejo, que demanda la implementación y el fortalecimiento de un conjunto integral de diferentes tipos de políticas a nivel mundial, regional y local.
Y es que el 3,2% que registró el crecimiento económico global en 2024, indica una tendencia de desaceleración frente a los niveles pospandemia (3.3% en 2023 y 3.6% en 2024), algo que debe atenderse desde los gobiernos y las empresas con urgencia.
Hoy la recuperación de los mercados laborales enfrenta innumerables presiones y retos por la incertidumbre de los contextos económicos y sociales a nivel internacional. En Colombia se suma la situación interna que todos conocemos.
Los crecientes roces geopolíticos, los costos innegables del cambio climático en diferentes sectores, y la deuda creciente de muchos países amenazan mundialmente el empleo, el cual se sabe es la base de la recuperación económica global.
Algo muy importante es que, según la OIT, la desigualdad laboral sigue avanzando entre las zonas urbanas y rurales.
El informe indica que en 2024 la tasa de ocupación en las áreas urbanas fue de 59,1 por ciento, superando los niveles prepandemia de 2019 (58 por ciento). Mientras, las zonas rurales registraron una tasa de ocupación de 52,3 por ciento en 2024, en comparación con 53,1 por ciento en 2019.
En el anterior sentido, el Banco Mundial y otras organizaciones internacionales han asegurado que la agricultura puede ayudar a reducir la pobreza, aumentar los ingresos y mejorar la seguridad alimentaria del 80 % de las personas en situación de pobreza, que viven en zonas rurales y se dedican principalmente a esta actividad.
Hay que recordar que la agricultura es esencial para el crecimiento económico. Representa el 4% del PIB mundial y en algunos países en vías de desarrollo es considerablemente más alto. En Colombia el año pasado representó el 9.3%.
Y aunque son buenas noticias que el Dane haya registrado un aumento de 267 mil empleos en nuestros campos el pasado mes de enero, hay que reconocer que alrededor del 80% del empleo en las zonas rurales sigue siendo informal.
El agro es vital para Colombia, representa el 14,1% del total de la población ocupada. trabajar por la formalización de sus trabajadores es algo que no da espera. Esta asegura el acceso a seguridad social, pensiones, prestaciones, servicios de salud, oportunidades de capacitación y estabilidad laboral.
Además, como un efecto dominó, al impulsar el desarrollo rural mediante el empleo formal, sus comunidades crecen, el país incrementa su productividad y se garantiza la prosperidad compartida.
Por todo lo anterior, el país requiere que los sectores público y privado impulsen en la forma correcta el mismo objetivo: aumentar los empleos de buena calidad dentro de la sociedad para contrarrestar las presiones de la exclusión económica y social, que tanto afecta a nuestra ruralidad.
Para reducir la pobreza, necesitamos más empleos formales en los campos, de mejor calidad y más inclusivos.
