La semana pasada, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en claro que la justicia no se deja amedrentar por discursos políticos ni por maniobras mediáticas. Al avalar en segunda instancia las interceptaciones telefónicas dentro del proceso judicial que se adelanta contra el gobernador de Antioquia por la construcción irregular de CAIs en Rionegro, la tesis de que todo era un montaje político cada vez va perdiendo más ahínco. El mensaje es contundente: existen suficientes indicios de responsabilidad que ameritan que el caso avance y que el Gobernador dé explicaciones ante los jueces, no ante los micrófonos.
El recurso de victimizarse como blanco de persecuciones ha sido una estrategia vieja y desgastada en la política antioqueña. Pero la decisión del Tribunal demuestra que no se trata de una supuesta vendetta sino de un entramado con evidencias sólidas que apuntan a la participación directa del mandatario en un contrato cuestionado desde sus orígenes. El proceso judicial, lejos de debilitarse, hoy se fortalece con pruebas que muestran que el poder no puede usarse como escudo para evadir la rendición de cuentas.
No se le puede olvidar al país que el proceso no empieza con la elección de Luz Adriana Camargo como Fiscal General de la Nación tal como lo ha querido vender el Gobernador. Fue durante la Fiscalía del uribista Barbosa que se empezó a recolectar evidencia sobre las irregularidades de construir dos estaciones de Policía sin el visto bueno de la institución, fue durante la Fiscalía de Barbosa que se tomó la decisión de imputar al entonces candidato Rendón y que sólo se salvó en su momento porque sus abogados lograron atrasar el proceso, pero dejándolo en manos de la Corte Suprema de Justicia.
El Tribunal certificó la legalidad de las escuchas porque en las mismas está el gobernador hablando de los CAIs, incluso en una hay una presunta instrucción de Rendón de que el contrato para la construcción de la infraestructura se hiciera con unas determinadas empresas. Es decir, las escuchas son legales porque aportan evidencias que dejan muy mal parado al Gobernador por más de que pegue el grito al cielo de que tienen una motivación política.
Este golpe judicial se suma a la mala racha que ha venido acumulando el Gobernador en su gestión y en sus proyectos políticos. Primero fue la fallida “vaca” para las vías 4G, un mecanismo improvisado que terminó siendo un fracaso en toda la línea; luego, el hundimiento de su referendo de descentralización fiscal en la Comisión Primera del Senado, otro revés que desnudó la falta de rigor técnico y político de sus iniciativas. Ahora, la justicia le recuerda que tampoco puede eludir las consecuencias de sus actos en el caso de los CAIs de Rionegro.
Lo que está en juego no es solo la viabilidad política de un gobernador debilitado, sino la confianza ciudadana en que las instituciones siguen siendo capaces de poner límites a quienes creen que el cargo público es una licencia para actuar por encima de la ley. Antioquia merece dirigentes que gobiernen con transparencia, no con excusas ni con cortinas de humo. Y lo que el Tribunal Superior de Bogotá nos dice es que, por más que se intente maquillar como persecución, lo que hay es un caso serio que podría terminar en imputación y eventual condena.
El gobernador podrá seguir alegando conspiraciones y victimización, pero los hechos hablan más fuerte: su credibilidad se desploma, su agenda política se debilita y la justicia avanza. Contra las cuerdas, la pregunta no es si saldrá ileso, sino si Antioquia podrá superar pronto este capítulo oscuro para concentrarse en los verdaderos problemas de sus ciudadanos.
