Heidy Sánchez Barreto

Abogada de la Universidad Libre, especialista en derecho ambiental y cursa maestría en derecho constitucional de la Universidad Externado de Colombia. Se reconoce como una mujer feminista y antimilitarista, que representa desde el Concejo de Bogotá a las nuevas generaciones de la Unión Patriótica, partido del cual es su presidenta a nivel distrital.

Heidy Sánchez Barreto

El gobierno nacional defiende el ambiente y le cumple a la Bogotá - región

El concepto de desarrollo dominante, hijo nato del modelo de producción y consumo del capital, siempre se ha basado en el crecimiento de la economía por encima de cualquier otro objetivo. De esta forma, ha generado el imaginario social que desarrollarse es llegar a producir el máximo de bienes, servicios y dinero.

Al igual que el capitalismo que le dio origen, este modelo de desarrollo se convirtió en insostenible a escala planetaria. El mundo se enfrentó desde 1972 (I Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente) a un nuevo paradigma, ¿cómo desarrollarnos, sin acabar con la fuente primaria de la riqueza (la naturaleza)? La conclusión de los grandes teóricos del capital, no fue otra que incorporar las consecuencias de la destrucción natural a las externalidades de los proyectos, convirtiendo en frase de pila y consigna global “el que contamina paga” y a su vez, convirtieron el debate en un sofisma de distracción discursivo adicionando rimbombantes calificativos que no cambian el origen y esencia, sino matiza su concreción denominándose desarrollo “sostenible” – “sustentable” – “verde”, entre otros.

Los resultados de esta política han sido nefastos, la depredación del ambiente sigue en aumento y la reducción de los gases de efecto invernadero no avanza en los niveles planteados en el Acuerdo de París (2015), demostrando el fracaso del capitalismo verde y el riesgo inminente de la existencia en el planeta. De acuerdo con el Informe del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático[1] (IPCC) en 2023, hay consecuencias irreversibles para la pervivencia de la especie humana, el calentamiento global ha generado un aumento de 1.1 °C provocando cambios en el clima de la Tierra que no tienen precedentes en la historia humana reciente, pero lo más grave, es que se proyecta que las emisiones globales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) alcanzarán su punto máximo antes de 2025 generando un aumento de 1.5 °C lo que causará aumentos claramente perceptibles en la frecuencia y severidad de calores extremos, lluvias severas y sequías regionales.

Producto de esta crisis, la agenda ambiental del Gobierno del Cambio ha priorizado la acción climática en el Plan Nacional de Desarrollo, por eso la adaptación, la resiliencia y la mitigación en los territorios es un eje transversal que se articula con la gestión del riesgo de desastres, la adaptación a la variabilidad y al cambio climático. Sumado a ello, el Gobierno ha levantado las banderas del buen vivir, planteando la necesidad de reconvertir el modelo productivo en el país, centrado y concentrado en el extractivismo primario, la generación de energía mediante fuentes fósiles e hidroeléctricas y en la im-productividad del agro basado en la ganadería extensiva y los monocultivos.

El cambio se ve, por esto la preservación, conservación y restauración de los ecosistemas estratégicos y el ordenamiento del territorio con base en el agua se ha hecho una prioridad para la reconfiguración del país. Es así como en el mes de septiembre del 2023 se han presentado 2 hechos históricos para la sabana de Bogotá, los cuales tienen una repercusión directa en la ciudad de Bogotá, el primero, en cabeza del Ministerio de Agricultura, donde se dio a conocer un borrador de resolución "Por la cual se declara una Zona de Protección para la Producción de Alimentos en la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca y se dictan otras disposiciones".

Dicha resolución, basada en el artículo 65 de la Constitución, que enuncia que la producción de alimentos gozará de la especial protección del Estado y, para tal efecto, se priorizará el desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales. Para lograr este fin, se propone declarar como Zona de Protección para la Producción de Alimentos (ZPPA), la provincia Sabana Centro del departamento de Cundinamarca, conformada por los municipios de Cajicá, Chía, Cogua, Cota, Gachancipá, Nemocón, Sopó, Tabio, Tenjo, Tocancipá y Zipaquirá, lo que implica la protección de los suelos mediante su incorporación en los procesos de planificación del desarrollo, convirtiendo estas áreas en determinantes de superior jerarquía del ordenamiento territorial protegiendo y priorizando la producción de alimentos a cualquier otro uso de suelo.

El otro hecho de gran importancia es la realización de la Asamblea Ambiental por la Sabana de Bogotá, llevada a cabo el pasado 14 de septiembre, con el objetivo de fortalecer procesos de trabajo entre el Ministerio de Ambiente  y Desarrollo Sostenible y las comunidades locales, así como promover un acuerdo por la protección y el ordenamiento alrededor del agua de la Sabana de Bogotá que defienda los ecosistemas altoandinos como páramos, bosques andinos y humedales, teniendo como eje articulador el río Bogotá, que drena las aguas provenientes de páramos y montañas hacia el río Magdalena y que contiene áreas protegidas conformadas por páramos, la cuenca alta del río Bogotá, la Reserva Thomas Van der Hammen, los Cerros Orientales y el complejo urbano de humedales de importancia internacional Ramsar que requieren protección especial.

Este espacio de gran importancia contó con participación de sectores del campesinado, empresarios, pueblos indígenas, organizaciones sociales y ambientales, académicos, y comunidad en general, creando estrategias para enfrentar la crisis ambiental, teniendo como prioridad la implementación del Acuerdo de Escazú mediante el fortalecimiento y la conformación de redes socioambientales  para la gobernanza, el fortalecimiento de redes productivas como actores para la recuperación y protección ambiental y social de la sabana soportado en una economía de la biodiversidad.

Basado en ello, al unísono las comunidades se pronunciaron en contra del proyecto que adelanta la actual Alcaldía de Bogotá de ampliación de la Av. Boyacá que afecta directamente la conectividad ecosistémica entre Cerros Orientales y humedales con el río Bogotá, fragmentando la Reserva Thomas Van Der Hammen. Dicho proyecto pretende construir una vía de 69 metros de ancho, infringiendo lo contemplado en un principio en el Plan de Manejo Ambiental y generando una gran presión antrópica sobre la reserva, configurándose como punta de lanza para la materialización del sueño de Peñalosa de urbanizar la zona noroccidental de Bogotá con la actuación estratégica Lagos de Torca.

Saludamos las acciones adelantadas por el Gobierno Nacional para proteger los ecosistemas estratégicos de producción alimentaria y de conservación del patrimonio natural que permitan configurar una nueva Bogotá-Región basada en la vida y no en los negocios privados como lo sueña Claudia López que con la excusa del desarrollo convierte el discurso “verde” en un nuevo sofisma de distracción para garantizar la ganancia privada en detrimento de la ciudad.

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Heidy Sánchez Barreto
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