Le abrimos la puerta a Air-e y Afinia.
En este mes dimos las riendas del servicio de energía de la región Caribe a dos nuevos operadores – inversionistas y, de esta manera, cerramos la puerta a la tormentosa Electricaribe. Un horror de empresa que en la última década tiró por la borda las inversiones en expansión de redes eléctricas y en el mantenimiento de equipos como subestaciones y líneas de transmisión en los siete departamentos bajo su responsabilidad: Atlántico, Bolívar, Magdalena, La Guajira, Sucre, Córdoba y Cesar.
El Estado colombiano estaba en deuda con más de 10 millones de habitantes. Después de fallarles con la supervisión a la prestación del servicio y del funcionamiento de la compañía, antes filial de Unión Fenosa, era su obligación ofrecerles una solución estructural y definitiva a esta zona que representa el 25% de la demanda de energía eléctrica en el país.
Empezamos a ver luz de esperanza cuando, después de insistentes peticiones desde distintos sectores, la Superintendencia de Servicios Públicos tomó posesión de los bienes, haberes y negocios de Electricaribe, el 15 de noviembre de 2016; sin embargo, el camino hasta el día de hoy ha sido largo.
Desde entonces, varias fechas estuvo lanzando el Gobierno nacional en cuanto al cronograma para la búsqueda del nuevo operador y los de mantenimientos e inyección de recursos para una gradual mejora en la infraestructura mientras se surtía el proceso final.
En marzo pasado se concretó la adjudicación por subasta y la suscripción del contrato de adquisición de las acciones y activos de Electricaribe a las Empresas Públicas de Medellín (EPM) y al Consorcio Energía de la Costa que, respectivamente, atenderán dos mercados: Caribe Mar, compuesto por Bolívar, Sucre, Córdoba y Cesar; y Caribe Sol, por Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Aunque la noticia es alentadora para el desastre que vivimos los costeños con Electricaribe, lo cierto es que vemos con suspicacia este proceso que consideramos se cumplió a ciegas y por el que los congresistas hemos pedido claridad para saber cómo se dio la negociación y cuál fue la cifra real de la venta de Electricaribe. Las razones del Ministerio de Minas y Energía y de la Superintendencia de Servicios Públicos señalan que la venta está sujeta al derecho privado, lo que nos deja bastante insatisfechos. De frente nos ponen una piedra en el zapato en nuestras funciones constitucionales de control político. Acaso, ¿les avergüenza el valor que pagaron los operadores por Electricaribe?
Antes y después de la intervención, en el Congreso de la República iniciamos una lucha frente al Ejecutivo denunciando, una y otra vez, la grave problemática en el servicio eléctrico y los atropellos que sufren los usuarios, víctimas de apagones repentinos y prolongados de energía, caídas de cables y postes, daños en electrodomésticos y maltrato al bolsillo por el pago de altas tarifas. Razones para que en la Bancada Caribe, en Senado y en la Cámara de Representantes, lideráramos decenas de debates de control político sobre la indignante situación.
Por otra parte, en los últimos días hemos sentado una posición de rechazo a la nueva regulación que analiza el Ministerio de Minas y Energía sobre una modificación transitoria para el cálculo de los costos de comercialización de la energía, por cinco años, incrementando así la tarifa final del usuario, desde 2021. No podemos permitir que se suba un solo peso hasta que el servicio mejore porque los nuevos operadores primero tienen que invertir.
Afortunadamente, hace unas semanas celebramos que el Distrito de Barranquilla ganó la batalla jurídica a la demanda que le interpuso Electricaribe por consumo de energía de 35 barrios subnormales, durante los últimos tres años. Una pretensión cínica y descarada porque somos los usuarios las víctimas del mal uso de los recursos PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) que llegaron a través de los últimos tres gobiernos a las arcas de la empresa y que no invirtieron para normalizar a los sectores más vulnerables de la ciudad.
A los costeños les decimos que nuestro trabajo legislativo no termina aquí. En la Bancada Caribe seguiremos vigilantes de la nueva era que inició y denunciando si se presentan irregularidades para que sea un proceso serio, transparente y responsable con los recursos públicos. Igualmente, en este camino seguirá siendo fundamental el compromiso del Gobierno nacional con la región, como garantes de este proceso de negociación que lideraron y responsables del deterioro que sufrió por años nuestro servicio de energía del que estamos intentando recuperarnos.
Anhelamos que, por fin, la pesadilla de Electricaribe quede en el pasado y que el remedio no resulte peor que la enfermedad.
