Cada día nos enfrentamos a todo tipo riesgos. Algunos son más peligrosos que otros y muchos de estos avanzan despacio y son imperceptibles para la mayoría de las personas. En lo corrido del siglo XXI, hemos visto grandes avances, pero también graves riesgos y amenazas colectivas en materia de seguridad, justicia y convivencia ciudadana que acechan por todas partes, lo que ha hecho difícil generar una respuesta pública seria y colectiva en Colombia. Soy testigo de que las decisiones políticas en este campo son complejas, pues se trata de riesgos públicos o sociales, ámbito que los encargados de formular y liderar la implementación de verdaderas políticas públicas con enfoque territorial no han abordado bien.
A propósito de la actual contienda electoral para gobernadores y alcaldes en Colombia, llamaré la atención sobre la mayor amenaza a la que nos enfrentamos en muchos municipios y ciudades: ausencia de propuestas programáticas pertinentes, coherentes y viables. La podría definir como amenaza grave que provocaría grandes daños. Los problemas públicos se atienden con políticas públicas territoriales y debemos ser conscientes de que los problemas colectivos actuales no se pueden solucionar de forma fácil o rápida y más aún cuando lo que se anuncia adolece de un verdadero diagnóstico con participación ciudadana.
Para constatar cómo se han anunciado propuestas inadecuadas que ponen en peligro la vida de miles de personas, realicé un análisis de varias de ellas en temas de seguridad ciudadana. En primer lugar, los programas son largos y a pesar de ello no están fundamentados en diagnósticos y en evidencia empírica. No hay claridad ni focalización en los problemas públicos que se desean atender. Lo más preocupante es que no resaltan la importancia de los factores de riesgo, conflictividades, alertas tempranas y, mucho menos, los comportamientos contrarios a la convivencia que hoy perturban a la mayoría de los ciudadanos. Me pregunto si de verdad los candidatos se preocuparon por conocer los problemas de seguridad ciudadana y convivencia ciudadana.
En segundo lugar, muchos candidatos incluyen temas de crimen organizado. Sin embargo, las propuestas en este campo son muy generales como fortalecer la investigación criminal y la inteligencia. No se observa una visión estratégica de las futuras autoridades en la cual se plasme un modelo operacional sostenible en los territorios que permita incidir en la creación de capacidades institucionales acorde con la realidad que exige la intervención del crimen organizado y las economías ilegales como cooperación judicial y la persecución de sus finanzas criminales.
En tercer lugar, casi todas las propuestas revisadas tienen un componente de tecnología sin un objetivo claro. Se menciona el aumento de cámaras, drones, alarmas y reconocimiento facial, puesto que, si bien hoy son importantes en las ciudades, preocupa el abordaje planteado sin un enfoque integral y sostenible a largo plazo. Las iniciativas no están fundamentadas en un sistema integral que permita la gobernanza de los datos, la articulación y complementación de las capacidades existentes en materia de vigilancia pública, investigación y respuesta rápida y focalizada ante los reiterados eventos de delincuencia y violencia. No hay claridad en cómo vigilar las ciudades para controlar el delito y cómo usar los nuevos avances de la tecnología para proteger a los ciudadanos.
Por último, los candidatos han considerado que el aumento del pie de fuerza policial y en algunos casos con asistencia militar es una medida que garantizaría la seguridad en las ciudades. Pero en verdad este tipo de propuestas no pasa de ser un anuncio más. La autonomía y el margen de los gobernadores y alcaldes para cumplir con estas promesas, más allá de pedir o rogar, es poco. Los candidatos confunden el servicio de policía a cargo de la Policía Nacional con la seguridad ciudadana como bien público o servicio público a cargo de las autoridades político-administrativas. No son viables estas propuestas ni la creación de policías locales o la inclusión de policías privadas en las agendas públicas. Me vuelvo a preguntar si los candidatos conocen el modelo de policía y el ordenamiento jurídico de Colombia y sobre todo qué acciones podría realizar un gobernador o alcalde para fortalecer el servicio de policía.
Por desgracia, el tiempo para estructurar y presentar propuestas viables, pertinentes y coherentes se acabó y la mayoría de las personas continúan pensando que el futuro se parecerá al pasado. Craso error. Nos estamos enfrentando a un cambio sin precedentes, estamos perdiendo la relativa estabilidad que hemos tenido y nos acercamos a una época de mayor conflicto y caos. Sin embargo, como ciudadanos tenemos la oportunidad de tomar la mejor decisión individualmente sobre nuestro propio destino. Mañana, a pesar de los obstáculos que mencioné en esta columna, elijamos el mejor programa que pueda dar lugar a una nueva visión de política, de desarrollo y progreso de nuestro país. Seamos los autores de nuestro propio destino.
