No existe justificación válida para sostener cualquier tipo de trato con un estado genocida como Israel. La postura de rechazo ante el genocidio debe ser categórica, en todos los escenarios y acompañada con las acciones necesarias para sancionar a Israel, para cortar de manera definitiva los vínculos con aquellos que están causando el exterminio de un pueblo. Es la razón por la que he venido pidiendo desde el Congreso de la República que se acabe el TLC con Israel y por lo cual celebro la decisión del presidente Petro de avanzar en este frente.
Quienes crean que pueden existir claroscuros en la respuesta ante el genocidio, que hay excepciones en la respuesta o consideraciones especiales que obliguen a sostener tratos con Israel son igual de cómplices que quienes niegan que el genocidio está sucediendo. Porque ante la barbarie, el horror, la destrucción y la deshumanización de todo un grupo humano la única respuesta posible es el rechazo absoluto.
No hay lugar a discusiones sobre balanza comercial, sobre obligaciones de negocios, sobre dinero, cuando la otra parte está de manera abierta exterminando un pueblo, atacando con armas, con hambre y sed. Porque Israel no es una parte en un conflicto entre dos iguales, es un Estado que ha movilizado todos sus recursos para eliminar de la faz de la tierra hasta el último palestino en Gaza y Cisjordania, que ha cortado el acceso a la comida y al agua, a los dos mínimos necesarios de cualquier ser vivo para sobrevivir.
Para quienes pongan el grito en el cielo sobre cuál es la base legal que le permite al presidente tomar una consideración de este estilo, tres argumentos: primero, Colombia como país firmante de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1949, ratificada mediante la Ley 28 de 1959, está obligada por este instrumento y el resto del Derecho Internacional Humanitario a hacer todo lo que esté en su alcance para luchar contra este delito. Segundo, el artículo 189 de la Constitución Política en su numeral 2 determina que es el Presidente quien dirige las relaciones internacionales, no los gremios económicos ni los expertos de redes sociales. Tercero, porque Estados Unidos ya pasó por encima del TLC que tenía con nosotros, imponiendo aranceles en contravía de lo dispuesto en el acuerdo sostenido con el país norteamericano; el presidente Trump acabó de facto con nuestro TLC por capricho y la oposición no se quejó, pero Petro quiere parar de hacer tratos con genocidas y la respuesta de la oposición haría pensar que nuestra vida económica dependiera de Israel.
Hay que dimensionar el momento histórico que se está viviendo. Es como si en la Segunda Guerra Mundial se hubiera mantenido vínculos con Alemania, vendiendo carbón para sostener la máquina de guerra nazi. Porque para eso se está usando el carbón de La Guajira y el Cesar, para darle energía al complejo industrial israelí puesto al servicio del genocidio. Es inaceptable que recursos de nuestra tierra, del país Potencia Mundial de la Vida, se pongan en disposición de la muerte.
No hay grises ni atajos morales: sostener vínculos con un Estado genocida es inaceptable y punto. Por eso insisto: ruptura del TLC, suspensión de toda cooperación militar y tecnológica, embargo al carbón y a cualquier insumo estratégico que alimente la maquinaria de exterminio, y sanciones económicas en el marco de nuestras leyes y obligaciones internacionales. Con el genocidio no se negocia, se corta. Y se corta ya.
