La declaración pública de Donald Trump para que votaran por el conservador Nasry Asfura (Partido Nacional) en las elecciones presidenciales celebradas el pasado domingo en Honduras, a escasas horas de que los ciudadanos acudiesen a las urnas, fue mucho más que una opinión: fue una intervención, directa, grosera e impresentable en el proceso electoral de esa nación centroamericana. Semejante iniciativa, frente a un país convulso por graves dudas sobre la transparencia de los comicios, fue lanzar una bomba sobre el poco crédito que ya tenían las elecciones hondureñas.
Pero es que Trump no se detuvo ahí: dijo que Salvador Nasralla (Partido Liberal), el aspirante que, con mayores posibilidades de éxito, enfrentaba a Asfura, no era una persona confiable con quien se pudiese trabajar. Y lo tildó de filocomunista; es decir, sugirió implícitamente que su victoria supondría un giro hacia la senda de Cuba, Venezuela o Nicaragua. Y, como si esto fuera poco, concedió el indulto y anunció la libertad de Juan Orlando Hernández. Este expresidente hondureño, copartidario de Nasry Asfura, estaba condenado y purgando una pena de 45 años en una cárcel norteamericana por tráfico de drogas y armas.
Este regalo al candidato de sus preferencias no es un detalle menor por parte de Trump: es un guiño político con aroma de impunidad. Aunque Asfura y sus portavoces se apresuraron a declarar que ese indulto nada tenía que ver con su campaña, el momento elegido —justo horas antes de que abrieran los colegios electorales— hace difícil desvincularlo del proceso.
El caso de Juan Orlando Hernández fue, en su momento, ejemplo paradigmático de complicidad entre Estado, política y crimen organizado: su gobierno fue descrito por fiscales estadounidenses como un “narco Estado” que permitió exportar cientos de toneladas de cocaína a Estados Unidos. Liberarlo ha sido, además, un golpe brutal contra cualquier discurso de moralidad o combate legítimo contra el narcotráfico.
No hay coherencia posible entre bombardear lanchas y submarinos en altamar y liberar a un convicto internacional por narcotráfico aliado del crimen organizado. La confluencia de estos dos factores —la cooptación mediática, la presión directa desde el exterior, y el perdón a un narco convicto— constituye una intervención sin tapujos que habría hecho las delicias de aquel presidente Monroe que en el siglo XIX, sentó las bases para las intervenciones que erosionaron la soberanía de diversos países latinoamericanos.
Para un país que encaraba una elección ya marcada por desconfianzas, fallas técnicas en el recuento y acusaciones mutuas de fraude —con el recuento detenido por “problemas técnicos” en diversas ocasiones—, la movida de Trump fue un mazazo a la legitimidad misma del proceso.
Lo ocurrido en Honduras es un anticipo. La pregunta ya no es si Trump intervendrá en futuras elecciones latinoamericanas, sino dónde y con qué intensidad. Los países con sistemas electorales más frágiles, crisis económicas profundas o polarización extrema podrían verse sometidos a presiones similares.
Honduras merecía unas elecciones transparentes, esperanzadoras y propias. Lo que obtuvo fue un recordatorio brutal: en el patio trasero de Estados Unidos, no siempre gana el que tiene más votos. A veces gana el que tiene más poder.
