Liliana Bitar Castilla

Cordobesa. Senadora del Partido Conservador. Vicepresidenta de Comisión Tercera Senado. Economista, especialista en Gerencia. Más de 24 años trabajando en el sector público. Sus principales preocupaciones son el impulso del emprendimiento, así como el empoderamiento económico de la mujer.

Liliana Bitar Castilla

En el Gobierno del cambio familias de los estratos 1 y 2 estarían obligadas a cocinar con leña

¿Cocinar con leña? Una pregunta que nos llevaría a unos cuantos años atrás, quizá a la infancia y a la que responderíamos que poco se usa en la actualidad o quizá de manera esporádica por quienes viven en zonas rurales y urbanas marginales, debido a que tal vez no cuentan con servicio de gas, pero esta podría ser la realidad obligada de más de un millón de colombianos de los estratos 1 y 2, en el marco del gobierno del cambio para los próximos meses del 2024 y durante el 2025.

Hace un par de semanas la Asociación Colombiana de GLP (Gasnova) alertó sobre este posible escenario, tras la falta de asignación de $45 mil millones en el Presupuesto General de la Nación (PGN) del 2024, para cubrir los subsidios de Gas Licuado de Petróleo (GLP) durante los meses de agosto a diciembre del presente año, de las familias de bajos recursos de seis zonas apartadas del país que les permite acceder al más conocido gas propano en cilindro a un costo asequible. 

La situación causó mayor alarma cuando se conoció la demora en los pagos de los subsidios que fueron ordenados desde marzo por el Ministerio de Minas y Energía, pero que solo fueron realizados hasta el pasado 20 de septiembre por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la novedad del pago pendiente del mes de agosto, más la incertidumbre de los meses que restan de esta vigencia.  

Implicaciones económicas, impacto en la salud pública y el medio ambiente

Con el retraso en los desembolsos de los subsidios por casi seis meses, es clara la falta de empatía del Gobierno Nacional con quienes más necesitan este auxilio que, de seguirse presentando, traería implicaciones económicas como el aumento en el precio del cilindro de gas para las familias de estrato 1 que en la actualidad reciben el 50% de descuento y las de estrato 2 que se benefician con el 40% del costo total del cilindro. Además, los susbsidios no entregados a tiempo hizo que las compañías distribuidoras de gas asumieran el peso financiero que quizá no puedan volver a mantener en caso de una nueva demora en los pagos de estas ayudas. 

Ahora, esta situación va más allá del tema económico que por supuesto es de suma importancia porque afecta el bolsillo de los colombianos que esperan este apoyo del Estado, pues estarían obligados a sustituir este combustible por la leña para poder cocinar, lo que traería multiples impactos en la salud pública al generar afectaciones respiratorias como la enfermedad pulmonar obstructiva (EPOC), asma y dificultades cardiovasculares, entre otras afecciones, debido al humo y a las emisiones nocivas que maltratarían de paso el medio ambiente. A este escenario se sumaría el impacto en la deforestación y el riesgo de incendios tras la manipulación inadecuada o falta de sistemas de ventilación en las viviendas. En fin, una cadena de riesgos y perjuicios que serían un retroceso en los esfuerzos del país por promover energías más limpias y sostenibles. 

Subsidios de GLP para estratos 1 y 2 desfinanciados en el Presupuesto del 2025

La falta de recursos para cubrir los subsidios de GLP para los estratos 1 y 2 se repetirá el próximo año, debido a que en el PGN del 2025 que expedirá el presidente por decreto, tras el rechazo en el Legislativo precisamente por el desfinanciamiento en diferentes sectores y regiones del país, se evidencia un faltante de cerca de $36 mil millones que equivale al 50 %, cifra validada con Gasnova que afectaría la entrega de este auxilio a las familias más vulnerables del territorio nacional. 

Adicionalmente, si se revisa la propuesta para ampliar la cobertura de GLP subsidiado para estos mismos estratos pero en otras regiones del país como los siete departamentos de la Costa Atlántica, habría un déficit de $66 mil millones que evidentemente no están contemplados en el presupuesto del Gobierno Nacional para el año 2025.

Y aunque la situación no ha entrado en colapso, cada vez se le abona más la alerta roja y por eso es indispensable que el Gobierno Nacional revise y ajuste estos rubros para evitar consecuencias económicas e impactos negativos en la salud pública y el medio ambiente. ¡Por ahora seguiremos en la incertidumbre!

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