¡Exterminio! Qué fea palabra, término inhumano. Yo pensaba que sólo se exterminaban a las cucarachas; recuerdo ese comercial que anunciaba un producto que "las mata bien muertas". Eso fue lo que hicieron con los militantes de la Unión Patriótica en el transcurso de cuatro décadas sin que nada se hiciera eficazmente para detener la matazón. Eran seres humanos.
El hecho volvió a ser noticia esta semana: “Estado colombiano es responsable del exterminio de la UP: Corte IDH”, tituló El Espectador. Y si, empieza a hacerse justicia con miles de almas, cuyo pecado fue pensar distinto: unos tuvieron derecho a velación y cementerio; de otros nadie da razón de dónde están sus restos.
Por la JEP sabemos que las víctimas son 5.733: 4.616 asesinatos y 1.117 desaparecidos; falta sumar a los que sobrevivieron. El país ha sido un mar de sangre y lágrimas sobre ese cementerio frío de las estadísticas. En este inventario aparece el abuelo de mi amiga Martha. Como lo conté en una columna de 2022, “Faustino López Guerrero tenía 78 cuando salió desde Bogotá hacia Puerto Boyacá. Corría el 4 de septiembre de 1984, al día siguiente el carpintero y dirigente agrario era una estadística más de la desaparición forzada”.
Marta forma parte de Familiares Colombia LF, una organización que busca “Saber la Verdad de lo ocurrido con sus seres queridos”, develar las estructuras responsables de los crímenes y acceder a la reparación integral.
Exterminio. Qué fea esa palabra. Lo correcto es hablar de genocidio, crímenes de lesa humanidad, holocausto, como aquel en el que los nazis borraban judíos de la faz de la Tierra sin que el mundo pestañara. Igualito ocurrió en Colombia, este país que aprendió a rasgarse las vestiduras en un acto casi teatral, donde los únicos que lloran de verdad son las viudas y los huérfanos.
Yo tenía 13 años en 1984 cuando en empezó el genocidio de la Unión Patriótica y Esteban, el menor de mis hijos, también era niño cuando el último de los militantes de ese movimiento político fue asesinado o desaparecido, en 2016. Quedan los sobrevivientes cargando su cruz. Una de ellas es la senadora Aida Avella. Está viva de puro milagro. Hace poco le contó a la periodista María Jimena Duzán el horror de su tragedia personal y familiar El pódcast es un testimonio sobrecogedor difícil de digerir sin pausa.
Esta valiente mujer recuerda aquel tiempo en que se corrió la voz de que sería bombardeado el Concejo de Bogotá porque había que matarla a ella a como diera lugar, después de salvarse en otro atentado con rocket mientras se desplazaba en carro por la ciudad. “Me pusieron una escolta de policía, allá se presentó un coronel… que me aconsejaba irme para una finca. Yo le dije: pues muchísimas gracias, ese es un consejo extraordinario. Entré a una entidad del Estado y salí por otra puerta. Entonces le dije a la secretaria: dígale al coronel… que me fui para la finca. Y me fui. De ahí salí para el aeropuerto… me fui muy lejos, no una finca propiamente, me fui al exilio”.
Vale la pena escuchar este documento periodístico, en el que nos recuerdan que en 2011 Carlos Ossa Escobar, exconsejero de Paz, declaró ante notario que hubo sectores de las fuerzas militares involucrados en los crímenes. Transcribo lo que cuenta María Jimena sobre la conversación que aquel sostuvo con el general Rafael Samudio, entonces Ministro de Defensa:
“-¿Qué es lo que te preocupa, Carlos?, le preguntó el Ministro de Defensa.
Él le respondió:
-Que todos los días matan a un integrante de la UP.
El general se quedó mirándolo y le dijo:
“Carlos, a ese ritmo no los van a acabar nunca”.
He leído “El gato y la madeja perdida”, la novela de Francisco Montaña, escritor y profesor de la Universidad Nacional, quien les cuenta a los jóvenes la historia de estos muertos. Algunas frases de sus personajes son tristemente elocuentes: “Al tercer día apareció muerto, envuelto en alambres de púas”. “…me acordé de la enorme cantidad de velorios en los que habíamos estado. Velorios de gente asesinada”.
Mientras la justicia colombiana cojea y rara vez llega, jueces externos fallaron contra la impunidad. Según el texto de la sentencia, “es claro que las acciones y omisiones o aquiescencias estatales emprendidas con el propósito de aniquilamiento de un grupo humano de cualquier naturaleza configuran siempre un crimen de lesa humanidad”.
La Corte Internacional de Derechos Humanos exige establecer la verdad de los hechos y determinar las responsabilidades penales, así como el paradero de los desaparecidos; brindar tratamiento médico a las víctimas, realizar un acto público de perdón, levantar un monumento en memoria de las víctimas y colocar placas conmemorativas, elaborar un documental sobre la violencia contra la UP, realizar foros y una campaña nacional en medios públicos para sensibilizar a la sociedad sobre este capítulos de nuestra historia y pagar las indemnizaciones a que haya lugar. También pide que, lo mismo que existe un Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto, se establezca un Día Nacional en Conmemoración de las Víctimas de la UP y que el mensaje llegue a las escuelas y colegios públicos.
Empieza la dura batalla para que el mandato no quede en el papel. A las generaciones de ahora y a las que vengan se les debe enseñar que a nadie debemos quitar del camino por pensar diferente. Mientras tengamos memoria, que no se nos olvide: eran seres humanos, no cucarachas.
