El Concejo de Bogotá debate en estos momentos dos proyectos claves que presentó la administración, un paquete de incentivos para la reactivación económica y un cupo de endeudamiento, de manera que la ciudad tenga herramientas para sortear de mejor manera la crisis económica. El 15 de octubre, día en que se publica esta columna, desarrollamos la votación del primero de ellos.
Este proyecto ofrece alivios importantes en la medida de lo que tiene a su alcance la administración distrital. No hay que olvidar que en lo relacionado con planes de salvamento a las empresas mayormente golpeadas por la crisis es el gobierno nacional el que tiene el músculo y los instrumentos directos en sus manos. Los gobiernos locales disponen de herramientas directas en materia de política social -como así lo ha aplicado Bogotá-, pero en materia económica su alcance es de mediano y largo plazo.
El paquete de incentivos para la reactivación, conocido como Plan Marshall, incluye descuentos en el ICA hasta del 20%, que podrían ser del 22% si se acepta la propuesta de la ponencia positiva; congela el predial en términos reales (los ponentes también proponen una congelación del valor nominal); para algunos avalúos menores a 150 SMMLV, amplía el pago por cuotas a predios diferentes a los residenciales; y le da incentivos adicionales, como exenciones de predial, a sectores como los museos, teatros, los jardines y los colegios.
Por otra parte, es razonable que se planteen unas medidas de equidad para gravar algunas actividades económicas que se han beneficiado en este panorama de crisis. Una de ellas es el incremento el ICA a los sectores de telecomunicaciones, financiero y plataformas de domicilios pero a lo largo de la amplia discusión se introdujo un cambio importante. Se tendrá en cuenta no sólo la visión sectorial, sino el incremento efectivo de ingresos de algunos negocios. El incremento máximo del impuesto sería de 15% en caso de aumento de ingresos superior a 50%.
Propone un incremento de las tarifas del impuesto predial unificado correspondiente al conjunto de predios residenciales de mayor valor de la ciudad – por encima de los $1.092.671.001 año base 2020- que están establecidas en el artículo 1° del Acuerdo 648 de 2016.
También plantea incrementar tarifas de ICA a sectores como el de telecomunicaciones y actividades financieras. Especialmente este último sector, que siempre cae parado, aportó poco a hacer fluir recursos de crédito para la recuperación. Son reiteradas las críticas de los empresarios, incluso los medianos, a las enormes barreras para acceder a los créditos y la poca consideración de los bancos con las dificultades del tejido productivo en esta crisis. El sector financiero pagaría ese incremento gradual desde 2022.
Como se puede apreciar, la iniciativa contiene medidas progresivas. Con mayor razón en momentos de crisis deben refinarse los instrumentos que permitan gravar la riqueza sin poner en riesgo los incentivos para la inversión y la innovación. Aunque este proyecto no es una reforma tributaria, sí emplea mecanismos vía ICA y predial para generar incentivos y busca que quienes se han beneficiado en sus ingresos durante estos meses de pandemia reviertan un porcentaje razonable de esas ganancias adicionales a la ciudad. Bastante de esta lógica le hace falta a las reformas tributarias regresivas del orden nacional, que a través de alzas en el IVA terminan impactando el precio de los bienes y el bolsillo de la gente.
En ese orden de ideas, presenté una propuesta. Dada la estructura del impuesto predial, es deseable abrir más la última categoría para poner tarifa mayor al 12,3 por mil para predios con avalúo mayor, por ejemplo, a $2.000 millones de pesos. Crear otra categoría tarifaria para predios de valor superior a $2.500 millones y otra para los que tengan avalúo mayor a $3.000 millones. En la estructura actual la última categoría es demasiado amplia (todos los predios de $1.600 millones en adelante tienen la misma tarifa).
Por eso mismo, la propuesta de Diego Laserna, uno de los ponentes del proyecto, me parece acertada. Consiste en incrementar la tarifa del impuesto predial unificado, para los predios dotacionales, con avalúo catastral igual o superior a las 238.717 UVT, de propiedad de los clubes sociales, campestres, deportivos o recreativos y que sería de 9,4 por mil en 2022 y del 12 por mil a partir del año gravable 2023. Ojalá este tipo de medidas se observaran desde el Gobierno Nacional. La solución a los gastos presentes no puede ser otra reforma tributaria regresiva que castigue de nuevo a la clase media.
Medidas para las empresas más afectadas
El proyecto inicial hace énfasis en incentivos para la formalización empresarial. A mi juicio, debe reforzarse adicionando medidas dirigidas a las empresas formales que cerraron o están a punto de hacerlo. Pueden incluirse tarifas preferenciales, por lo menos durante algunos años, mientras logran consolidarse de nuevo y evitar así su cierre. Para ello, radiqué una proposición aditiva para que las tarifas preferenciales del ICA que se ofrecen a quienes se formalicen en el artículo 15 del proyecto también apliquen a aquellas Mipymes que, habiendo sido formales y con antigüedad mayor a 4 años, hayan tenido que cerrar y quieran reanudar sus operaciones.
En un sentido similar, debe apoyarse la sugerencia de los ponentes de permitir que las empresas con 4 años de antigüedad que estén más afectadas, y que hayan tenido una reducción de 20% de sus ingresos o más durante la pandemia, también puedan entrar en los programas de crédito con subsidios con las características que se ofrecen a las unidades que se estén formalizando.
La administración ha atendido sugerencias de expertos y empresarios. En la segunda versión hizo un ajuste para excluir a algunos sectores industriales del aumento de tarifa de ICA, como los de la fabricación de desinfectantes, sustancias y productos químicos básicos, así como fabricación de jabones y detergentes. Son sectores con alta presencia de Mipymes y, si bien sus ventas se incrementaron, el comportamiento dentro de la rama puede ser muy diverso y las ganancias generadas son realmente temporales. Está pendiente revisar el efecto del incremento propuesto para la fabricación de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales y productos botánicos de uso farmacéutico. En ese sector en particular hay diversidad de agentes, desde micro hasta grandes empresas. No todas necesariamente ganaron con la pandemia y pueden verse afectaciones indeseables sobre esos actores.
En clave de cambio climático, considero que es importante que se privilegie los vehículos eléctricos nuevos, especialmente los de transporte público, en mayor medida que los que realicen conversión tecnológica a eléctricos. El proyecto inicial plantea que, desde el 2021 y hasta el 2031, los eléctricos nuevos tengan un descuento de 50% durante cinco años y los convertidos un descuento de 70% por diez años. Mi propuesta es que para los eléctricos nuevos haya un descuento de 60% durante siete años y para aquellos que realicen la conversión tecnológica, 30% por tres años.
Finalmente, puede revisarse un aspecto de la propuesta de exención del predial para jardines y colegios. En el articulado propuesto hay una brecha muy amplia entre el beneficio para el estrato 3, que es de 70%, y el de estrato 4, que es de 30% -el mismo descuento que aplicaría estratos 5 y 6-. Podría establecerse un punto intermedio para los establecimientos de estrato 4, fijando el 50% de exención.
Se espera que hoy se finalice la votación de este proyecto que, sin duda, otorga incentivos para empresas y sectores altamente afectados por la crisis, y que estas medidas se complementen con el cupo de endeudamiento, que también aportará significativamente a la reactivación, cuyo debate en Comisión se adelantará el 16 y 18 de octubre.
