El presidente del parlamento británico, Lindsay Hoyle, le pidió a la policía del Reino Unido que investigue los restos de cocaína que se encontraron en once de los doce baños del Palacio de Westminster, sede de la Cámara de los Comunes como se conoce allí al órgano legislativo. Encontré la noticia en el cúmulo de información que nos llega a diario por los medios, sin mayores comentarios.
Bueno, sí agregaban una coletilla que hacía el asunto más sangrante: que el primer ministro, Boris Johnson, había presentado “un plan de medidas para la lucha contra el narcotráfico en el Reino Unido”. Noticia bomba.
Los dos datos juntos —restos de cocaína en los baños del parlamento y medidas contra el tráfico de drogas— son un ejemplo más de la total hipocresía de nuestra sociedad sobre este asunto. Seguramente sí se hiciese un estudio igualmente acucioso al de la policía inglesa en la sede del Congreso colombiano, las Cortes españolas o la Asamblea francesa nos encontraríamos con un resultado similar, y quién sabe si de mayor entidad.
Es posible que a los baños del parlamento inglés entren además de los políticos, personal de la limpieza, burócratas de la institución, periodistas o invitados a la Cámara que bien podrían encontrarse entre los consumidores del alcaloide, pero por más que le den vueltas al asunto sus señorías no escapan a ser señalados como clientes indirectos del Clan del Golfo, de las disidencias de las Farc o cualesquiera otro de los muchos carteles colombianos que exportan a Europa la preciada commodity nacional.
Así pues, tenemos a los comunes y ,seguramente también a los lores en la Cámara Alta, esnifando en el baño, y al primer ministro dizque luchando contra el narcotráfico. Mayor muestra de lo perdida que está la “guerra contra el narcotráfico” que declaró hace ya más de medio siglo Richard Nixon, no podemos encontrar.
Esta misma semana hemos conocido la muerte en oscuras circunstancias de Henry Castellanos, alias “Romaña”. Como supimos hace poco la desaparición de Hernán Darío Velásquez, alias “El Paisa”, y antes también la de Seuxis Paucia Hernández, alias “Jesús Santrich”. Tres pesos pesados disidentes de las Farc que mueren en Venezuela de la manera más rara. Creo que no es necesario ser un fino analista estratégico para sospechar que detrás de estas muertes hay un negocio: cocaína.
Y también esta semana, un largo reportaje del New York Times nos explicó cómo detrás de la muerte del presidente haitiano, Jovenel Moïse, está la lista de capos del narcotráfico de su país, que estaba a punto de entregar a las autoridades norteamericanas. El NYT detalla, además, la contrariedad de los sospechosos del crimen por la destrucción de una pista de aterrizaje para la cocaína que llegaba desde Colombia y Venezuela, y la urgencia que tenían los sicarios colombianos que mataron al presidente por hallar —según el testimonio de la viuda que sobrevivió al magnicidio— documentación que comprometía a los capos del negocio en ese país. La cocaína pues, como vemos a diario, está permanentemente en el centro de episodios de gran calado.
Colombia, el país que mayor número de muertos ha puesto en la famosa “guerra contra el narcotráfico”, que más crueles consecuencias directas padece por este negocio, está en precampaña presidencial y a nadie se le ocurre plantear este asunto en los debates con los aspirantes a gobernarlo.
Hace algunos meses, un grupo de senadores encabezados por Iván Marulanda, presentaron ante el congreso un proyecto de ley “regulatorio de la hoja de coca y sus derivados” para que el legislativo colombiano estudiase una normativa con respecto al cultivo de coca, la fabricación y el consumo de cocaína en el país que, como mínimo, debería merecer la opinión de los candidatos a la presidencia del país.
En los tres últimos días, he oído largas entrevistas en una emisora de gran audiencia a los tres candidatos que tienen las mayores opciones de llegar a la presidencia según las encuestas: Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. A nadie se le ha ocurrido plantearles un asunto crucial para la vida del país como la iniciativa presentada por el senador Marulanda y sus colegas: la regulación de un producto que hoy demandan para su consumo personal hasta los legisladores ingleses.
