Tal vez sea importante hacer una advertencia al inicio de esta columna. La generalización resulta muy útil y hasta inevitable en los procesos de comunicación del ser humano. De hecho, sin evitar algunas especificidades o diferencias entre regiones, países o municipios sería imposible realizar abstracciones que permitan colocar el acento en algunas semejanzas que tienen los problemas públicos que afectan a las personas de América Latina.
En esta columna y en las siguientes pretendo mostrar algunos aspectos que son comunes para la seguridad ciudadana, la convivencia y la justicia de las personas que habitamos en esta hermosa región. Quizás sea un momento oportuno para hacer énfasis en lo que compartimos por encima de las diferencias culturales e institucionales. Involucro mi experiencia como consultor y asesor de varias instituciones y gobiernos en lo que digo.
En esta primera parte quiero manifestar la baja capacidad que tienen los Estados para diseñar y formular políticas públicas basadas en evidencia desde un enfoque Bottom Up (de abajo hacia arriba). Es cierto que en algunos países como Chile hay avances significativos, pero en todos los países impera una visión “Top – Down” (De arriba hacia abajo). Los diagnósticos o estudios serios e integrales no son tenidos en cuenta por los gobiernos para comprender y darle un mejor norte a los problemas relacionados con delincuencia, violencia y criminalidad.
A la hora de diseñar e implementar las políticas, estrategias y planes por parte de los Gobiernos Nacionales o las alcaldías es común y preocupante observar el bajo interés por usar los escasos datos sistematizados, la información o las investigaciones que de manera insular tienen la academia, algunos organismos internacionales o la policía. Se considera la delincuencia como la principal y única fuente de la perturbación del orden público. Esta es la narrativa que se instala mediáticamente en cada periodo de gobierno, pero al momento de concretar verdaderas políticas públicas de seguridad hay ausencia de metodologías rigurosas y otras herramientas novedosas como la cartografía social, el dialogo de saberes, resultados de investigaciones, mesas participativas, evaluación de impacto con técnicas econométricas, entre otras.
El costo de este bajo o nulo liderazgo político para una adecuada planeación estratégica de la seguridad y la convivencia ciudadana es la descarga total que reciben los cuerpos policiales. Las policías han quedado solas. Se ha instalado un mito que son las organizaciones policiales las únicas responsables de la seguridad ciudadana. Esto impacta no solo la mala percepción y la baja confianza en los policías de la región sino además en la baja protección que reciben las personas por parte del Estado.
Por ello, casi todos los latinoamericanos que añoran la seguridad han encontrado buenas razones para menospreciar los gobiernos que instalan programas, iniciativas o soluciones de corto plazo y con fines electorales que no atienden de manera diferencial e interinstitucional las realidades y problemáticas locales. Es hora de pensar en darle norte a la seguridad en América Latina.
