En plena campaña por la alcaldía de Bogotá, la alcaldesa Claudia López elevaba su voz en tono proselitista afirmando: “seré la jefe de policía que haga temblar a los delincuentes.” Hoy, a escasos 6 meses de finalizar su mandato los delincuentes no tiemblan, llevan tres años haciendo fechorías con la seguridad. Como si fueran dueños de la ciudad, se atreven a cerrar la principal avenida, la séptima, a la altura de la calle 98 para protagonizar un robo de película a plena luz del día. Nuevamente, mientras escribo estas líneas se informa a la opinión de otro robo a mano armada en la carrera séptima con calle 84. Y no pasa nada.
Como es de costumbre, la mandataria salió al paso para evadir su responsabilidad, y en pleno discurso de posesión de la primera mujer comandante de la policía metropolitana, la Brigadier General Sandra Patricia Hernández, culpó al presidente Petro implorándole “que se tome en serio el tema de la seguridad ciudadana.” ¿alcaldesa: qué tal si Usted se la hubiera tomado en serio en estos tres años de mandato?
Tiene razón la alcaldesa en exigirle al presidente la devolución de 1.500 policías que le recortó al pie de fuerza en la capital. Aun así, Bogotá siempre ha tenido déficit de número de uniformados por cada 100.000 habitantes. Antes de ese recorte, contaba con 237 mientras el estándar internacional es de 300. Una medición internacional que no obedece a la realidad social de Bogotá y mucho menos a la de Colombia. En todo caso, con esa reducción en el pie de fuerza, la nula capacidad de la alcaldesa para liderar en la materia, sumado al cuento de la paz total tiene a la ciudadanía dominada y a merced de la delincuencia.
¿Qué esperanza puede haber si el 84% de los colombianos considera que la inseguridad está empeorando? No es un tema de percepción cuando en Bogotá el 74% de los ciudadanos considera que con Claudia López las cosas están empeorando y el 59% tiene una imagen desfavorable de ella. No está en sus máximos históricos de desaprobación porque logró lavarse la cara con la opinión hábilmente, lo que le resultó popular a su imagen.
A pesar de los normales cambios en su discurso, no se nos pueden olvidar los episodios que han evidenciado su falta de liderazgo como jefe de policía. Son muchos, pero solo mencionaré algunos.
En julio de 2020 le arrebató el micrófono al entonces comandante, el General (r) Óscar Gómez Heredia, hoy su secretario de seguridad, para minimizar un hecho delincuencial con armas sofisticadas y de largo alcance.
En marzo de 2021, a raíz de las marchas violentas de febrero de ese año en el marco del paro nacional, la alcaldesa salió aireada a estigmatizar a toda la institución, acusándola de abuso policial, sin tener pruebas de juicio para hacerlo frente a unos hechos puntuales. La semana pasada, ante los hechos del 29 de junio, reprochó la falta de reacción de la institución por la tardanza en llegar al lugar de los hechos.
En tres años de mandato ha minado la moral de la policía, a tal punto de llegar a mentir públicamente acusándola de estar en vacaciones, cuando la institución publicó el acto administrativo que daba cuenta de la suspensión del plan vacacional para hacerle frente, precisamente, a la crisis de orden público que generó el coletazo del COVID. Hoy, después de pavonearse con la reactivación económica, que no obedeció estrictamente a sus decisiones, lo que ella entiende como percepción sobre la seguridad, está cada vez peor.
El delito que más afecta la capital es el hurto a personas, que impacta de forma directa en el índice de percepción. Afirmó la alcaldesa que este índice se veía impactado directamente por la prensa al indicar que “si los medios de comunicación siguen haciendo amarillismo a punta de mostrar sangre, porque eso les da rating, nunca va a mejorar la percepción de seguridad.” Pese a sus afirmaciones, las cifras de un estudio realizado por ProBogotá la desmienten mostrando que en 2022 se registraron 137.361 casos de hurto a personas mientras en el 2021 se presentaron 108.785, lo que representó un aumento del 26%. Esto sin contar los hechos que no se denuncian por temor de la ciudadanía o simplemente porque no creen en la justicia.
La política de paz total tiene incidencia directa en el orden público de la capital. El 63% de los colombianos considera que la paz total va por mal camino. La inexistencia de principios de gobernanza, como la adecuada comunicación y rendición de cuentas de una política de gobierno que ha sido a espaldas de la ciudadanía y cuyas concesiones y alcance siguen sin conocerse, afecta la confianza de cualquier proceso. Lo mismo podría decirse del talante de la alcaldesa en el plano local. Ha demostrado incapacidad de liderazgo, y contrario a actuar como la jefe de la policía, la ha señalado, estigmatizado y expuesto ante la opinión.
Lo que la ciudadanía percibe es que los grupos armados, especialmente el ELN, se han fortalecido en las ciudades capitales a través de su accionar criminal y de sus negocios ilícitos. Anoche se dio a conocer un supuesto cese al fuego por parte de este grupo criminal, al tiempo que el país amanece con la noticia del secuestro de un suboficial del ejército y sus dos hijos. Mientras el orden público se deteriora en todo el territorio nacional, en Bogotá, entre 2021 y 2022, sólo el secuestro aumentó 87%.
La tensión que se ha generado a lo largo de este periodo entre la alcaldía y la policía solo admite concluir que la alcaldesa incumplió su promesa de campaña y le falló a sus electores y a todos los ciudadanos. La lucha contra la criminalidad requiere de una institucionalidad fuerte y moralizada, pero sobre todo, rodeada por la ciudadanía. Por eso insistiré en dar el debate para implementar el Consejo de Articulación Social Anticriminal, CASA. Que tenga asiento, con voz y voto, en el Consejo Distrital de Convivencia y Seguridad. La construcción de la gobernanza para la seguridad es con la ciudadanía, desde CASA.
La fuerza pública está maniatada. Esto refleja que hoy el 51% de los colombianos tiene una imagen desfavorable de la policía. La falta de capacidad de reacción de la institución y el incremento de los hechos delincuenciales hace que la percepción de inseguridad aumente. No es un tema de amarillismo. Los hechos y las cifras muestran que ha sido la incapacidad de la alcaldesa. Ojalá la General Hernández tenga todo el respaldo institucional y la gobernanza necesaria para que sea ella la primera mujer comandante que nos devuelva la tranquilidad. Ya pasaron casi 4 años y la primera mujer alcaldesa fue una Jefe de Policía que nunca fue.
