Como se recordará, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022, se dispuso integrar una “Misión para la modernización de los mercados actuales y la promoción de la innovación”, la cual quedó integrada el 2 de mayo del año anterior con 20 expertos nacionales y extranjeros y tuvo por objeto, según la Ministra de Minas y Energía María Fernanda Suarez, trabajar en la definición de “la hoja de ruta para la energía del futuro”. Esta Misión hizo entrega de sus conclusiones y recomendaciones en diciembre del año anterior.
A la pregunta de qué se busca con el revolcón en las instituciones del sector que propone la Misión, podemos responder que lo primero a tener en cuenta es que no se trata de hacer borrón y cuenta nueva, sino de construir sobre lo construido. Máxime cuando el Sistema energético colombiano, que descansa sobre las leyes 142 y 143 de 1994 ha sido muy bien ponderado, tanto por el Foro Económico Mundial (FEM) como por el Consejo Mundial de Energía (WEC, por sus siglas en inglés), está en el top - ten a nivel mundial por el desempeño de su arquitectura institucional como por el Trilema (seguridad, equidad social y sostenibilidad), respectivamente, que les sirve de medición.
Transcurridos 26 años de expedidas estas leyes tres fenómenos de El Niño pusieron a prueba este Sistema y, por fortuna pasamos indemnes, aunque en el 2015 tuvimos un amago de racionamiento, que al final se sorteó mediante un “autoracionamiento”. Razón esta más que suficiente para no caer en la autocomplacencia, amén del reto que supone encarar la Transición energética desde las fuentes de energía de origen fósil hacia las fuentes no convencionales de energías renovables (FNCER) y limpias, megatendencia esta de la economía global de la cual Colombia no se puede sustraer.
La Misión planteó la senda a seguir para adecuar tanto la institucionalidad como la regulación para poder transitar con éxito el camino de la integración gradual y progresiva de las FNCER a la matriz energética, teniendo como ejes fundamentales las 4D: la descarbonización, la digitalización, la descentralización y la democratización del nuevo Sistema. Se trata de robustecer la arquitectura institucional para darle cabida a los nuevos agentes que ahora surgirá, como los agregadores y abrirle espacio a la gestión de demanda, en la cual están llamados a jugar un papel primordial los prosumidores (productores y a la vez consumidores). En este orden de ideas nos parece muy puesta en razón la recomendación de parte de la Misión de fortalecer y empoderar aún más para tales propósitos a la Unidad de Planeación Minero – Energética (UPME).
También aconseja reformar la CREG, de modo tal que tenga una instancia de decisión (Consejo) para los temas macro presidida por el Ministro de Minas y Energía, sustrayéndolo del día a día de la gestión del órgano regulador. Por mi parte considero que la CREG al igual que la Junta directiva del Banco de la República debe gozar de autonomía, que no de independencia, pues no debe ser una rueda suelta del Ministerio de Minas y Energía. Por lo demás, considero que no se debe caer en excesos regulatorios, pero tampoco en los peligros de la desregulación. El Estado debe intervenir a través de la CREG para que el mercado funcione, no rendirle culto al mercado. El fin último de estos pasos a dar es ganar confiabilidad, firmeza y resiliencia al cambio climático.
Sus recomendaciones propenden por mejorar la competitividad del sector, darle mayor transparencia al mercado y a la concurrencia de los distintos agentes de la cadena en el mismo y una formación eficiente del precio de la energía. Se trata, entre otras cosas, de reducir los costos de transacción, dado que estos terminan trasladándose a los usuarios. Todo ello deberá contribuir a reducir la tarifa, pues, si en últimas, esta reestructuración y modernización del sector no bajan los costos de la energía (que tiene dos componentes: la tarifa y el consumo) estaremos sólo botando corriente.
En este sentido, a mi juicio, la tarea a realizar debe ir más allá, al tomar medidas tendientes a reducir las pérdidas técnicas, los costos de restricción, el ahorro de energía y lo que es más importante hacer un uso más eficiente de la misma. En este sentido la eficiente gestión de la demanda es fundamental e imprescindible. Sólo así los usuarios regulados (residenciales) tendrán un alivio en sus facturas del consumo de electricidad y los no regulados, sobre todo las empresas bajarán sus costos de energía y de paso ganarán en competitividad.
Nos parece muy importante la recomendación de la Misión para avanzar en el propósito de darle cumplimiento a la Ley eléctrica de tener cobertura universal del servicio de energía, pues ya vamos para 6 años de mora en el cumplimiento de tal cometido. Compartimos que, para lograr ese propósito se amplíe la frontera del Sistema de Interconexión Nacional (SIN) y eliminar las barreras que hoy existen entre el SIN y las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país. Ahora que contaremos con las FNCER, estas se convierten en el mejor vehículo, especialmente la energía solar fotovoltaica, para lograrlo dadas sus características y flexibilidad. Así de claro!
