En el transcurso de los días del año 2024, Bogotá se ve inmersa en una pesadilla creciente: la extorsión. Este preocupante resurgimiento de casos convierte a nuestra ciudad en el epicentro de una actividad criminal desenfrenada. La alarma, que se escucha a nivel nacional, llega a su punto más alto con el reciente caso de “Satanás” y su organización delictiva, operando impunemente desde detrás de las rejas. Sin embargo, las medidas poco enérgicas del Gobierno Nacional, como el traslado a otro centro penitenciario, generan dudas sobre la eficacia gubernamental.
Las cifras hablan por sí solas: más de 1518 casos de extorsión denunciados en 2023, casi cinco al día, sin contar con los cientos de miles de casos que quedan en los subregistros. Estas estadísticas impactantes probablemente subestimen la verdadera magnitud del problema, ya que el miedo paraliza a muchas víctimas ante la idea de acudir a las autoridades.
Las localidades más afectadas son Kennedy con 216 denuncias, Mártires con 174, Suba con 142, Engativá con 111 y Santa Fe con 109, sumando un total de 742 casos reportados. Bandas como el Tren de Aragua, los Satanás y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) llevan a cabo acciones violentas que van desde ataques con granadas, hasta asesinatos a comerciantes que se niegan pagar “protección".
La situación en Bosa es crítica, especialmente en la Urbanización San Pedro.
Cientos de comerciantes sufren abusos diarios, siendo blanco de delincuentes que les exigen pagos para permitirles trabajar. El miedo y la incertidumbre obligan a muchos a guardar silencio sobre los abusos sufridos. Los testimonios, como el de los comerciantes de Bosa, revelan la preocupante realidad que atraviesa el sector:
“Hemos recibido llamadas donde nos intimidan y saben cuáles son los movimientos de nosotros, si estamos o no estamos dentro de los establecimientos. Y son llamadas amenazantes donde piden dinero y que si no se les accede a lo que ellos exigen puede correr sangre. Ellos inciden en que me están poniendo cuidado, a mí me da miedo, porque tengo familia” comenta uno de los comerciantes.
O testimonios que aseguran que ya no son solo llamadas, sino amenazas más contundentes, haciendo disparos a las puertas de sus locales:
“Nos exigen 12 millones de pesos que tenemos que darles y que no podemos volver a abrir nuestro establecimiento. La semana pasada en enero, que estaba de vacaciones, me llamaron al celular de mi hija y al siguiente día me parecieron dos disparos en la puerta del establecimiento. Entonces ya es algo más serio, más intimidante que uno, ya no sabe ni qué hacer con la familia, ni con los empleados”.
Ante la alarmante situación que enfrentamos, resulta esencial tomar medidas cruciales en el ámbito carcelario, como la necesaria inhibición de señales en un radio específico para evitar que los delincuentes operen desde la prisión.
Hago un llamado urgente a la Secretaría de Seguridad del Distrito para que implemente acciones inmediatas y efectivas. Propongo la instalación de mesas permanentes de seguridad en todo el territorio, con el objetivo de abordar rápidamente las denuncias. La seguridad de comerciantes, familias, empleados y vecinos está en juego, y es fundamental actuar con decisión para preservar la seguridad de todos.
La emergencia de la extorsión no puede ser ignorada; la ciudad demanda una respuesta firme y eficaz. El problema generalizado de la extorsión afecta la vida de los habitantes de Bogotá, y la ciudad no puede permitirse ser prisionera de este problema que exige atención. Es esencial reportar cualquier caso a las autoridades y buscar apoyo emocional y legal. En este contexto, la colaboración comunitaria se vuelve crucial, donde la conciencia ciudadana sobre la prevención y denuncia se convierte en una piedra angular.
La urgencia de esta situación requiere no solo medidas reactivas, sino también un enfoque proactivo que aborde las causas subyacentes del problema. La cooperación entre las autoridades, la sociedad civil y el sector empresarial es esencial para erradicar este flagelo. Además, es imperativo que la ciudadanía se empodere mediante la participación activa en programas de prevención y la exigencia de medidas efectivas. La extorsión no solo amenaza la seguridad material de los ciudadanos, sino también el tejido social y la confianza en las instituciones. En este momento, más que nunca, se necesita un liderazgo fuerte y decidido para liberar a Bogotá de esta emergencia silenciosa.
La creciente ola de extorsiones en Bogotá no solo evidencia la vulnerabilidad de la ciudad ante las actividades criminales, sino también la carencia de una respuesta gubernamental eficiente y proactiva. La gestión ineficaz de la seguridad por parte de las autoridades, ejemplificada por el caso de "Satanás" y su organización delictiva operando desde prisión, subraya la necesidad de una revisión profunda de las políticas y estrategias implementadas hasta ahora. La falta de rigor en las medidas carcelarias, como el traslado de reclusos a diferentes centros penitenciarios, no solo ha permitido que estas bandas operen sin restricciones, sino que también ha contribuido al continuo resurgimiento de casos de extorsión en la ciudad.
Además, la ausencia de una presencia policial efectiva en áreas altamente afectadas, como Bosa y la Urbanización San Pedro, deja a los ciudadanos desprotegidos y expuestos a la violencia criminal. La respuesta a esta emergencia no puede limitarse a soluciones temporales; se requiere una evaluación crítica de las políticas de seguridad ciudadana y una asignación más eficiente de recursos. La persistencia de esta problemática no solo compromete la seguridad física de los habitantes de Bogotá, sino que también mina la confianza en las instituciones responsables de garantizar el orden y la protección. Es imperativo que la crítica constructiva se traduzca en acciones concretas para revertir esta tendencia y restaurar la seguridad y la confianza en la capital colombiana
