Las familias de quienes son elegidos Presidente o Vicepresidente, además de la satisfacción de saber que su familiar recibió el favor popular y la gran responsabilidad que lo propio conlleva, les esperan, situaciones lícitas de privilegio y beneficio, como de restricción y responsabilidad en su comportamiento, aun cuando no tengan la condición de servidores públicos. Lo propio, guardadas las diferencias, se extiende a las familias del equipo ministerial, misiones diplomáticas, congresistas jefes de órganos de control, jefes de departamentos administrativos, gerentes, gobernadores, diputados, alcaldes, concejales, etc.
Dentro de los privilegios y beneficios, por ejemplo, en el caso de las familias del Presidente o de la Vicepresidente, se encuentra el poder acceder a unos inmuebles y a unos servicios destinados para su vivienda y a unos vehículos dispuestos para su movilización, que contemplan, además, esquemas y elementos necesarios para garantizar su seguridad. Pretender, que los elegidos o nombrados para dirigir el país, un ministerio, un órgano de control, un departamento administrativo, una empresa pública, etc. y, en ocasiones especiales, sus familias, no puedan acceder, según el caso, a determinadas condiciones de privilegio o de beneficio propio de la dignidad que detentan, es una postura claramente demagógica que ha venido haciendo carrera, generalmente, en voceros de una política populista. El candidato presidencial Rodolfo Hernández, decía que viviría en su apartamento, convertiría la Casa de Nariño en un museo y se transportaría en taxi.
Ahora, lo que si no puede suceder es que tanto los elegidos y nombrados en dignidades públicas, o sus familias, se desborden y cometan excesos en gastos suntuarios con los recursos públicos dispuestos para otorgarles ciertas comodidades, nada más. El más reciente escándalo por la compra de costosas cobijas de plumas, cobertores, televisores, utensilios de cocina, etc., para las casas presidencial y vicepresidencial, pone en evidencia tres cosas: la primera, que los residentes de la Casa de Nariño como de la Casa Vicepresidencial, resultaron haciendo igualmente gastos suntuosos con dineros públicos, cuando ellos mismos lo criticaron de los residentes anteriores; la segunda, que las explicaciones, todas distintas, del Presidente, de la Vicepresidenta y del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Mauricio Lizcano, corroboran que fue una decisión ligera pero que se resisten a reconocerlo; y, la tercera, que si bien hay un plan de compras en el DAPRE para dotación de una y otra vivienda, éste no pareciera responder a criterios de austeridad y se va ajustando, al parecer, al capricho discrecional y extravagante de los inquilinos.
Dentro de las restricciones y responsabilidades de los particulares que hacen parte de las familias presidencial y vicepresidencial, como de los demás altos funcionarios del Estado, incluidas las primeras damas y caballeros de los demás despachos públicos nacionales y territoriales, más allá de las inhabilidades e incompatibilidades de ley que deben acatar y respetar, le son exigibles socialmente las inhabilidades e incompatibilidades morales que pueden identificarse reprochablemente como una actitud de indelicadeza y falta de buen juicio en el gasto público.
Se vulneran esas inhabilidades e incompatibilidades morales, cuando, por ejemplo, las esposas o esposos, madres o padres, hermanas o hermanos, de los mandatarios y demás servidores públicos antes referidos, intervienen en las actuaciones administrativas a cargo de sus parejas. O, cuando, también, ilegalmente, intervienen de manera oculta para lograr favores propios o a terceros en contratación, nombramientos, investigaciones, etc.
Ojalá, no estemos en el ocaso de la delicadeza y ad portas de la negra noche del nepotismo, como sucede en Venezuela, Argentina y Nicaragua, entre otros. Se advierten ya, peligrosos síntomas de este mal, tanto en el nivel nacional, departamental, municipal y descentralizado.
