La inseguridad volvió a irrumpir en un acto político. Una mujer armada fue capturada durante un evento de campaña de la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, en el municipio de Honda, Tolima, lo que reabrió interrogantes sobre los controles de seguridad en plena contienda electoral.
Desde el Centro Democrático denunciaron que la mujer logró ingresar al evento portando un arma. La rápida reacción de la Policía Nacional permitió su detección y captura sin que se registraran personas heridas.
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Posteriormente, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó que la mujer pertenece a la institución. En un comunicado oficial, la entidad señaló que “cabe aclarar que en ese momento se encontraba en vacaciones y no en actos de servicio”.
El Inpec precisó además que su presencia en el evento correspondía a “una actuación estrictamente personal, individual y ajena a cualquier función, misión o instrucción institucional”. Asimismo, rechazó “de manera categórica” lo ocurrido y anunció la activación de los procedimientos administrativos y disciplinarios correspondientes, mientras la persona queda a disposición de la autoridad competente.
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El episodio ocurre en un momento especialmente sensible para la seguridad política del país. Colombia aún tiene fresca la herida del magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, asesinado en plena plaza pública durante un acto de campaña, en un crimen que estremeció la institucionalidad y reabrió el debate sobre las garantías reales para ejercer la política en espacios abiertos.
Su muerte no solo marcó un punto de quiebre en la contienda electoral, sino que obligó a revisar los esquemas de protección y los protocolos de seguridad en eventos masivos.
¿Existen hoy garantías reales para el ejercicio de la campaña en espacios públicos? ¿Están funcionando los filtros de ingreso y la coordinación entre campañas y autoridades? Son preguntas que resurgen en medio de un clima electoral marcado por la tensión y la preocupación por la seguridad de los aspirantes y sus equipos.
Mientras avanzan las investigaciones, el caso mantiene la atención sobre la protección de los candidatos y la necesidad de reforzar las medidas preventivas para evitar que hechos similares vuelvan a repetirse.
