Hace siete años nació Sara Guiselle, una hermosa niña con ojos alegres y el pelo rizado que trajo para sus padres una gran alegría. Todo iba muy bien, pero tras unos meses empezaron a notar que algo extraño le pasaba a la pequeña y, luego de varios exámenes, los doctores le diagnosticaron discapacidad múltiple, parálisis cerebral leve, retardo en el desarrollo psicomotor y epilepsia focal que le provoca rigidez en el lado izquierdo de su cuerpo. A partir de ese momento, la relación de sus padres cambió y pocos meses después el padre decidió irse para no volver.
Desde hace tres años, Deisy, la valiente madre de Sarita, decidió iniciar un proceso ejecutivo de alimentos, cansada de los constantes incumplimientos de su ex pareja hacia su hija. Deisy, además, tuvo que dejar de trabajar para dedicarse al cuidado de su hija, debido a la discapacidad que sufre. Por ello, desesperada y sin poder pagar un abogado que le ayudara en la demanda, acudió al consultorio jurídico de la Universidad Militar Nueva Granada.
Allí, según su directora, la doctora Karool Adriana Reina, atienden cada semestre un promedio de 4.600 usuarios, de los cuales el 80% llegan buscando ayuda en temas de familia. Entonces, el caso de Deisy y Sarita fue asignado a las estudiantes Lina Cardozo y Dafne Palacio, dirigidas por el profesor Gonzalo Molano, quienes han llevado todo el proceso hasta la actualidad.
Desde hace más de un año, el juzgado ordenó el embargo al padre de Sarita. Es decir, empezaron a descontarle la cuota de alimentos de su salario. Sin embargo, este dinero está congelado en una cuenta del Banco Agrario y no será hasta que termine el proceso – el cual puede tardar años por congestión judicial o estrategias dilatorias del padre – que los recursos serán desembolsados a Sarita.
Esta demora representa un vacío en la ley actual que no permite que el dinero embargado a los padres llegue efectiva y prontamente a los hijos. Por esta razón, decidimos unir esfuerzos desde el Congreso de Colombia junto al consultorio jurídico de la Universidad Militar para sacar adelante la Ley Sarita que radicamos esta semana y con la que buscamos acortar estos tiempos en la entrega de la cuota de alimentos a los niños, niñas y adolescentes, pues en muchos casos se trata de su mínimo vital.
Al igual que Sarita, hay miles de niños en Colombia que están a la espera de recibir su cuota de alimentos que es esencial para su alimentación, educación, medicamentos y desarrollo integral, pero el proceso tarda muchos años y, mientras tanto, su calidad de vida y salud se ve afectada.
En Colombia, hay más de 55 mil procesos ejecutivos de alimentos vigentes, lo que demuestra que sigue siendo una problemática frecuente en la población. Por ello, vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo a sacar adelante este proyecto de ley con el que lograremos que los niños ya no tengan que esperar años para obtener su cuota de alimentos, sino que empezarán a recibirla en dos o tres meses.
Hoy en día cuando se inicia una demanda de alimentos, en la mayoría de los casos los padres no se oponen. Sin embargo, es el mismo sistema judicial el que hace que el dinero tarde años en llegar a los menores. Con la Ley Sarita esto va a cambiar y, una vez iniciado el proceso, si el padre no responde en 10 días, el dinero embargado deberá ser entregado a los niños sin dilaciones.
Este cambio va a permitir que muchas mamás y niños que están a la espera de esta cuota alimentaria (o el papá y los abuelos cuando es la mamá o ambos padres quienes no cumplen con la cuota) puedan recibirla pronto. También, va a motivar a que más madres e hijos se animen a demandar por alimentos a ese padre que no ha querido responder y tener la confianza de que el sistema judicial sí va a funcionar. La Ley Sarita contribuirá a la descongestión judicial y, además, garantizará el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes colombianos.
Esta iniciativa para mí como senadora es muy importante y sé que estaremos contribuyendo enormemente a transformar la vida de miles de niños que como Sarita merecen crecer en un país que los cuida, protege y vela por sus derechos.
