El escudo de armas es el emblema heráldico representativo de Colombia y junto a la bandera y el himno nacional, es uno de nuestros símbolos patrios. El que conocemos hoy, tiene su origen en el escudo aprobado por el General Francisco de Paula Santander, quien era presidente en 1834 de la República de la Nueva Granada. Este ha sido
reafirmado por varios decretos y actualmente recoge los elementos dictaminados en 1834, los de 1924 y 1949, con sus respectivas mejoras estéticas.
Son varios los elementos que conforman nuestro símbolo; vemos un Cóndor con sus alas extendidas, de cuyo pico cuelga una corona de laureles y una cinta dorada en la que aparecen las palabras Libertad y Orden; las cuales, son el lema nacional, palabras que honraron nuestros antepasados, que deberíamos tener presentes, como si estuvieran grabadas con hierro en nuestros corazones y debería ser una obligación de cada
colombiano, defender estos pilares.
Hoy, cuando observamos lo que está ocurriendo en materia de seguridad en una amplia extensión del país, en donde la justicia, la ley y la autoridad del Estado no llega o no funciona y son desplazados por poderes ilegales, recordamos al libertador Simón Bolívar, quien nunca quiso que fuésemos sometidos al triple yugo de la ignorancia, la tiranía y el vicio; sin embargo, pareciera que llegamos a ese punto y nos enfrentamos a una verdad
de a puño.
No podemos desconocer, que existen regiones del país, en las que no se ha consolidado el ejercicio pleno del Estado, departamentos como Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, Huila, Nariño, parte del Putumayo y zonas del bajo cauca antioqueño, están sitiadas por diversos grupos al margen de la ley, es decir, medio país está en llamas y requiriendo “el bombero” institucional que las apague. Que no se nos olvide, estos territorios también son
Colombia y deben ser recuperados de las garras del narcotráfico, de las bandas criminales, de la delincuencia común, de las guerrillas y todos los actores armados por fueras de la ley, que en muchos casos en contubernio nos sumen en el caos y amenazan la libertad y el orden de toda la nación. Le corresponde al gobierno nacional junto a las fuerzas militares, recuperar dichos territorios y devolvérselos a la justicia, a ley y a la sociedad, de lo contrario, si el estado no ejerce autoridad, no opera para lograr recuperar estos territorios, estaremos ante un estado fallido.
Existe un dolor de patria generalizado y esa sensación nos debe impulsar para restablecer los derechos a la paz y a la justicia, para aquellos compatriotas que sufren el horror de la guerra; un conflicto en diversas dimensiones, en los cuales cada grupo delincuencial aplica a la población sus propios métodos, que los obliga al silencio o los
lleva a la muerte. Urge un trabajo mancomunado con todos aquellos que desean aportar y que están ubicados en dichas zonas, para que se conviertan en la fuente que les entregue a las unidades de inteligencia, los nombres y ubicaciones de los cabecillas de dichas organizaciones delincuenciales y de esa manera poder volver a tener el control en dichas regiones.
Es importante que quienes tienen en sus manos la toma de decisiones, reconozcan que, en materia de orden público, hemos llegado a un punto crítico y que, con relación al proceso de paz, este tiene grandes vacíos en materia de justicia, verdad y reparación. Reconocer que existen unas fuerzas irregulares que no actúan como “ruedas sueltas” que crean alianzas, cuya pretensión es sustituir al estado, creando caos y confusión para así
conformar sus propias “repúblicas independientes” a través de la apropiación de tierras y extender su dominio, incrementar cada vez más la producción de coca, generar nuevas rutas de narcotráfico, y un conjunto de rentas ilegales basadas en la extorsión a comerciantes, ganaderos, productores agrícolas y el gramaje o el impuesto por producir base de coca.
Hoy hay un “secreto a voces” y parece que el gobierno no se entera, es necesario que se haga la labor investigativa para confirmar que existe una conjunción de varios actores violentos, entre ellos, los carteles mexicanos, quienes al parecer se pasean muy orondos y tranquilos, por las calles de los municipios, por las carreteras rurales y por grandes territorios, en donde se dice tienen campamentos y desde los cuales, mantienen
activa su maquinaria criminal, responsable de gran parte de la violencia que consume esas zonas.
En medio de esta situación, hay que reconocer los grandes esfuerzos que ha hecho este gobierno para cumplir con lo contenido en los acuerdos de la Habana, las cifras son públicas, y desde la Alta Consejería para la Estabilización y la Consolidación se muestran desde que comenzó este gobierno, los importantes resultados en materia de programas para los reincorporados, pero grupos como la guerrilla del ELN y las llamadas disidencias,
en su disputa por los territorios en los cuales se cometen delitos como el secuestro, reclutamiento de menores y minería ilegal entre otras prácticas perversas, siguen siendo generadoras de violencia.
Han surgido muchas voces que le piden al gobierno, trazar una estrategia en la que la acción institucional se focalice en dichas regiones, para favorecer su desarrollo económico; que entidades como el Banco Agrario, Findeter y el Fondo Nacional de Garantías, que junto a los entes pertinentes, dediquen esfuerzos al fortalecimiento de la infraestructura, la recuperación de vías terciarias, el mejoramiento de la calidad de la
educación, la ampliación y cobertura de la red y el acceso a las nuevas tecnologías para cerrar la brecha digital entre lo urbano y lo rural; también, que de dicha estrategia, hagan parte todos los instrumentos de política fiscal y monetaria que designe el gobierno, para mejorar la situación económica y social de la población y que las fuerzas militares, enfoquen sus actividades a la recuperación del orden público, por mandato constitucional, que coadyuven en articular la acción social en las comunidades y en la generación de obras de infraestructura sociales que creen y fortalezcan una base de lealtad. En lo rural y especialmente en las mencionadas zonas, el primer gran objetivo que se debe lograr es la paz, que es la consecuencia de la majestad de la justicia, el imperio de la ley y la plena vigencia de las instituciones; el segundo, es la equidad, como manifestación de igualdad de oportunidades en comparación con otras regiones y ciudades; por último, es la inversión pública focalizada en crear condiciones de producción, generación de ingresos y pleno acceso a las libertades y garantías de todos los ciudadanos no importando su localización, cultura o condición social según nuestro Estado Social de Derecho.
En toda esta planificación, no hay que olvidar un aspecto muy importante: la recuperación que debe hacerse de manera inmediata a aquellas zonas que han sufrido el daño ambiental, por las diferentes prácticas ilegales que contaminan fuentes de agua, modifican el curso de los ríos o la alteración que sufren sus ecosistemas por cuenta de las refinerías clandestinas, que fabrican el combustible artesanal conocido como “pategrillo” para la elaboración de cocaína; pero también es necesario, recuperar las mentes contaminadas de muchos campesinos que ante la falta de presencia real del estado, terminan seducidos por el dinero ”fácil” que surge como alternativa para subsistir en medio de la guerra.
A su vez, al Congreso le corresponde encontrar los consensos necesarios para acompañar este proceso de recuperación, con leyes apropiadas que puedan ser observadas y mantenidas bajo el radar de la acción pública, la justicia, la ley y el gobierno. Es preciso que, el control político este enfocado en garantizar la plena aplicación y
cumplimento de lo expedido en pro del desarrollo en los territorios mencionados. En conclusión, si queremos honrar la causa de nuestros antepasados libertadores, todos aquellos que ofrendaron su vida por los ideales de libertad y orden, necesitamos que se haga una tarea seria y responsable, con gran liderazgo, capaz de entregarle a las nuevas generaciones ese legado y que estas a su vez, se vean motivadas a mantenerlo, asumiendo con responsabilidad la labor de seguir conduciendo al país, por el camino del desarrollo económico y social con equidad.
