Sigue en el Congreso la discusión, no menor, sobre la reforma política, reforma que periodo tras periodo del Congreso es un tema recurrente, además siempre aborda los mismos temas, con algunas excepciones; voto obligatorio, conformación de las listas, participación de las mujeres, financiación de campañas, etc.
La finalidad siempre es la misma, mejorar las condiciones en las que se desarrollan las elecciones en Colombia, para que exista mayor transparencia y participación, es decir, más legitimidad de las elecciones y, por lo tanto, mejor salud de nuestro sistema democrático.
Lastimosamente no existen medidas mágicas, todas y cada una de las propuestas de la reforma política actual, y las anteriores, tienes cosas buenas, pero también amenazas enormes. Tristemente la discusión sobre una reforma política en Colombia se cimenta sobre la desconfianza, siempre se piensa en cual seria la trampa o desventaja que se generaría en una nueva medida política y son demasiados los grupos políticos e intereses involucrados que hacen particularmente difícil la discusión.
Nuestro sistema hoy permite que los partidos políticos puedan inscribir sus listas con voto preferente o voto no preferente (abiertas o cerradas), la ventaja de las primeras es que el ciudadano puede buscar al candidato de su preferencia y marcarlo en el tarjetón, la representación es directa y la manifestación de voluntad es clara y concisa.
Sin embargo, las listas abiertas también han traído algunas dificultades, cada candidato se ha vuelto una pequeña empresa electoral, muchas veces no sigue los lineamientos ideológicos de su partido, lo que se convierte en una grave falta de coherencia política que afecta cada vez más la legitimidad y fortaleza de los partidos, como también del ejercicio mismo de la política.
Tal vez, lo mas grave, han sido los casos de corrupción electoral o violación de los topes de costos de campaña, la lista abierta hace que la competencia sea tenaz, cientos o miles de candidatos compitiendo por un puñado de escaños, muchos de ellos dispuestos y en la capacidad de gastar sumas ridículas de dinero, el cual, termina siendo de dudosa procedencia y que seguramente es “recuperado” del erario, incentivando así los casos de corrupción.
La lista cerrada, o voto no preferente, por su parte, permite que las personas voten por una propuesta ideológica o de partido, fortaleciendo así a estas organizaciones que son claves en la democracia, abarata los costos, por que ya no son cientos de candidatos imprimiendo publicidad y haciendo eventos de campaña sino la campaña unificada en torno a un logo y una propuesta.
En Colombia hoy, la lista cerrada ha funcionado cuando hay liderazgos muy fuertes, como en el caso del expresidente Uribe, que jalonó con éxito las listas cerradas del Centro Democrático, o del hoy presidente Gustavo Petro con el Pacto Histórico, ambas honrosas excepciones, porque en la práctica, los partidos que no tienen liderazgos tan marcados no competirían, en una lista cerrada, en igualdad de condiciones, con los partidos que se presenten en lista abierta.
Por otra parte, el gran reto de las listas cerradas es que verdaderamente existan procesos reales de democracia interna al interior de los partidos, es decir, que la selección de la lista y el orden de la misma obedezcan a criterios objetivos de idoneidad y capacidad, y no, como ocurría en el pasado al lapicero autoritario del caudillo de turno, entre otras razones, porque la mayor amenaza es que se trasladen las practicas corruptas de compra de votos de la lista abierta al interior de los partidos, para poder “comprar” un buen y efectivo cupo a la corporación a la que se aspira.
No menos importante, la reforma política propone que la financiación de las campañas sea en un ochenta por ciento estatal, una primera ojeada desprevenida no suena mal, cada vez es más difícil lograr resultados positivos haciendo política decente, como lo mencioné anteriormente, hay candidatos con la chequera suficiente para pasar por encima de cualquier candidatura, así pues, si todos tienen la misma capacidad de gasto y la financiación es estatal, pues en teoría deberían ganar las mejores propuestas.
Sin embargo, veo dos amenazas enormes, la primera es que nada garantiza que el candidato corrupto no “invierta” ilegalmente recursos por fuera de la financiación estatal, violentando los límites impuestos por la norma, no solo en cuanto a financiación privada sino también del tope total de gastos, ese hecho se vería matizado en un eventual caso de listas cerradas, no obstante, no resuelve el hecho de que al final, sea voto preferente o no, quienes respetan y acatan la ley se verán en desventaja frente a quienes nuevamente utilizan la chequera como método desequilibrante.
Finalmente, y mas difícil, es como explicar a millones de ciudadanos, muchos de ellos con sus necesidades básicas insatisfechas, que el Estado invertirá miles de millones en campañas políticas y no en la satisfacción de estas. Creo que el problema fiscal y social de hoy hace inexplicable, desde el punto de vista político, un gasto de esta magnitud mientras subsistan tantas necesidades y demandas sociales.
