Los alcaldes continúan autorizando manifestaciones. Como hemos visto, se convierten en oportunidades para las milicias, lo que ha sido denunciado por el gobierno nacional. No es entonces el derecho a la protesta pacífica lo que está en juego, se trata de mucho más.
Por supuesto, estas manifestaciones también son oportunidades para que se propague la pandemia, por lo cual resulta aún más incomprensible que se mantengan las restricciones impuestas por los mandatarios locales, por ejemplo en el comercio, para prevenir el contagio. Fue sólo hace un mes cuando escuchábamos a alcaldes y gobernadores estableciendo “medidas” para restringir la circulación, la interacción, el contacto ciudadano.
Tal parece que estos alcaldes no recuerdan la oleada de contagios de coronavirus en Madrid, España, tras las protestas del 8M. Consultado sobre las manifestaciones del 8M por el prestigioso diario ABC, el profesor Walter Ricciardi, la máxima autoridad sanitaria en Italia, dijo: Eso es una locura. En efecto, es una locura porque el virus está viajando. Y esas grandes manifestaciones le hacen un favor al virus, en vez de obstaculizarlo”.
Y cómo no aborrecer pérfidas conductas en algunos gobernantes, quienes desconociendo su mandato legal como supremas autoridades en sus jurisdicciones (cual es el caso del gobernador Caicedo), se suman a las voces que incitan a la protesta, porque sus actos no solo desafían a la naturaleza, sino a la autoridad, la misma de la que fueron investidos por los electores. Una contrariedad incomprensible.
Nunca nos imaginamos tantos desafíos para la Policía Nacional en un período tan corto, desde aquella sentencia del Consejo de Estado que a finales de septiembre de 2018, originara una masiva oleada de deserciones en la institución, la cual se calcula en más de 9 mil experimentados oficiales, a quienes se sumaron cerca de 6 mil cuyo retiro se presenta de forma rutinaria por la necesaria renovación del capital humano en la institución. Y no es sólo que el año 2019 dejara a la institución sin 15 mil experimentados oficiales: desde el año 2018 se recrudecieron las oleadas migratorias masivas desde Venezuela y se calcula que en Colombia se establecieron formalmente 1.500.000 migrantes del vecino país y cerca de 1 millón más en tránsito, que se suman a los colombianos que la policía tiene el deber de cuidar. La situación tuvo consecuencias en el aumento de la criminalidad, al punto que la población extranjera privada de la libertad creció en un 75% a costa de los migrantes venezolanos en la delincuencia para finales del 2019.
Y a principios de 2020 la pandemia más agresiva que había vivido el mundo desde la gripe española. Colombia no ha sido ajena a sus efectos y, ante la propagación de esta enfermedad entre los miembros de la fuerza pública, nuevamente la policía tuvo que sacar oficiales del servicio en turnos sucesivos, con el fin de disminuir el contagio. Son menos oficiales los que tenemos en las calles del país para cuidarnos y con absoluta seguridad, el fenómeno de la delincuencia se recrudecerá como consecuencia de la caída en la economía, en cifra cercana al 10% según el más reciente Indicador del DANE.
Todos estos fenómenos presionan el reclutamiento de oficiales por la policía nacional; su formación y entrenamiento. Y todo esto es conocido por los alcaldes y gobernadores, quienes deben ser mucho más conscientes sobre las amenazas que se ciernen, en un desafío para la seguridad ciudadana y especialmente para nuestra Policía Nacional.
Por supuesto, necesitamos una estrategia consensuada entre el ejecutivo y las autoridades administrativas en todo el territorio, para que las medidas sanitarias tengan consistencia y coherencia, pero sobre todo, para que una de las instituciones claves para el sostén de nuestra democracia, pueda atender tantos desafíos a la vez. Los invito a rodear de solidaridad a nuestra Policía Nacional.
