Crear mejores condiciones y más oportunidades para los jóvenes es una prioridad para cualquier nación. Esto sí que es cierto para Colombia, donde alrededor de once millones de personas, poco más de la quinta parte de la población, son jóvenes, colombianos especialmente protegidos por la Constitución de 1991. De modo que, ante la preocupante tasa de desempleo juvenil (23,9% en mayo) y una deserción en la educación superior del 20% de estudiantes antiguos y una disminución del 17% en el número de matriculados -situación agravada por la pandemia y las dificultades económicas desatadas por el aislamiento-, los reclamos legítimos y pacíficos de miles de muchachos desde finales de abril de este año no deben ser ignorados sino atendidos. Ampliar la tarea social del Estado para ellos es apremiante.
El ejecutivo Nacional conoce bien esta realidad y ha actuado en consecuencia. El Presidente Duque, por cuya determinación se asignaron a la educación los presupuestos más altos en la historia nacional (más de 47 billones para 2021), ha liderado personalmente la creación y ejecución de la política que asegurará que casi 695 mil jóvenes de estratos 1, 2 y 3 reciban educación superior pública y gratuita a partir del segundo semestre de este año: Matrícula Cero.
Esto se suma a medidas como el subsidio del Estado a las empresas en el pago del 25% de la seguridad social de sus nuevos trabajadores entre 18 y 28 y programas como Jóvenes en Acción, que beneficiaba hasta con 200 mil pesos mensuales a más de 240 mil muchachos vulnerables según cifras de abril, y Generación E, que al finalizar 2020 llegaba a más de 160 mil estudiantes cubriendo el 100% de sus matrículas universitarias.
A los esfuerzos liderados por el Gobierno hay que añadir otras iniciativas, como las propuestas de mi partido, el Centro Democrático, la bancada más joven, para extender la educación técnica, tecnológica y universitaria a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3; y, para que se reforme la regulación del contrato de aprendizaje de modo que cualquier colombiano mejor de 30 años que no haya tenido un contrato formal de trabajo pueda ser aprendiz hasta por dos años. Y a éstas hay que agregar el consenso que va emergiendo entre el Gobierno y los sectores democráticos del Congreso de la República para que la política educativa con corazón grande trascienda el período gubernamental de cuatro años para convertirse, en beneficio de generaciones futuras, en una política de Estado.
Lamentablemente, hay políticos del odio y la tergiversación que ven a la juventud colombiana apenas como un “electorado” al que hay que cautivar para ganar las elecciones de 2022, incluso con mentiras e infamias que promueven la intolerancia y la irracionalidad. El último de estos engaños es que varios integrantes de la Comisión Sexta del Senado de la República nos opusimos a la educación pública gratuita; nada más alejado de la realidad. Lo que no se puede es jugar con las ilusiones y las expectativas de los jóvenes. Hay sectores que tienen la tendencia a creer que antes de uno nada existía o todo estaba mal, a ignorar los progresos alcanzados, en este caso los del Gobierno Duque a pesar de la adversidad de una enfermedad que ha puesto a prueba a toda la humanidad.
La historia es esta. La oposición presentó un proyecto de ley que, vendido y publicitado como el proyecto de Matrícula Cero, buscaba financiar la educación gratuita con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME) un presupuesto transitorio creado para “atender las necesidades de recursos para la atención en salud, los efectos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el empleo y el crecimiento” derivadas de la pandemia de la COVID-19. Dicho de otro modo, querían que el dinero destinado a enfrentar una coyuntura y unas urgencias precisas se usara para resolver un desafío permanente. Estas fuentes de financiación no son claras y recibieron el concepto negativo del ministerio de Educación. Lo cierto es que educación de los jóvenes no se puede resolver con plata para “dos semestres”, como decía el proyecto, sino con una política de Estado de largo aliento. La propuesta de la oposición no solo era irresponsable fiscalmente, como lo había señalado el Ministerio de Educación, que rindió concepto negativo al respecto, sino que tampoco tenía aval fiscal del Ministerio de Hacienda. Lo cierto es que la Constitución y la jurisprudencia ordenan obtener concepto favorable del Gobierno cuando se trata de proyectos de ley con impacto fiscal. Así mismo, el proyecto no tenía focalización ni progresividad de los subsidios, por lo tanto resultaba inequitativo y profundamente regresivo. La iniciativa perdía de vista que el Estado tiene que concentrar sus recursos y su acción en quienes en realidad los necesitan, no en personas que tienen medios financieros suficientes. Es triste que cuestiones que deberían unirnos se politicen, como cuando se quiere hacer creer que un partido o un sector monopolizan la sensibilidad por la educación de los jóvenes colombianos. Podemos discrepar en los medios, pero crucificar al contrario porque pregunta de dónde se van a sacar los recursos para financiar una decisión pública y cuestiona promesas vacías poco contribuye al debate civilizado que Colombia necesita en momentos en que la democracia y la verdad son asediadas. Es mucho lo que hay que hacer por nuestros jóvenes, la gravedad de la crisis es innegable. Mas este afán no puede convertirse en la ansiedad que precede decisiones precipitadas. Seguiremos exponiendo y trabajando por nuestra verdad, el compromiso firme y de todos los días con la juventud. Tranquiliza saber que los muchachos colombianos no son tontos.
Encima. La auténtica preocupación por los derechos de los niños a la educación debería traducirse en exigirle a FECODE que vuelvan a las clases presenciales. Todos los maestros estarán vacunados con la segunda dosis en loa próximos días. No es chistoso hacer anuncios en este sentido cuando los niños salen a vacaciones, burlándose de manera irresponsable de ellos y sus familias.
