Nicolás Salazar Ortiz

Administrador de Empresas de la Escuela de Negocios de la Universidad Texas A&M. Es epecialista en Mercadeo Estratégico del CESA y magíster en Gestión Pública de la Universidad de los Andes. Se ha desempeñado como Director de Transferencias Monetarias, a cargo de programas como Familias en Acción e Ingreso Solidario, y como Director de Contratación y gobierno en el sector privado.

 

Nicolás Salazar Ortiz

La ley del monte

Mientras que esta semana el presidente Petro invitaba al pueblo a una máxima movilización popular, en Estados Unidos, la corte de apelaciones de Washington determinó que el Expresidente Donald Trump no cuenta con inmunidad ante la imputación por la incitación a asaltar el capitolio. En ese país, también firmante de la carta democrática, las actuaciones de sus gobernantes tienen sus consecuencias.

En contraste, Colombia pasa por un momento en el que pareciera primar la ley del monte. La ley en donde se vale la presunta financiación electoral del narcotráfico, la corrupción y la incitación masiva al odio y la violencia siempre y cuando los delitos provengan de personajes con afinidad a la causa del cambio.

Tenemos varios ejemplos, el último esta semana cuando el presidente perdió la cordura al enterarse por una cuenta falsa de Twitter, que la Fiscalía imputaría a su gerente de campaña por los recursos que FECODE le aportó para que llegara a la presidencia. Ante esto y en diversos Tweets, se despachó en contra de la Fiscalía, acusándola de estar penetrada por el crimen. De manera paranoica, ocupó su día enviando alertas sobre un supuesto golpe de estado en varios idiomas mientras llamaba al pueblo a movilizarse. Ante la crítica situación política que atraviesa Colombia, las desafortunadas palabras del presidente podrían ambientar y propiciar una guerra civil entre los colombianos.

Ante el riesgo jurídico que afronta su más cercano equipo, el presidente ha optado por dos estrategias: mandar a la diplomacia a personas con problemas penales y presionar indebidamente a la Corte Suprema para que elija a una de sus fiscales de bolsillo.

Por un lado, vemos como crearon recientemente 9 Embajadas, 20 Ministros Concejeros, 21 Consejeros de Relaciones Exteriores, entre otros cargos diplomáticos. No asombra que Armando Benedetti sea el nuevo embajador ante la FAO y que la esposa de Alex Vernot esté como embajadora ante la UNESCO. Falta ver a quienes nombrarán en estos nuevos cargos diplomáticos.

Por otro lado, hemos visto como el gobierno viene ejerciendo presión mediática para que la Corte Suprema elija una de las 3 fiscales ternadas por el presidente. Inclusive, a dos días de que nuevamente se vote por el reemplazo del actual fiscal, el presidente Petro sostuvo una reunión con el presidente y el vicepresidente de esta corte. Al parecer, el presidente les extendió la presión de la movilización popular.

Ante un presidente que acomoda el discurso de la corrupción en contra de sus contradictores mientras que desestima las graves denuncias en contra de los que lo rodean, elegir cualquiera de las candidatas de su terna, terminaría de materializar el inicio de la persecución política en la historia reciente del país. Tan solo con mirar a nuestros hermanos venezolanos, ya sabemos como termina la historia. Aparentemente el silencio del presidente ante el caso de María Corina Machado no es casualidad.

No podemos permitir que nos vendan la idea que investigar a los miembros del gobierno por sus actuaciones, configuren un golpe de estado. Si existieron irregularidades durante la campaña presidencial, los responsables deben responder.

Mientras que con la ley del monte a una investigación penal se le atribuye un golpe de estado, el país aún no tiene un líder. Colombia no es un monte. La principal ley y principio que nos gobierna es la Constitución Política, la cual delega al presidente de la República la suprema autoridad administrativa y al Fiscal General se le delega la acción penal. El presidente debe comenzar a gobernar.

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