Juan Espinal

Abogado de la Universidad Católica Luis Amigó,  Especialista en Derecho Administrativo y Especialista en Gerencia Pública de la Universidad Pontificia Bolivariana. Inició su vida laboral vinculado al sector público, en el Concejo de Medellín, Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Medellín; además, se ha desempeñado como asesor del Director General de CORANTIOQUIA, entre otros. Representante a la Cámara por Antioquia desde 2018.

 

Juan Espinal

Ojo con la Seguridad Energética

La Pandemia y la Guerra entre Rusia y Ucrania ha dejado una profunda lección a nivel mundial, la dependencia energética no es negocio para ningún Estado. Recordemos que hace solo unos meses cuando enfrentábamos el pico más alto del fenómeno del niño, el Gobierno Petro tomó la decisión de suspender la venta de energía al vecino país de Ecuador para poder garantizar el abastecimiento interno y no generar más riesgo en la prestación del servicio eléctrico a los colombianos.

A nivel mundial tenemos retos importantes en materia de cambio climático y Transición Energética, la meta de reducir al 51% los Gases de Efecto Invernadero (GEI) al 2031, obliga a los gobiernos a tomar decisiones técnicas precisas para avanzar, sin embargo, lo que no se puede permitir es que la seguridad energética se ponga en riesgo. La realidad de Colombia es crítica, el Presidente Petro ha adoptado medidas ajustadas a su ideología frente al sector minero-energético, la no firma de más contratos de exploración de hidrocarburos, suspender los proyectos piloto de investigación científica para evaluar el fracking, prohibir la exportación de carbón a Israel, emitir decretos que generen inseguridad jurídica, y el aumento de las transferencias del 1% al 6% para proyectos eólicos y solares, demuestran que no hay sintonía para avanzar en la carboneutralidad. Insisto, la Transición Energética debe avanzar de la mano de la Seguridad Energética.

Es evidente el desabastecimiento de gas, las alertas están encendidas, se estima una proyección de déficit para el 2025 del 7% y del 16% para el 2026, este energético es fundamental para la vida cotidiana de los 37 millones de colombianos que consumen el gas que se produce en el país; además de su bajo precio, el gobierno ha decidido no apostarle a la producción interna, lo que obligará a importar, que representaría un aumento en la tarifa del 28%. Esto afectaría especialmente el bolsillo de los ciudadanos de estratos 1,2 y 3; y convertiría a Colombia en un país dependiente energéticamente de otro. ¿Será para depender de la Dictadura de Maduro?.

Jugar con la seguridad energética del país, es poner en riesgo la economía, aproximadamente el 52% de las exportaciones dependen del petróleo y el carbón, las Regalías que se generar del sector se vienen debilitando, solo la prohibición de exportar carbón a Israel representará -650 mil millones en rentas e impuestos para las finanzas del Estado. Finalmente, de acuerdo con el DANE, el sector de minas y cantera presenta una desaceleración y contracción del 3.3% en el segundo trimestre de 2024, siendo el sector más afectado en todos los sectores industriales.

El llamado para los empresarios y colombianos debe ser claro, no se puede permitir que la Seguridad Energética del país entre en una crisis profunda, se debe insistir ante el Gobierno la importancia de replantear su política en materia minero- energética. La energía, más cara es la que no se tiene.

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