El programa Jóvenes en Paz como lo denomina el gobierno o “Ser Pillo Paga”, como lo llaman algunos opositores, es un programa que pretende beneficiar a 100 mil jóvenes entre 14 y 28 años con un millón de pesos mensuales. $1.2 billones de pesos anuales serán destinados a un programa que, según el mismo presidente Petro, el objetivo será pagar por no matar, entregando los recursos a miembros de bandas criminales.
Para hacer un comparativo, el programa Jóvenes en Acción, entrega $200 mil pesos mensuales a jóvenes en situación de pobreza y vulnerabilidad, para que puedan cumplir sus sueños ingresando a una Institución de Educación Superior. Si se invirtieran $1.2 billones de pesos a este programa, el gobierno incentivaría que 500 mil jóvenes soñadores, continúen su ruta de superación de la pobreza. Sin embargo, más allá de la polarización y consecuencias socioeconómicas y políticas que traerá la implementación del programa, ¿Cómo va la estructuración técnica del mismo?
El Decreto 1649 del Ministerio de Igualdad y Equidad definió los criterios de focalización del programa, lo cual es un paso sensato para iniciar la operación de cualquier programa de Transferencias Monetarias. Programas como Ingreso Solidario o Familias en Acción, contaron con criterios objetivos de focalización, como lo es el puntaje del SISBEN, montos máximos en cuentas bancarias o registros oficiales de víctimas o indígenas. Todos estos criterios pueden ser verificados por la entidad y los entes de control en bases oficiales del gobierno. Sin embargo, llama la atención que uno de los criterios de focalización del programa Jóvenes en Paz es estar o tener riesgo de estar vinculado a dinámicas de criminalidad, violencia o reclutamiento forzado. ¿Acaso el estado está contemplando hacer convenios con bandas criminales y terroristas para obtener listados de sus miembros y sus posibles reclutamientos?
Históricamente, el DPS ha sido la entidad encargada de llevar a cabo la ejecución de este tipo de programas. Sin embargo, el decreto reglamentario y la resolución que prepara el DNP para establecer la metodología de focalización, faculta al Ministerio de la Igualdad y Equidad con la Dirección, ejecución y coordinación del programa y le da autonomía para seleccionar a los potenciales beneficiarios. Este ministerio tendrá a su cargo la evaluación del programa, lo que lo convierte en juez y parte.
Lo cierto es que existe una imposibilidad técnica dentro del mecanismo que plantea el decreto reglamentario y la metodología de focalización, para acreditar las dinámicas de la violencia. Esto deja una puerta abierta que permitirá al Ministerio de la Igualdad, definir quien entra y quién sale de los programas sin criterios sólidos y objetivos. Esto se presta para que el gobierno de Gustavo Petro continúe con su clientelismo, y hacer política con los recursos del estado.
El Viceministro a cargo de la implementación del programa será Gareth Sella, el activista acusado de pertenecer a la primera línea y quién recibió un impacto de bala de goma en su rostro durante las protestas sociales del 2021. Recordemos que Sella es profesional en Cine y Televisión, y fue nombrado a pesar de que su hoja de vida no cumplía con el manual de funciones y competencias para el cargo. Su mayor experiencia laboral en el sector social fue como realizador audiovisual en el DPS.
Recordemos algunos ejemplos del resultado de delegar tarjeas complejas a activistas sin experiencia. El funcionamiento del SECOP fue gravemente afectado con la llegada de activistas ajenos al ámbito de la compra pública. Profesionales técnicos especializados en el manejo de la plataforma fueron progresivamente reemplazados inclusive por profesionales en arquitectura de obra. Los pagos de nómina a funcionarios del estado fueron duplicados y en algunos casos triplicados por el Ministerio de Hacienda. $1 billón de pesos en riesgo debido a un error jamás antes visto en el sector. Durante varias semanas, vimos filas interminables e inhumanas en las sucursales del Banco Agrario, motivadas por visiones alejadas del tecnicismo necesario para operar un gobierno.
El gobierno de Gustavo Petro, no solo pretende destruir los sistemas de salud, laboral y pensional de los colombianos. El gobierno no cuenta con perfiles técnicos ni con experiencia y formación idónea para ocupar los cargos. El afán por incluir cuotas clientelistas y burocráticas a su administración ha llevado a reemplazar a técnicos indispensables dentro de las entidades. Los activistas llegaron a hacer un cambio. Pero el cambio ha sido sinónimo de retroceso. Pronto veremos las consecuencias de dejar un programa como Jóvenes en Paz bajo un ministerio sin experiencia y liderado por activistas. Están en juego $1.2 billones de pesos de los contribuyentes
