En este espacio advertí que el canciller Álvaro Leyva Durán para darle gusto a los caprichos de Gustavo Petro, en su infinita torpeza y ligereza conceptual ponía en riesgo el erario cuando de manera arbitraria declaró desierta la licitación pública cuyo objeto fuera suministrar y prestar durante varios años el servicio de distribución de pasaportes y de impresión de etiquetas de visa colombiana (LP-0001-2023)
La propuesta de la UT Pasaportes 2023, integrada por una firma francesa y la multinacional Tomas Greg & Sons (TGS) se encontraba hábil desde el punto de vista jurídico, financiero, técnico y económico, habiendo obtenido el total de los 1000 puntos posibles de conformidad con el pliego de condiciones.
Aun así, el canciller Leyva atendiendo la torpe instrucción del presidente Petro declaró arbitrariamente desierta la licitación para posteriormente por la (también irregular) vía de la declaratoria de la urgencia manifiesta contratar, paradójicamente, una vez más a Thomas Greg & Sons (TGS) pero solo por un año, mientras adelanta un nuevo procedimiento licitatorio.
La arbitraria decisión de Leyva presionada por la no menos instrucción del presidente Petro contraría de manera directa y flagrante el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública, sobre lo que no existe la menor tensión entre las posturas de la doctrina y jurisprudencia autorizadas sobre la materia. Pareciera que el gobierno nacional no tuviera abogados serios que los asesoren o, lo que es peor, teniéndolos parece que no los consultan o no los escuchan.
Me cuesta creer, por ejemplo, que consultado el secretario jurídico de presidencia sobre este tema, Vladimir Fernández Andrade, recientemente elegido como nuevo magistrado de la Corte Constitucional, no les hubiera advertido del mayúsculo desafuero que implicaba la absurda instrucción presidencial y la consecuente decisión ministerial.
La legítima y jurídica reclamación por parte de TGS y demás miembros de la UT no se hizo esperar. La oferente tiene el derecho legal a que se le adjudique el contrato o en su defecto se le pague la utilidad esperada durante toda su ejecución. Así lo advierte el documento jurídico que da inicio a este pleito con el Estado y que terminaremos pagando los colombianos contribuyentes vía impuestos.
Para poder demandar TGS y los demás miembros de la UT, deben agotar primero el trámite de la conciliación al que ya le han dado inicio con la presentación de un escrito en el que se convoca a la Nación (Cancillería) para que se les adjudique el contrato al que tienen derecho resultado de LP-0001-2023 o, en su defecto, les cancelen la suma de $107.507.163.749.oo como utilidad dejada de percibir más la suma de $10.000.000.000.oo por efecto del daño reputacional de la empresa, gracias a los graves e infundados cuestionamientos de que fueron víctimas por cuenta de las irresponsables manifestaciones del presidente y del canciller.
Gustavo Petro sigue sin comprender que es presidente de una democracia y no de una autocracia. En las democracias hay consecuencias legales que la Rama Judicial ajena al Poder Ejecutivo decide en derecho y, para este caso, no me cabe la menor duda que la Nación la tiene perdida y la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo declarará la nulidad del acto administrativo que declaró desierta la licitación y ordenará restablecer el derecho de TGS y demás miembros de la UT, acompañada de una multimillonaria condena a cargo del erario.
Conciliar y entregar el contrato a TGS es lo prudente, pero me temo que la testarudez del presidente y la docilidad de Leyva no permitirá adoptar esta oportuna decisión y se continuará con este pleito irresponsable por cuenta de Gustavo Petro y Álvaro Leyva, quienes deberían responder por los daños causados con su patrimonio hasta donde éste les alcance.
