El reciente suceso que involucra al Personero de Cali en un caso de violencia de género, reportado por la Policía de Cali a la Fiscalía General de la Nación, trasciende más allá de las líneas de un informe ordinario. Esta circunstancia no solo resalta la trascendencia de la posición que ocupa, sino que también pone en relieve la imperante necesidad de mantener los más elevados estándares de responsabilidad y ética en el ejercicio de sus deberes como defensor de los Derechos Humanos en Colombia.
El Personero, a lo largo y ancho de Colombia, se desempeña como el principal defensor del pueblo, ocupando una función crucial en la preservación de los derechos y la supervisión de las acciones gubernamentales e institucionales. La figura del personero, más que un mero espectador, asegura que los ciudadanos no solo gocen de sus derechos de manera nominal, sino que también garantiza que las entidades gubernamentales cumplan con sus obligaciones.
Los cimientos de esta figura radica en principios fundacionales tales como la rendición de cuentas, la transparencia y el acceso a la justicia. Se convierte en el garante de que los ciudadanos puedan presentar denuncias válidas sin enfrentar represalias y, además, vela por que se tomen medidas apropiadas para abordar cualquier forma de injusticia. La trascendental labor del personero también abarca el aseguramiento de que los ciudadanos sean tratados con dignidad y respeto, independientemente de su orientación sexual, género u otras características personales.
Sin embargo, en el contexto del reciente caso de violencia de género, las reacciones y respuestas por parte del Personero de Cali adquieren un significado significativamente más profundo. Las incertidumbres y preguntas que surgen en torno a este suceso merecen una respuesta esclarecedora, y no simplemente un silencio impenetrable, independientemente de los tiempos y decisiones de la justicia. Se trata, después de todo, de un ciudadano investido de responsabilidades y deberes preeminentes en materia de Derechos Humanos.
Más aún, grave no podemos pasar por alto las manifestaciones de intimidación, amenazas y discriminación dirigidas hacia un ciudadano. En mi caso personal, la simple interrogante que planteé en Twitter acerca del informe policial sobre el caso de violencia de género desató una oleada de respuestas hostiles, homofóbicas, cargadas de odio y así mismo de mensajes amenazantes. Estas respuestas evaden el tema central y desvían la atención de manera alarmante. Es esencial que el personero se mantenga firme en su imparcialidad, sensibilidad y rectitud.
El personero debe ser una referencia de confianza y respeto en la sociedad, trascendiendo más allá de situaciones específicas y abarcando la integridad en todas las circunstancias. Responder a las denuncias y preocupaciones ciudadanas de manera transparente y justa se convierte en una obligación ineludible. Es evidente que cualquier gesto que insinúe represalias, persecuciones legales, actos discriminatorios o el uso indebido del poder, incluyendo el recurso del aparato estatal para la persecución por parte de un agente del estado, socava los fundamentos de los principios democráticos y el sistema universal de los Derechos Humanos. Esto se aplica incluso a casos en los que subalternos indaguen, cuestionen o pregunten, y en respuesta reciban traslados, apertura de procesos disciplinarios u otras medidas derivadas de este derecho dentro de un estado democrático; tales acciones resultan también condenables.
Este escenario evoca un ejemplo que resuena a nivel internacional: el caso de la periodista mexicana Carmen Aristegui. En 2009, Aristegui desató una serie de reportajes que arrojaron luz sobre la corrupción en la administración del presidente Felipe Calderón. En respuesta, el gobierno mexicano la acusó de evasión fiscal y forzó el cierre de su programa de radio. Aristegui llevó su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alegando la violación de sus derechos a la libertad de expresión y asociación. En 2015, la CIDH falló a favor de Aristegui, condenando al Estado mexicano por la vulneración de sus derechos y exigiendo indemnización. El caso Aristegui ejemplifica cómo los funcionarios públicos pueden usar su poder para silenciar a los críticos y subraya la importancia de proteger el derecho a la libertad de expresión.
La jurisprudencia internacional ha reconocido que la persecución de funcionarios públicos a ciudadanos es una forma de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Otro ejemplo, es el caso de Loayza Tamayo v. Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó que la persecución de una periodista por parte de las autoridades peruanas fue una violación de su derecho a la libertad de expresión, su derecho a la integridad personal y su derecho a la protección judicial. La CIDH también determinó que la persecución de la periodista fue una forma de tortura. La jurisprudencia internacional es clara: la persecución de funcionarios públicos a ciudadanos es una violación de los Derechos Humanos.
En conclusión, el episodio protagonizado por el Personero de Cali subraya la esencialidad del papel del Personero en Colombia y la imperiosa necesidad de que quienes ocupen esta posición se guíen por los pilares de justicia, igualdad y salvaguardia de los Derechos Humanos. La confianza que la sociedad deposita en estas figuras cruciales se basa en la integridad y la capacidad para defender los derechos y las voces de todos los ciudadanos sin excepción, e incluso en aquellos que los cuestionan o denuncian, así es la democracia.
