Un nuevo decreto firmado por el Gobierno de Gustavo Petro desató una tormenta política y jurídica en Colombia. La norma, expedida el 9 de julio por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, modifica la competencia exclusiva del Consejo de Estado para conocer las tutelas interpuestas contra el presidente de la República. A partir de ahora, estos recursos pasarán a la justicia ordinaria, específicamente a jueces del circuito o de igual jerarquía.
El decreto señala textualmente: "Las acciones de tutela promovidas contra autoridades del orden nacional que ejerzan funciones en todo el territorio y que no tengan funciones jurisdiccionales serán conocidas por los jueces del circuito o de igual categoría". En otras palabras, se elimina el control directo que tenía el máximo tribunal de lo contencioso administrativo sobre las decisiones del jefe de Estado, lo que ha encendido las alarmas en diversos sectores políticos y jurídicos del país.
Oposición en pie de lucha
Una de las voces más críticas fue la de la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien no dudó en calificar la medida como antidemocrática e ilegal. "Este gobierno odia el equilibrio de poderes propio del Estado de derecho democrático. En vista de que el Consejo de Estado ha tenido fallos firmes contra algunas decisiones del gobierno, el ministro de Justicia pretende quitarle la competencia para conocer tutelas contra acciones del presidente", escribió Valencia en sus redes sociales.
La senadora María Fernanda Cabal también se pronunció en términos similares y anunció acciones legales contra el decreto. "Es un golpe silencioso a la justicia. Es ilegal, inconstitucional y peligrosamente funcional al poder", afirmó Cabal, quien considera que el gobierno de Petro está desmantelando los contrapesos institucionales. "Ya tiene una Corte Constitucional cuestionada, una Fiscalía tomada y ahora desplaza al Consejo de Estado", añadió.
¿Retroceso en el control judicial?
Desde el sector jurídico, varios expertos expresaron su preocupación por lo que consideran una medida que debilita el control institucional sobre las decisiones del Ejecutivo. El abogado Francisco Bernate reconoció que el presidente tiene la facultad para modificar la norma por decreto, pero advirtió sobre sus implicaciones.
"Es inconveniente porque el juez quedaría políticamente expuesto. Lo sabio es que lo hagan las más altas instancias judiciales. Trasladar esa responsabilidad a los jueces de circuito puede fragmentar la jurisprudencia y abrir la puerta a decisiones contradictorias", explicó Bernate.
En la misma línea se pronunció el exministro de Justicia Wilson Ruiz, quien calificó el cambio como un retroceso. "El Consejo de Estado tiene experiencia, conocimiento técnico y jurisprudencia consolidada. Cambiarlo por jueces del circuito debilita ese filtro y abre la puerta a decisiones dispersas, sin unidad de criterio", aseguró.
Un nuevo foco de tensión institucional
El decreto se suma a una serie de tensiones recientes entre el Ejecutivo y las altas cortes judiciales. En varias oportunidades, el Consejo de Estado ha emitido fallos en contra de decisiones del Gobierno Petro, especialmente en materia de contratación pública y designación de altos funcionarios. La modificación en la competencia sobre las tutelas parece ser una respuesta a estos episodios, según sostienen sectores opositores.
Mientras el Gobierno guarda silencio ante la polémica, la controversia ya escala en escenarios judiciales y legislativos. Cabal, Valencia y otros miembros del Congreso han anunciado que demandarán el decreto ante la Corte Constitucional, alegando su inconstitucionalidad y el riesgo que representa para el equilibrio de poderes.
