Desde que asumió nuevamente la Alcaldía de Medellín, Federico Gutiérrez ha visto cómo su popularidad se desploma. Aunque ha invertido grandes sumas de dinero en publicidad para fortalecer su imagen, incluso nombrando como gerente de EPM a uno de los dueños de las encuestadoras que tan bien lo trataban, su gestión ha estado marcada por la controversia, la confrontación política y el abandono de la ciudad.
En primer lugar, Medellín parece una ciudad a la deriva. Cada que ocurre un hecho trágico o de alto impacto, como la fallida captura del extranjero Timothy Livingston, acusado de ingresar con dos menores de edad a un hotel, o la caída de una cabina del metrocable, el alcalde no ha estado presente en la ciudad. Su ausencia en momentos críticos genera la percepción de un líder distante, más enfocado en su imagen política que en la solución de los problemas urgentes de los medellinenses.
A esto se suma su constante enfrentamiento con el Gobierno Nacional. Si bien es natural que existan diferencias entre administraciones locales y nacionales, Fico ha hecho de la confrontación una estrategia permanente, poniendo en riesgo proyectos de gran relevancia para la ciudad. Obras cofinanciadas con la Nación, como la ampliación del metro o el fortalecimiento del sistema de salud pública, han quedado en entredicho debido a la falta de diálogo y cooperación entre ambas partes. Esta postura, lejos de beneficiarlo, lo ha hecho parecer un mandatario más enfocado en pelear con Petro que en gobernar en Medellín
Uno de los puntos más sensibles para la ciudadanía es la seguridad. En 2024, la ciudad registró más de 28.000 hurtos, una cifra alarmante que ha reforzado la percepción de inseguridad. Se han documentado modalidades delictivas extremadamente peligrosas, como el lanzamiento de piedras desde puentes a vehículos en movimiento, lo que ha dejado víctimas mortales. A pesar de las reiteradas promesas de combatir la delincuencia, los habitantes sienten que las calles siguen siendo peligrosas y que no se ha logrado una respuesta efectiva para contener la criminalidad.
El manejo de los recursos públicos también ha generado serios cuestionamientos. La administración ha otorgado contratos directos, sin licitación, por más de $7.000 millones de pesos diarios. Ha vinculado a presuntos feminicidas, pedófilos y microtraficantes, y ha pagado la campaña de sus concejales mediante nombramientos en la Alcaldía. Fico cogió los recursos de Medellín como su caja menor, algo que la ciudadanía no va a aceptar.
La persecución a organizaciones y movimientos sociales ha sido una constante. Vendedores ambulantes, activistas y colectivos como las madres buscadoras de la Comuna 13 han denunciado hostigamientos por parte de la administración. El caso de los murales de la Comuna 13 es emblemático: el gobierno local ordenó borrar expresiones artísticas que rendían homenaje a las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, una revictimización absoluta que deja en claro que para el alcalde el problema no es que hayan desaparecido personas en La Escombrera sino las familias que quieren encontrar a sus seres queridos.
Por último, el tema de UNE ha sido uno de los mayores puntos de quiebre en la relación entre Gutiérrez y la ciudadanía. Durante su campaña, el alcalde aseguró que no vendería la participación del municipio en la empresa de telecomunicaciones. Sin embargo, ya en el poder, ha impulsado su enajenación, lo que ha sido percibido como una traición a sus promesas de campaña. Además del impacto en el patrimonio público de la ciudad, esta decisión podría provocar una masacre laboral en Tigo-UNE, afectando a cientos de familias que dependen de estos empleos.
Fico está haciendo todos los méritos para que le suceda lo que hoy le está pasando, cayendo mes a mes en puntos de favorabilidad. Indudablemente Medellín tiene un alcalde ausente.
