Durante este año se han realizado cuatro sesiones de la Mesa Distrital de Humedales, donde los delegados y activistas ambientales alzaron una voz al unísono para reiterar la solicitud de suspender las obras duras en estos ecosistemas.
Hagamos antes un recuento. Durante la alcaldía de Enrique Peñalosa, se cambió el concepto de recreación pasiva por medio del Decreto 565 de 2017 y se permitió la libre construcción de infraestructura, ciclorrutas, senderos, alamedas, plazoletas, adoquinados y luminarias en los humedales.
Este decreto, que no fue consultado ni socializado por la Secretaría de Ambiente de entonces, amparó los contratos de los humedales Tibabuyes o Juan Amarillo, Jaboque y Córdoba. En distintos grados y según el avance de las obras en cada caso, la afectación a la fauna, flora y suelo es evidente e irreversible. El factor tiempo juega en contra pues los contratos avanzan. Las comunidades y organizaciones han movilizado todos los recursos disponibles para buscar la suspensión.
Una victoria importante se logró en los tribunales al ser declarado nulo el Decreto 565 (Ver http://maferojas.com/index.php/2-uncategorised/511-m%C3%A1s-vida-para-los-humedales-de-bogot%C3%A1). Es un hito relevante porque la decisión judicial dejó sin piso jurídico estos contratos.
Por otra parte, el historial de las obras abrió paso a dos procesos sancionatorios en el humedal Tibabuyes por parte de la actual Secretaría de Ambiente contra la Empresa de Acueducto y un desistimiento tácito de una de las solicitudes de intervención que presentó Acueducto en el humedal Jaboque.
En el marco de una de las sesiones de la Mesa de Humedales, la procuradora IV judicial ambiental y agraria, Alba Rocío Ávila, solicitó a la Secretaría Distrital de Ambiente que se dispusiera la suspensión de las obras.
Durante la más reciente reunión de la Mesa de Humedales, el 1º de septiembre, presidida por la Alcaldesa Claudia López, se establecieron los siguientes compromisos:
1. Una vez el juez responda la solicitud de aclaración se determinará si se suspenden las obras.
2. Existe disposición a estudiar escenarios contractuales.
3. Los procesos sancionatorios a contratistas continuarán.
4. Se tomarán las acciones disciplinarias correspondientes.
5. Se replantearán los diseños de las obras que dejó la pasada administración para que cumplan con la política distrital de humedales.
6. Se implementará la metodología de valoración económica ambiental.
7. Se realizará una estrategia de educación ambiental
La posición que seguiremos manteniendo desde la defensa de los humedales es la necesaria suspensión de las obras, en virtud de la aplicación del principio de precaución. Y vamos a insistir.
Debe haber una revisión de los posibles escenarios contractuales y las alternativas. La solución no vendrá de los jurídicos de la Empresa de Acueducto, que siguen siendo los mismos equipos que promovieron y formularon esos contratos. Tenemos la seguridad de que la alcaldesa analizará todas las posibilidades.
También tenemos una oportunidad importante en la audiencia de pacto de cumplimiento citada para el 24 de septiembre por el juez 26 administrativo, en el marco de una acción popular en la que solicita, entre otras, que se decrete la suspensión de las obras. Asistiré, como una de las partes del proceso, con todos los argumentos técnicos y jurídicos para insistir en esta petición, que es el instrumento efectivo para detener el daño ambiental.
Post Data: una decisión ha pasado inadvertida, pero es un precedente relevante. La Empresa de Acueducto suspendió uno de los contratos del humedal Córdoba, que incluye la intervención de los senderos en el sector 3
