Después de ser aprobado en último debate en el Senado de la República, al proyecto de regalías solo le falta ser conciliado con el texto aprobado en la Cámara de Representantes y la sanción presidencial, para convertirse en Ley de la República. La iniciativa es una promesa de campaña del presidente Iván Duque, quien entendió la frustración ciudadana causada por la centralista Ley 1530 de 2012, promovida por la administración Santos. La nueva norma fortalecerá la descentralización administrativa, la participación ciudadana y el desarrollo sostenible, llevando prosperidad e inversión social para todos los colombianos gracias a los recursos generados por la explotación responsable y solidaria de los recursos naturales no renovables.
Era utópico llegar a un consenso total sobre cada línea del proyecto porque el tema no es menor: las reglas sobre la distribución y administración de los cuantiosos recursos producidos por nuestros hidrocarburos. A pesar de esta dificultad, el Gobierno y el Congreso llegaron a un entendimiento cuya base es el reconocimiento, por un lado, de que en el manejo de esa riqueza de la nación, los municipios y departamentos deben jugar un rol protagónico; y, por otro, que los entes territoriales productores, así como los más pobres, merecen un mejor trato que el proporcionado por el anterior gobierno.
El resultado de esta nueva norma, que continene más de 200 artículos, no puede ser otro que mayor equidad, un compromiso para facilitar la transición que representa el cambio de sistema, y un equilibrado diseño institucional de gestión más democrático y más eficiente.
Equidad. Las asignaciones directas pasarán de 11 a 25 % para productores, y de 11 a 15 % para los más pobres (2,32 % para grupos étnicos). Además, por primera vez se destinará parte del presupuesto para el ambiente y desarrollo sostenible (asignación del 1 %). Se reforzarán la inversión regional (34 %), la ciencia y la tecnología (10 %) y la política de paz (7 %). Los entes territoriales destinarán al menos 5 % para infraestructura, calidad e investigación educativas; y gracias a nuestras proposiciones, las rentas producidas por la explotación de nuestros recursos fósiles también deberán emplearse para avanzar en conectividad a internet y cerrar las brechas digitales buscando que Colombia sea un país más competitivo.
Compromiso. Como una redistribución inevitablemente afecta a algunos poblados, varios Senadores propusimos establecer un régimen de transición o período de adaptación. Defendimos y logramos que se compense a los entes territoriales cuya asignación local resulte inferior al 75 % de la apropiación de los ingresos corrientes asignados en el bienio anterior.
Como mujer del Sinú, es mi deber referirme a mi tierra. La asignación para Córdoba será de 296 mil millones en el bienio y la bolsa regional será de 358 mil millones para 2022. Y gracias al compromiso del 75 %, Montería pasará de 8 mil a 35 mil con esta proposición.
Eficiencia. Bastan dos indicadores. De una parte, pasaremos de 1.057 Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD, 1.025 municipales y 32 departamentales) a 6 OCAD regionales, 1 OCAD Paz y 1 OCAD para Ciencia y Tecnología. De otra, la conformación y funcionamiento de la Comisión Rectora del Sistema General de Regalías y del Departamento Nacional de Planeación prueban que la descentralización administrativa -que implica autonomía- y la consecución de objetivos nacionales -como avanzar en ciencia y tecnología para hacernos más competitivos- no son incompatibles. Con el nuevo arreglo administrativo, en el que el Departamento Nacional de Planeación cumplirá una importante labor de secretaría y articulación, todos tendremos voz y voto sobre nuestras regalías, se evitarán duplicaciones innecesarias y se superará el burocratismo santista que bloquea la toma de decisiones.
Para resolver problemas sociales y traer prosperidad, hay que generar y usar bien la riqueza. Eso es lo que logra esta reforma audaz y vanguardista, que asegura que las regalías d teodos sean para todos.
Encima. Cepeda miente al afirmar que la independencia de los jueces está en peligro porque algunos discrepamos de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia y pedimos respeto por garantías procesales. Como ya es costumbre, quiere confundir y extraviar a la opinión al pedir a la Procuraduría General de la Nación que investigue a 16 congresistas, yo uno de ellos, porque presentamos un derecho de petición Además, recusa infundadamente al Fiscal General de la Nación. ¿Defensor de derechos humanos?
